Los poderes que concentra actualmente el presidente de la CSJ no deben ser una herencia para el pleno que se elija a inicios de 2023
Tegucigalpa.- Uno de los principales retos que tendrá el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ejercerá funciones entre 2023 y 2030, será la redacción de una nueva ley de administración del Poder Judicial. Ese tipo de normativa, que no está presente en el marco de leyes de Honduras, garantizaría el debido proceso en el nombramiento y la remoción de cargos dentro de ese poder del Estado.
La presidencia de la CSJ, actualmente ostentada por Rolando Argueta, ejerce una inadmisible concentración de poderes debido a que, ante la ausencia de una apropiada ley de carrera judicial, al titular del Supremo se le otorgan tareas administrativas como la designación y la destitución de jueces, secretarios, escribientes y defensores públicos, entre otras funciones que no deberían corresponderle.
Asimismo, la actual Ley de Carrera Judicial tampoco garantiza el debido proceso y, sobre todo, no divide las facultades administrativas de las judiciales.
«Se necesita una nueva ley de carrera judicial, donde se dicte y se establezca la diferenciación entre la parte jurisdiccional y administrativa, dos funciones que no deben convivir y entremezclarse, para evitar los poderes omnímodos, que lo único que hacen es dañar al sistema judicial», expresó a Criterio.hn el coordinador de los Tribunales de Sentencia del Poder Judicial, Mario Díaz.
UN INTENTO FALLIDO
El 25 de noviembre de 2011, el Congreso de la República aprobó la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, una normativa que derogó la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y que otorgó labores administrativas a un nuevo ente, mismo que inició sus funciones el 6 de septiembre de 2013, y que se encargaba de organizar y dirigir la administración y las finanzas del Poder Judicial.
Sin embargo, la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial fue cuestionada desde su aprobación en el Legislativo, hasta que el 15 de abril de 2016 la Sala de lo Constitucional la declaró inconstitucional. De esa forma, todas las funciones administrativas recayeron en Rolando Argueta, una herencia que le dejará a la nueva persona que ocupe la presidencia, a partir de enero de 2023.
Además de ello, la gestión de quienes estuvieron al frente Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial fue caracterizada por la corrupción. El expresidente de la CSJ, Jorge Rivera Avilés, quien presidió el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial entre 2013 y 2016, fue acusado por delitos de corrupción y encarcelado.
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El 9 de agosto de 2018, el Ministerio Público presentó requerimientos fiscales contra Rivera Avilés y otros cinco exmiembros del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, quienes fueron acusados por más de 600 delitos de malversación de caudales públicos. Los demás imputados fueron Julio César Barahona, Liliam Maldonado, Francisco Quiroz, Celino Aguilera y Teodoro Bonilla. A pesar de ello, el 2 de noviembre de 2021, un juzgado de letras penal en materia de corrupción dictó sobreseimiento definitivo para los seis.
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«Aunque se hizo un intento, este Consejo de la Judicatura se comportó peor que los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia. Persiguió a jueces independientes, colocó a personas de partidos políticos en tribunales y gastó dinero en viáticos y dietas», explicó el investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ), Joaquín Mejía Rivera, a Criterio.hn.
y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ)
El Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial estuvo integrado por representantes del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial (Anfepj) y la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras (Asojmah).
NUEVO PROCESO DE ELECCIÓN DE MAGISTRADOS
El 25 de enero de 2023, las diputadas y los diputados del Congreso Nacional elegirán a las y los 15 profesionales del derecho que ocuparán las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el período 2023-2030, un pleno que tendrá como reto la redacción de una nueva ley de carrera judicial, que fomente una cultura estricta de nombramiento y destitución de jueces, así como de otros funcionarios del Poder Judicial, con una visión de independencia judicial.
A criterio de Álex Navas, exinvestigador de la desaparecida Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), la concentración de poderes que ostenta la presidencia de la CSJ violenta la independencia de los jueces y la autonomía del Poder Judicial.
«Creo que los magistrados y los jueces deben estar en el lugar que les corresponde, como administradores e impartidores de justicia, y no en el nombramiento y la destitución de funcionarios judiciales», mencionó a Criterio.hn.
El sistema judicial de Honduras requiere de reformas, que deben idearse desde el Congreso, pero además de una verdadera voluntad política encaminada a fortalecer un sistema judicial al servicio de la ciudadanía y no a las órdenes de los grupos de poder.
«Se necesitan nuevas leyes porque si continuamos con este andamiaje, que se construyó durante décadas con el propósito de debilitar el Estado y entregarlo a grupos subterráneos de poder, podremos tener nuevas autoridades en la Corte, pero el sistema está destinado a fallar», añadió Navas.
CORTE SUPREMA AUNTÓNOMA E INDEPENDIENTE
Desde la perspectiva de Joaquín Mejía Rivera, la nominación y elección de las magistradas y los magistrados que ejercerán entre 2023 y 2030 juega un papel determinante en el propósito de aspirar a una Corte Suprema de Justicia autónoma e independiente, que además elimine la concentración de poderes que la rodea en la actualidad.
«Las actuales leyes hacen que, debido a esos poderes omnímodos que ostentan el pleno de magistradas y magistrados, los tribunales se llenen de activistas políticos. Me refiero a jueces que cuando llevan un caso de valor, con solo recibir una llamadita de arriba, administran justicia a favor de quienes tienen el poder», expresó.
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A más tardar el 31 de octubre de 2022, la Junta Nominadora de proposición de candidatas y candidatos a las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia recibirá autopostulaciones. Posteriormente, quienes cumplan con los requisitos legales, serán sometidos a entrevistas públicas y matrices de evaluación.
Finalmente, antes del 23 de enero de 2023, la junta de nominadores enviará al Congreso Nacional una lista con no menos de 45 candidatas y candidatos. Los 128 diputados elegirán a los 15 profesionales del derecho que ocuparán las más altas magistraturas del sistema de administración e impartición de justicia. El pleno escogerá un presidente y éste será ratificado por la Junta Directiva del Legislativo.
