El Copinh calificó la acción como “una violación al derecho de acceso a la justicia del Pueblo Lenca”. El integrante del Grupo de Observación Calificada Berta Cáceres, Pedro Landa, coincidió y declaró que la acción “rompe con el principio de máxima publicidad”
Redacción: Marcia Perdomo
Tegucigalpa.- En la etapa de conclusiones del juicio Fraude sobre el Gualcarque, el Poder Judicial irrespeto el principio de publicidad y transparencia al no transmitir la audiencia celebrada en el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción.
La denuncia fue realizada por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) a través de las redes sociales de la organización, pasadas las 11:00 de la mañana este viernes 19 de agosto.
El Copinh calificó la acción como “una violación al derecho de acceso a la justicia del Pueblo Lenca”.
Desde la página del Poder Judicial en Facebook se realizó una publicación que correspondía a la transmisión en vivo con una duración de un minuto con 16 segundos, que muestra el intento fallido de divulgación a través de la plataforma.
Pedro Landa, experto en derechos humanos y ambiental, e integrante del Grupo de Observación Calificada Berta Cáceres -que ha dado seguimiento al juicio Fraude Sobre el Gualcarque y al juicio contra David Castillo por el asesinato de la ambientalista Lenca- comentó que era “raro que el sistema se interrumpa precisamente en las conclusiones, impidiendo el principio de máxima publicidad y el derecho a observar los juicios públicos en Honduras”.
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Criterio.hn contactó a Landa para ahondar en sus observaciones sobre la suspensión de la transmisión en vivo del juicio Fraude sobre el Gualcarque. El experto opinó que desde el Grupo de Observación Calificada Berta Cáceres, han reparado en esta irregularidad en la que además de restringir la veeduría presencial, también se ha interrumpido la observación virtual en varias ocasiones, pese a que en Honduras los juicios son orales y públicos.
Detalló que esta práctica ha sido usada especialmente cuando rinden testimonio “supuestos testigos claves o testigos protegidos”. No obstante, esto “rompe con el principio de máxima publicidad que está inherente en el tema de los juicios orales y públicos”.
Landa detalló que para proteger la identidad de testigos claves existen mecanismos para distorsionar su voz e imagen al momento de la transmisión, como se realiza en otras partes del mundo, “pero no interrumpir las transmisiones como ha sido una de las tendencias claras e intermitentes a lo largo de todo este juicio del Fraude Sobre el Gualcarque”.
Asimismo, opinó que “el sistema judicial en Honduras tiene que avanzar hacia mayores niveles de transparencia y mayores niveles de cumplimiento de los principios de convencionalidad que Honduras ha firmado en materia de acceso a la justicia, a la observación y a la participación ciudadana en esta materia”.
El jueves 4 de agosto rindió testimonio de forma virtual el banquero y empresario, Jacobo Atala, cuyo rostro permaneció oculto la mayor parte de su declaración. Una acción que por el lado técnico jurídico tiene el efecto de que el acusador e interrogador no pueda advertir los gestos del declarante en cuanto a nerviosismo ante una mentira, señaló a Criterio.hn el abogado de la Causa Berta Cáceres, Pedro Mejía, e integrante del bufete Estudios para la Dignidad.
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El caso Fraude sobre el Gualcarque involucra el otorgamiento ilegal de la concesión del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en la comunidad indígena Lenca de Río Blanco. Los imputados son: Roberto David Castillo Mejía, Carolina Lizeth Castillo Argueta, Roberto Aníbal Martínez Lozano, Luis Eduardo Espinoza Mejía, José Mario Carbajal Flores y Raúl Pineda Pineda. El caso está ligado al asesinato de la ambientalista Berta Cáceres en 2016.
