Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.-Para la Red Lésbica Cattrachas, la vida y muerte de Vicky Hernández ejemplifica la discriminación y violencia sistemática que viven las mujeres trans y las personas LGTBI en Honduras e incluso hasta después de su muerte.
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“El caso de Vicky Hernández […] cubre toda la discriminación y la violencia sistemática que viven las mujeres trans y las personas LGTBI en Honduras”, afirmó a Criterio.hn Nadia Mejía, integrante del equipo legal de Cattrachas. “Toda su vida fue discriminada, no tuvo acceso a la educación, salud, trabajo y fue agredida por agentes de seguridad privada y de seguridad pública, policías nacionales, lo que conllevó a su muerte” y aún después de su asesinato continuó siendo discriminada al negársele la autopsia a su cuerpo, agregó.
Con 26 años, Vicky Hernández fue asesinada durante el toque de queda que siguió al golpe de Estado de 2009, entre la noche del 28 y la madrugada del 29 de junio. Las calles se encontraban bajo el control de agentes estatales y fue vista con vida por última vez cuando intentaba no ser apresada por miembros de las fuerzas públicas a bordo de una patrulla. Actualmente, el Estado de Honduras enfrenta cargos por la supuesta ejecución extrajudicial de Hernández ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Mejía explicó que como representantes legales de las víctimas reafirmaron ante la Corte IDH que lo que ocurrió el 28 de junio de 2009 en el contexto del golpe de Estado y el posterior toque de queda se trató de una ejecución extrajudicial basada en prejuicio. También, ilustraron que Vicky vivió en continua violencia, exclusión social y legal por su identidad de género, algo que continúa afectando tanto a las mujeres trans como a las personas LGTBI en Honduras.
Además de buscar justicia para Vicky y reparación a sus familiares; Cattrachas espera que, a través de este caso, Honduras avance creando un plan de políticas públicas reales y efectivas a través de la creación de una Ley de Identidad de Género No Binario, que proteja y garantice los derechos de las personas trans y no binarias. Así como la eliminación de leyes que discriminan a las personas LGTBI.
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Mejía pormenorizó que, si bien hay un apartado de leyes donde se incluye el principio de la no discriminación y la igualdad, al momento de su aplicación existen otras que discriminan y limitan los derechos de las personas LGTBI, criminalizándolas y provocando que la misma sociedad les discrimine y ocurra violencia letal y no letal. Ejemplos de estos son la Ley del Sistema Penitenciario que no permite visitas conyugales y familiares a las mujeres trans, el reglamento del Registro Nacional de las Personas que no faculta el cambio de nombre, o la Ley de Violencia Doméstica que no recibe denuncias de violencia doméstica lésbica o de mujeres trans.
En relación a la exigencia de justicia, Mejía señaló que la familia tiene derecho a la verdad sobre quién asesinó a Vicky y que si bien ya pasaron once años y mucha de la evidencia fue destruida es importante investigar, identificar y sancionar a los responsables, pues la situación de las mujeres trans en Honduras es muy difícil.
Pendiente de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), al interior de Cattrachas están conscientes que, dentro del engranaje del Estado, existen facciones ligadas al fundamentalismo religioso y que ostentan puestos de poder en el país. “Son personas que están en contra de los derechos o el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI, entonces creemos que podría venir una ola de personas o una ola de comentarios o acciones en contra de la organización, pero estamos preparadas para ello”, comentó Mejía.
Incluso durante el desarrollo de la primera audiencia pública, la mamá de Vicky Hernández recibió tres llamadas por parte de un agente de la Dirección Policial de Investigación (DPI) y una integrante de Cattrachas fue agredida de forma verbal mientras caminaba hacia su vehículo. “Lo que ocurrió el día de la audiencia con la llamada que recibió la mamá de Vicky, era algo que no tenía que haber ocurrido porque incluso el mismo reglamento de la Corte Interamericana determina que el Estado ya no se puede poner en comunicación con la familia en estas instancias”, puntualizó.
Debido a estas acciones, la Corte IDH determinó de forma unánime conceder medidas provisionales; así como requerir del Estado de Honduras que adopte inmediatamente todas las medidas adecuadas para proteger efectivamente los derechos a la vida e integridad personal de los familiares de Vicky Hernández, así como las integrantes de la organización Cattrachas, quienes están litigando el caso.
PATRONES DE VIOLENCIA CONTRA LA COMUNIDAD LGTBI DE 2009 A LA ACTUALIDAD
Desde el Observatorio de Muertes Violentas de LGTBI, la Red Lésbica Cattrachas se estudia y analiza los patrones y contextos en que ocurren las muertes violentas del colectivo. Nadia expone que—después del asesinato de las quince mujeres trans en el contexto del golpe de Estado, entre las que está incluida Vicky— los modelos de muertes violentas contra esta comunidad cambiaron.
Antes del 2009, los patrones indicaban que los principales agresores eran policías y militares, sin embargo, su accionar durante el golpe de Estado contra la comunidad LGTBI legitimó y provocó que otras personas agredieran y asesinaran con la misma impunidad. Actualmente, el patrón de asesinatos de mujeres trans por agentes de las fuerzas públicas ha cambiado y se ha visto diferente durante este nuevo toque de queda ocasionado por la pandemia, explicó Mejía.
Sin embargo, la integrante del equipo legal de Cattrachas manifestó a Criterio.hn que “preocupa la reacción que tenga la fuerza pública” en un contexto de venganza debido a la beligerancia que mostraron en los alegatos finales e interrogatorios sobre la participación directa de la policía y otros agentes en la violencia letal y no letal dirigida a las mujeres trans y otras personas LGTBI por lo que han solicitado apoyo y veeduría de otros organismos internacionales.
De acuerdo con el observatorio de la Red Lésbica Cattrachas, del 2009 hasta octubre de 2020, 372 personas LGTBI fueron asesinadas en Honduras de forma violenta. El pasado sábado 8 de noviembre, se reportó el asesinato de Mía Zabala, una mujer transgénero voluntaria de la asociación de personas LGTBI Horus en la localidad de Playa Grande en Amapala, departamento de Valle.
Tras dos días de la audiencia pública, en la que participaron representantes de la Procuraduría General de la República (PGR), la familia de la víctima a través de la Red Lésbica Cattrachas y la organización Robert F. Kennedy Human Rights, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que el Estado de Honduras no logró desvirtuar los indicios de participación estatal enmarcados en un contexto de violencia contra las mujeres trans. Ahora queda pendiente la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que podría emitir su resolución final dentro de los próximos seis meses.
