Tegucigalpa.- Diputados del Congreso Nacional aprobaron reformar varios artículos de la Ley de Protección Especial de Funcionarios y Exfuncionarios en Riesgo Extraordinario que permitirá aumentar la lista de funcionarios para otorgarles seguridad pese al rechazo de la población.
En primera instancia, según denuncias de los actuales diputados opositores, se contemplaba derogar la actual ley y establecer una nueva normativa que no solo aumentaría la cantidad de funcionarios y exfuncionarios blindados, además estipulaba un presupuesto de 250 millones de lempiras mediante fondos de la Tasa de Seguridad y del Presupuesto General de la República.
La justificación de los congresistas hondureños es el “riesgo y peligro” que enfrentarían los principales funcionarios y aliados del actual gobierno de Juan Orlando Hernández próximo a salir del poder, inclusive la actual Junta Directiva del Poder Legislativo quedaría blindada.
Según datos de la Secretaría de Seguridad, el año anterior fueron asesinados 3,496 hondureños y 3,305 en lo que va del 2021 representando una tasa de violencia de 39,06 por cada 100 mil habitantes.
Cabe señalar que Honduras cuenta con apenas 152 agentes policiales por cada 100 mil habitantes, en tanto, lo estipulado internacionalmente es al menos de 300 policías, varios de estos han sido señalados de ser parte de estructuras criminales como maras y pandillas.
Nota relacionada Lucha contra la corrupción en Honduras pasa por derogar la Ley de Secretos
DE NUEVA LEY A REFORMAS
Los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 10 y 11 de la Ley de Protección fueron reformados por los diputados incluyendo ahora cuatro categorías de protección a funcionarios de las tres que contemplaba la normativa.
Ahora se adiciona la protección a miembros de la Junta Directiva del Congreso Nacional, guardias de la presidencia, jefes y exjefes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, directores generales y exdirectores de la Policía Nacional y exdirectores de inteligencia.
Pese que se había contemplado un aumento de 250 millones de lempiras para financiar la seguridad de los funcionarios y exfuncionarios a través de fondos de la Tasa de Seguridad y del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de Honduras, se modificó y será del presupuesto anual de las propias instituciones estatales, es decir, que el monto podría ser mayor a los 250 millones distribuidos bajo el nuevo presupuesto de 2022.
Según el diputado Mario Pérez, secretario del Congreso Nacional, la protección se justifica debido al alto riesgo, por ejemplo, de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que aprobó pedidos de extradición y que quedaría sin protección una vez sea reemplazado de su cargo.
Otra reforma contempla que a los presidentes y expresidentes se le otorgará la protección de por vida y los demás beneficiados de la ley gozarán de la protección por el periodo de tiempo que desempeñaron el cargo o aumentarlo cuando se estime conveniente por la Unidad de Especial de Protección creada en 2014.
Nota relacionada Diputados aprueban nueva extensión para exonerarse y entregar informe de gastos de campaña política
UNA NUEVA CLASE PRIVILEGIADA
A criterio de la diputada del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD), Doris Gutiérrez, con la ley se concretaría una nueva clase social privilegiada menoscabando lo establecido en la Constitución de la República de Honduras, en su artículo 60, que reza que en la nación centroamericana no hay clases privilegiadas.
“Se está creando una clase privilegiada protegida por el mismo Estado cuando la población está en riesgo permanente. No es cierto que la violencia ha disminuido notablemente, en este Congreso Nacional tenemos que ser respetuoso de la Constitución y en la Constitución no hay clase privilegiada, todos somos iguales, están engañando a la gente diciendo que no era una ley especial”, reprochó.
Asimismo, la titular del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, reaccionó en contra de las reformas aprobadas que generarán un costo mayor a la población que al final tendrá que financiar los costos que incurran las instituciones estatales en brindar protección.
“El nuevo CN debe derogar ese abusivo decreto de protección para funcionarios que cesen. Hemos pagado con sangre y sudor mantenerlos en el poder, un peso más ya no volverá a sus manos manchadas de corrupción”, recriminó.
De igual manera, el abogado y analista político Raúl Pineda considera la acción de los diputados como un nuevo acto de corrupción y abuso del conservador Partido Nacional por lo que rechaza otorgarles protección y seguridad a poderosos exfuncionarios que pueden pagar por ella.
“El que quiera andar rodeado de guardaespaldas pues que los pague. Ciertamente hay funcionarios que por su nivel merecen tener algún tipo de seguridad y no ese despliegue de fuerzas intimidatorias para el resto de la ciudadanía que abusan como si fueran los dueños de la ciudad, ese tipo de cosas no deben seguir pasando”, cuestionó.
Un comentario
Siempre tratando de brindarse, no les bastó con lo robado sino que quieren seguir robando y desangrando al pueblo, una verdadera vergüenza. No más corrupción ni impunidad.