Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa, Honduras. Al inicio del segundo día de audiencia pública del Caso Vicky Hernández y Otros Vs. Honduras, la abogada Angelita Baeyens, denunció ante los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que la mamá de Vicky Hernández recibió tres llamadas de un agente de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
La madre de Vicky seguía la transmisión de la primera audiencia cuando recibió las llamadas, por lo que no respondió las primeras dos; sin embargo, ante la insistencia decidió responder la tercera. El emisor de la llamada se identificó como agente de la DPI y que se comunicaba para notificarle sobre inconsistencias en la investigación de la muerte de Vicky. En ese momento, la señora pasó el teléfono a la abogada Indira Mendoza de la Red Lésbica Cattrachas que le acompañaba, quien notificó al agente policial que su comunicación en medio del desarrollo de las audiencias calificaba como hostigamiento directo.
Una hora más tarde, otra de las integrantes de la Red Lésbica Cattrachas, organización que ha dado seguimiento legal al caso de Vicky Hernández y acompañamiento a sus familiares, fue abordada verbalmente de forma violenta mientras caminaba hacia su vehículo.
Debido a estos incidentes, la abogada Baeyens solicitó a los jueces de la Corte IDH proveer de forma urgente medidas provisionales a favor de la madre, hermana y sobrinas de Vicky Hernández; así como de las integrantes de la Red Lésbica Cattrachas, para prevenir un daño irremediable a sus vidas e integridad personal.
Por su parte, uno de los representantes de la Procuraduría General de la República, Nelson Molina, admitió que desde la Secretaría de Seguridad se aceptó de forma extraoficial que un agente de la DPI se comunicó con la mamá de Vicky. Molina especuló sobre la posibilidad de que el agente desconociera que estaban en medio de las audiencias públicas y que estarán pendientes de los informes que de manera oficial presente la Secretaría de Seguridad. Además, lamentó el incidente contra la integrante de Cattrachas.
Tras un receso de treinta minutos, la presidenta de la Corte IDH, Elizabeth Odio Benito, informó que los jueces de forma unánime admitían la petición de medidas provisionales y requieren al Estado de Honduras para que adopte inmediatamente todas las medidas adecuadas para proteger efectivamente los derechos a la vida e integridad personal de los familiares de Vicky Hernández; así como las integrantes de la organización Cattrachas, quienes se encuentran litigando el caso.
Procuraduría General admite allanamiento parcial
En el cierre de los alegatos, la abogada de la Red Lésbica Cattrachas Indyra Mendoza señaló que tras once años desde la muerte de Vicky Hernández aún existe el odio, el desprecio y discriminación no solo contra las mujeres trans sino la comunidad LGBTI en general; que a su vez se traduce en violencia letal y no letal que se recrudeció tras el golpe de Estado de 2009.
Mendoza subrayó que el Estado no cuenta con estadísticas y registros certeros sobre muertes violentas de personas LGBTI. Además, afirmó que, de 371 casos de muertes violentas registradas desde junio de 2009 a la fecha, solo 78 fueron judicializados, resultando en 11 sentencias absolutorias y 34 condenatorias.
Asimismo, puntualizó que la práctica de ejecuciones extrajudiciales se volvió común tras el golpe de Estado; exponiendo que esto quedó al descubierto tras la ejecución de dos jóvenes universitarios en 2012 y que fue utilizado posteriormente para la creación de la Ley Especial de para la Depuración Policial. Pese a todo esto, Mendoza planteó que en ningún momento el Estado de Honduras se planteó que la muerte de Vicky fuese una ejecución extrajudicial basada en prejuicio.
Por su parte, los abogados de la Procuraduría General de la República admitieron un allanamiento parcial sobre las acusaciones, específicamente las relacionadas al no cumplimiento de las diligencias de investigación debida en el 2009. Sin embargo, negaron la responsabilidad del Estado en la muerte de Vicky como una ejecución extrajudicial entre la noche del 28 y la madrugada del 29 de junio, aduciendo que no se pudo probar que fuese una acción premeditada, entre otros.
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El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández García, dijo que la Comisión valora la manifestación de allanamiento parcial del Estado porque esta contribuye positivamente a la obtención de justicia para Vicky Hernández. Sin perjuicio de ello, “la Comisión observa que el Estado no ha abordado otras violaciones de Derechos Humanos que fueron caracterizados en el informe de fondo y que han sido aquí presentados por los representantes de las víctimas, como son de manera destacada la falta de debida diligencia incluyendo también las violaciones referidas en la Convención Belém do Pará al derecho de igualdad”.
En relación con la controversia sobre si resulta posible atribuir responsabilidad al Estado por la muerte de Vicky, el presidente de la CIDH recordó que el asesinato de Vicky ocurrió durante un toque de queda, momento en que agentes estatales y patrullas tenían el control de las calles. También rememoró que Honduras ya fue juzgada en una ocasión por indicios de participación estatal que no fueron desvirtuados por investigaciones internas como ocurrió en el caso de Blanca Jeannette Kawas.
Agregó que la violencia generalizada tras el golpe de Estado generó un ambiente propicio para las violaciones de derechos humanos y que, si bien dicha violencia afectó de forma general a la población civil, la misma tuvo un efecto desproporcionado para las mujeres trans, quienes como Vicky podrían encontrarse en las calles.
El presidente de la CIDH insistió que la muerte de Vicky no fue un hecho aislado o fortuito sino producto de la violencia por prejuicio y recalcó que de las quince muertes de mujeres trans en el contexto del golpe de Estado, al menos tres de ellas fueron asesinadas la misma noche que Vicky. Sumado a esto, los testimonios de las amigas de Vicky, quienes relataron tanto a la madre de Vicky como a Claudia Dayanara Spellman Sosa, que esa noche ellas huyeron en diferentes direcciones de agentes policiales. “Dichos testimonios son concluyentes con el contexto antes mencionado constituyendo claros indicios de participación estatal”, declaró Hernández.
Sumado a esto, más de diez años transcurrieron de los hechos y el Estado no diseñó ni impulsó una investigación para esclarecer la participación de agentes estatales, presentando una hipótesis única basada en estereotipos y que no ha tenido ningún resultado, manifestó el presidente de la CIDH.
Finalmente, sostuvo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado no ha logrado desvirtuar los claros indicios de participación estatal enmarcados en un contexto de violencia contra las mujeres trans en Honduras, estando por lo tanto acreditada su responsabilidad por la muerte de la víctima.
