Tegucigalpa. –La farmacéutica internacional, Pfizer, ha aclarado que no le ha pedido al gobierno de Honduras la aprobación de un marco jurídico que declare en reserva toda la información ligada al acuerdo de manufactura y distribución de la vacuna de Pfizer y BioNTech contra COVID-19.
La aclaración de la farmacéutica ha trascendido en las últimas horas y fue remitida a Criterio.hn ante la solicitud de este medio de comunicación que indagó al respecto para conocer la postura de la proveedora de los inoculantes ante la versión gubernamental que asegura que la reserva total de los contratos obedece a una petición de Pfizer.
Pfizer reaccionó ante la aprobación de un decreto de ley por parte del Congreso Nacional de Honduras, que declara información reservada por 10 años, la acordada entre el gobierno y las empresas farmacéuticas fabricantes o proveedoras de las vacunas contra la COVID-19, contenida en los acuerdos y contratos vigentes y que sean suscritos, para la adquisición y suministro.
La aclaración surge porque para aprobar el marco jurídico los funcionarios hondureños argumentaron que era para satisfacer una demanda de Pfizer, que ponía como condición, para seguir negociando, la reserva total del contrato.
“La solicitud viene de la industria farmacéutica Pfizer que pide prácticamente casi la totalidad del contrato, porque lo que no se reserva son apenas dos cláusulas que es información general de la empresa”, dijo el pasado 7 de septiembre la secretaria de Salud Alba Consuelo Flores, al comparecer ante el Congreso Nacional cuando se aprobó el decreto de ley que reserva toda la información referente a los contratos de compra de vacunas contra la COVID-19.
“Ellos nos ponen como condición, para seguir negociando con ellos, la reserva total del contrato”, sostuvo Flores. (Descargue aquí la exposición de Alba Consuelo Flores)
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ACLARACIÓN DE PFIZER
Sin embargo, en su pronunciamiento, Pfizer asegura que se apega a los “más altos estándares éticos y de integridad, respetando siempre las regulaciones y procedimientos de cada país”.
“Bajo esta premisa, queremos informar que en ningún momento Pfizer ha solicitado la emisión de una ley que decrete la confidencialidad del acuerdo de manufactura y distribución de la vacuna de Pfizer y BioNTech contra COVID-19”, dice el pronunciamiento.
Apunta que, si bien ha requerido mantener la confidencialidad de ciertos detalles de sus contratos, ha sido para no perjudicar las negociaciones en curso en todo el mundo, para proteger su derecho a una competencia leal y evitar que terceros tengan acceso a información comercial que podría ser usada de manera deshonesta.
En ese mismo, orden señala que “es importante resaltar que esa confidencialidad no impide ni limita, en modo alguno, el ejercicio de los poderes de fiscalización de los órganos competentes”.
En su posicionamiento la farmacéutica no precisa sobre qué detalles del contrato solicitó la reserva de la información, pero en efecto afirma que pidió cierta reserva, pero para no perjudicar las negociaciones en curso en todo el mundo.
Para la aprobación del decreto de ley, el Congreso Nacional de Honduras argumentó que la reserva o clasificación estatal no es ajena al marco jurídico nacional, puesto que se encuentra regulada tanto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional.
La aprobación del decreto de ley se efectuó sin que el Congreso pudiera precisar cuántos de los 128 diputados votaron a favor y se llevó a cabo con la dispensa de dos debates.
La opacidad en Honduras ha venido a profundizar la corrupción y cobró fuerza a partir del 2014, con la entrada en vigor de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, más conocida como “ley de secretos oficiales” que reserva hasta por 50 años la información pública en 16 instituciones del Estado.
El gobierno de Honduras, que es constantemente señalado por violentar los derechos fundamentales de la población, esgrimió además la aprobación de la reserva de información en un supuesto beneplácito de la resolución 1/2021 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que prevé la reserva de información en el marco de la gestión de la COVID-19, “que se extiende incluso a la reserva de información en los procesos de adquisición de las respectivas vacunas, siempre que para esto exista suficiente justificación”, dice literalmente uno de los considerandos del dictamen de la ley.
