Tegucigalpa.- Pobladores de Azacualpa en La Unión, Copán, se movilizaron este jueves en la calle que conduce al cementerio de San Andrés para poner un alto a las exhumaciones ilegales que fueron ordenadas por el juez de Letras, Rafael Humberto Rivera Tabora, contraviniendo la resolución de la Corte Suprema de Justicia.
Criterio.hn fue alertado sobre los hechos por el abogado del Bufete Estudios para la Dignidad, Pedro Mejía, quien comentó que, en Azacualpa, el cementerio había amanecido acordonado por miembros de la Policía por órdenes del juez Rivera Tabora. Por lo que la población decidió tomar la calle que conduce al cementerio.
El juez de Letras Rivera Tabora de Santa Rosa de Copán emitió el 12 de diciembre el oficio número 565-2021 en el que solicita la intervención del titular de la Secretaría de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco para que apoye las labores de la Secretaría de Salud en la totalidad de las exhumaciones, traslados y posteriores inhumaciones al nuevo cementerio de Azacualpa.
Esto, dice el juez Tabora, en virtud que no se han podido realizar los «traslados» por la «obstaculización de ciudadanos del lugar, debiendo en consecuencia acordonar el perímetro que da acceso al antiguo cementerio de San Andrés, La Unión, Copán, y brindar la seguridad necesaria durante el proceso de exhumación, traslado e inhumación, por el tiempo que dure dicho traslado, a efecto de dar estricto cumplimiento a la resolución emanada de este Tribunal».
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Azacualpa en La Unión, Copán, es habitado por pobladores de la etnia Maya Chortí y su cementerio fue declarado patrimonio cultural indígena en Cabildo Abierto, además de estar dentro del territorio ancestral de la comunidad indígena.
Asimismo, la Corte Suprema de Justicia en su sentencia de amparo dispuso que, en caso de existir fallas geológicas, las autoridades municipales debían hacer lo necesario para garantizar la integridad del cementerio por ser un mandato popular a través de Cabildo Abierto, informó en una publicación previa el abogado Mejía.
Sin embargo, el juez Rafael Rivera, declaró sin lugar la nulidad argumentando en su resolución que «el cementerio de Azacualpa no constituye patrimonio cultural indígena» de la población Maya Chortí, que «si fuesen los peticionantes indígenas, esto no significa que puedan decidir sobre el cementerio» y que «es de interés público las exhumaciones en el cementerio», según lo compartido por el abogado Mejía con Criterio.hn a inicios de diciembre del año pasado.
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Las exhumaciones en el cementerio de Azacualpa, que tiene más de doscientos años de antigüedad, son promovidas por la alcaldía de La Unión, Copán, y Minerales de Occidente S.A de C.V. (Minosa), esta última una concesionaria de la transnacional canadiense Aurora Minerals, que desde 1998 explota una concesión otorgada por el gobierno hondureño despojando de sus tierras, viviendas y monumentos históricos a los vecinos de diversas comunidades que han sido trasladadas de un lugar a otro.
En noviembre de 2020, la Sala de lo Constitucional de la CSJ ordenó que cesaran las exhumaciones en el cementerio de San Andrés, que la empresa Minosa venía realizando en la comunidad de Azacualpa, municipio de La Unión, Copán. Sin embargo, el juez de Letras de Santa Rosa de Copán, Rafael Humberto Rivera Tabora, desconoce la resolución de la Corte Suprema de Justicia.
