Foto de portada: El desalojo a los pobladores de la comunidad de Tierras del Padre fue abortado tras la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos
Tegucigalpa.- Sectores de la sociedad civil ven como un aliado al gobierno de Xiomara Castro, luego de emprender acciones con la finalidad de neutralizar las determinaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que vulneran los derechos humanos y reflejan el control de élites poderosas.
Como un día funesto contra los derechos humanos, fue calificado el jueves 9 de febrero luego que el Tribunal de Sentencia de la CSJ en el municipio de Tocoa, Colón condenara a seis de los ocho defensores del ambiente de la comunidad de Guapinol, Sumado a lo anterior, el Juzgado de Letras de lo Penal en Tegucigalpa ordenó desalojar a 120 familias que habitan en la comunidad lenca Tierras del Padre, ubicada a 15 kilómetros de la capital.
Asimismo, pese a que la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán detuvo provisionalmente las exhumaciones realizadas por la empresa Aura Minerals en el antiguo cementerio San Andrés, en la comunidad de Azacualpa, municipio de La Unión, Copán, esta compañía continúa violentando la determinación y criminalizando a los miembros de la comunidad.
Ante tales acciones, el Poder Ejecutivo, a través de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha emprendido acciones que contrarresten las arbitrariedades cometidas por el Poder Judicial utilizando la Secretaría de Derechos Humanos para respaldar a las familias de Tierras del Padre.
La titular del ente estatal, Natalie Roque, en cumplimiento a lo establecido en la norma constitutiva de la secretaría en su artículo 87 inciso 5 intervino para evitar que se ejecutara el desalojo, inclusive la propia Policía Nacional evitó el uso de la fuerza como acontecía en el gobierno de Juan Orlando Hernández.
“Con instrucciones de la presidenta Xiomara Castro enviamos acompañamiento y abogados para suspender el desalojo. Acompañamos desde la Secretaría de Derechos Humanos de forma interministerial a pobladores de Tierras del Padre. Los operadores de justicia continúan en poder de la dictadura”, expresó.
Este hecho ha sido considerado como una intromisión de poderes estatales, aunque expertos en materia penal reconocen que el Poder Judicial responde a una estructura de poder que ha beneficiado en implicados en corrupción y sometido a la población.
“Es preocupante porque hay un mensaje en doble vía porque es cierto que los hondureños hemos estado a la merced de un Poder Judicial politizado, corrupto, no hay duda en ello y que con tanta descredito, pero no podemos desconocer que esa es la institucionalidad que tenemos y tenemos que ser respetuosos de los fallos y resoluciones judiciales”, expuso el abogado Oliver Erazo.
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Las determinaciones del Poder Judicial también han sido cuestionadas por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) quienes denuncian que se están fraguando acciones para dejar en libertad a corruptos y protegerse ante un posible juicio político.
Mediante un comunicado, el organismo anticorrupción manifestó su preocupación sobre los recientes hechos que se han reportado por el Poder Judicial sobreseyendo y absolviendo a implicados en casos de corrupción, además advierte que se pretende dejar en libertad a los acusados en el caso de corrupción en la compra de los hospitales móviles que representó un perjuicio económico mayor a los 1,200 millones de lempiras.
“El CNA es de la opinión que mientras en Honduras no se dé un cambio de las autoridades encargadas de impartir justicia, no se puede confiar en que las personas vinculadas con actos de corrupción y narcotráfico paguen en nuestro país”.
Para el reconocido abogado y defensor de derechos humanos, Joaquín Mejía, en el caso de los defensores de la comunidad Guapinol los jueces que los condenaron cometieron el delito de prevaricato al tiempo que afirma que ese poder del Estado “debe ser limpiado de la basura que lo habita”.
Por su parte el director del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Mauricio Díaz, valora que estas situaciones entre poderes del Estado generan desacierto y descontento en la sociedad, aunque reconoce que es necesario el cambio de autoridades en el Poder Judicial
“Alguien podría pensar que se tiene la idea de desacreditar al nuevo Poder Ejecutivo, lo que sí es cierto es que produce en impacto muy desfavorable en términos que la población hondureña percibe en sus poderes del Estado. Por otro lado, no da la tranquilidad necesaria para tener un poco de paz. Es válido pensar entonces que hasta que no haya una nueva Corte Suprema diferentes que en el pasado va a ser difícil equilibrar algunas acciones, esto no significa intervenir un poder desde otro poder”, dijo.
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SECTORES SOCIALES CONSIDERAN “UN ALIADO” AL PODER EJECUTIVO
La presidenta de Honduras, desde su discurso en la toma de posesión, dejó claro su apoyo en defensa de los derechos humanos y ha emprendido acciones para su cumplimiento como nombrar una comitiva liderada por la ministra de derechos humanos para buscar una salida al conflicto en Tierras del Padre.
También, la Constitución le otorga la facultad a Castro, según el artículo 245, inciso 24, de indultar y conmutar penas conforme a la ley, hecho que implementaría a favor de los defensores de Guapinol.
Cabe señalar que Castro indultará a los defensores del ambiente que hayan sido encarcelados durante los doce años de gobierno del Partido Nacional.
“Nosotros vemos al nuevo gobierno como un aliado, la presidenta algunas de sus promesas que hizo es la libertad para presos políticos, el tema de no continuar dando concesiones y no permitir más minería, sin embargo, sabemos que no todo pasa por el Poder Ejecutivo. Las acciones del Poder Judicial para recordarnos que la narcodictadura está en esta institución para seguir violentando a los pueblos. Se trata de pesos y contrapesos”, manifestó Ninoska Alonzo, miembro de la Asamblea Permanente del Poder Popular que aglutina organizaciones ambientales, sociales, feministas, entre otros.
La mayoría de los sectores apuestan por el cambio de los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para evitar que se sigan cometiendo arbitrariedades en contra de la ciudadanía y beneficiando a grupos de poder.
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Tegucigalpa. Sectores de la sociedad civil ven como un aliado al gobierno de Xiomara Castro luego de emprender acciones con la finalidad de neutralizar las determinaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que vulneran los derechos humanos y reflejan el control de élites poderosas.
Como un día funesto contra los derechos humanos, fue calificado el jueves 9 de febrero luego que el Tribunal de Sentencia de la CSJ en el municipio de Tocoa, Colón condenara a seis de los ocho defensores del ambiente de la comunidad de Guapinol, Sumado a lo anterior, el Juzgado de Letras de lo Penal en Tegucigalpa ordenó desalojar a 120 familias que habitan en la comunidad lenca Tierras del Padre, ubicada a 15 kilómetros de la capital.
Asimismo, pese a que la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán detuvo provisionalmente las exhumaciones realizadas por la empresa Aura Minerals en el antiguo cementerio San Andrés, en la comunidad de Azacualpa, municipio de La Unión, Copán, esta compañía continúa violentando la determinación y criminalizando a los miembros de la comunidad.
Ante tales acciones, el Poder Ejecutivo, a través de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha emprendido acciones que contrarresten las arbitrariedades cometidas por el Poder Judicial utilizando la Secretaría de Derechos Humanos para respaldar a las familias de Tierras del Padre.
La titular del ente estatal, Natalie Roque, en cumplimiento a lo establecido en la norma constitutiva de la secretaría en su artículo 87 inciso 5 intervino para evitar que se ejecutara el desalojo, inclusive la propia Policía Nacional evitó el uso de la fuerza como acontecía en el gobierno de Juan Orlando Hernández.
“Con instrucciones de la presidenta Xiomara Castro enviamos acompañamiento y abogados para suspender el desalojo. Acompañamos desde la Secretaría de Derechos Humanos de forma interministerial a pobladores de Tierras del Padre. Los operadores de justicia continúan en poder de la dictadura”, expresó.
Este hecho ha sido considerado como una intromisión de poderes estatales, aunque expertos en materia penal reconocen que el Poder Judicial responde a una estructura de poder que ha beneficiado en implicados en corrupción y sometido a la población.
“Es preocupante porque hay un mensaje en doble vía porque es cierto que los hondureños hemos estado a la merced de un Poder Judicial politizado, corrupto, no hay duda en ello y que con tanto descredito, pero no podemos desconocer que esa es la institucionalidad que tenemos y tenemos que ser respetuosos de los fallos y resoluciones judiciales”, expuso el abogado Oliver Erazo.
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Las determinaciones del Poder Judicial también han sido cuestionadas por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) quienes denuncian que se están fraguando acciones para dejar en libertad a corruptos y protegerse ante un posible juicio político.
Mediante un comunicado, el organismo anticorrupción manifestó su preocupación sobre los recientes hechos que se han reportado por el Poder Judicial sobreseyendo y absolviendo a implicados en casos de corrupción, además advierte que se pretende dejar en libertad a los acusados en el caso de corrupción en la compra de los hospitales móviles que representó un perjuicio económico mayor a los 1,200 millones de lempiras.
“El CNA es de la opinión que mientras en Honduras no se dé un cambio de las autoridades encargadas de impartir justicia, no se puede confiar en que las personas vinculadas con actos de corrupción y narcotráfico paguen en nuestro país”.
Para el reconocido abogado y defensor de derechos humanos, Joaquín Mejía, en el caso de los defensores de la comunidad Guapinol los jueces que los condenaron cometieron el delito de prevaricato al tiempo que afirma que ese poder del Estado “debe ser limpiado de la basura que lo habita”.
Por su parte el director del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Mauricio Díaz, valora que estas situaciones entre poderes del Estado generan desacierto y descontento en la sociedad, aunque reconoce que es necesario el cambio de autoridades en el Poder Judicial
“Alguien podría pensar que se tiene la idea de desacreditar al nuevo Poder Ejecutivo, lo que sí es cierto es que produce en impacto muy desfavorable en términos que la población hondureña percibe en sus poderes del Estado. Por otro lado, no da la tranquilidad necesaria para tener un poco de paz. Es válido pensar entonces que hasta que no haya una nueva Corte Suprema diferentes que en el pasado va a ser difícil equilibrar algunas acciones, esto no significa intervenir un poder desde otro poder”, dijo.
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La presidenta de Honduras, desde su discurso en la toma de posesión, dejó claro su apoyo en defensa de los derechos humanos y ha emprendido acciones para su cumplimiento como nombrar una comitiva liderada por la ministra de derechos humanos para buscar una salida al conflicto en Tierras del Padre.
También, la Constitución le otorga la facultad a Castro, según el artículo 245, inciso 24, de indultar y conmutar penas conforme a la ley, hecho que implementaría a favor de los defensores de Guapinol.
Cabe señalar que Castro indultará a los defensores del ambiente que hayan sido encarcelados durante los doce años de gobierno del Partido Nacional.
“Nosotros vemos al nuevo gobierno como un aliado, la presidenta algunas de sus promesas que hizo es la libertad para presos políticos, el tema de no continuar dando concesiones y no permitir más minería, sin embargo, sabemos que no todo pasa por el Poder Ejecutivo. Las acciones del Poder Judicial para recordarnos que la narcodictadura está en esta institución para seguir violentando a los pueblos. Se trata de pesos y contrapesos”, manifestó Ninoska Alonzo, miembro de la Asamblea Permanente del Poder Popular que aglutina organizaciones ambientales, sociales, feministas, entre otros.
La mayoría de los sectores apuestan por el cambio de los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para evitar que se sigan cometiendo arbitrariedades en contra de la ciudadanía y beneficiando a grupos de poder.
