Tegucigalpa. – Los efectos de la pandemia y de los huracanes Eta y Iota han sido devastadores para muchos hogares hondureños, especialmente para aquellos microempresarios que a raíz de estos eventos se han visto obligados a cerrar sus pequeños emprendimientos y otros que perdieron sus fuentes de empleo.
Uno de esos casos es el de Nidia Torres, una exempleada de una microempresa, ubicada en la colonia La Travesía, lugar en el que ella reside, en Tegucigalpa. Nidia se dedicaba a la venta y distribución de tortillas en la zona, luego de haber laborado tres años en la pequeña empresa de la que fue despedida en marzo de 2020, al comienzo de la emergencia sanitaria por la COVID-19. Ella cuenta que su jefe le notificó que ya no podía seguir pagándole su salario, porque su empresa estaba generando muy pocos ingresos.
Nidia es madre de tres niños, con edades que oscilan entre los cinco y diez años, los que ha sostenido junto a su esposo, quien se dedica a la fabricación de balcones, actividad con la que limitadamente ha logrado ser el sostén universal del hogar.
A raíz de los problemas económicos por los que atraviesa su hogar, a finales de 2020, decidió montar su propio negocio en las afueras de su casa, donde instaló una venta de golosinas. Este emprendimiento no obtuvo el éxito que buscaba, pero Nidia no se dio por vencida y comenzó a vender ropa usada, importada de Estados Unidos, con lo que le va mejor.
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La historia de Nidia dista de los anuncios que el gobierno ha hecho en los últimos meses con mensajes positivos sobre un exitoso programa de apoyo a los pequeños y medianos empresarios y que surgió con la aprobación de la Ley de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa. Este proyecto gubernamental prometió impulsar la micro y pequeña empresa.
Nidia comentó que cuando su negocio estaba creciendo llegaron las “guías de familia” (activistas del Partido Nacional) de su colonia, ofreciéndole apoyo por parte del gobierno para impulsar su negocio a través del referido proyecto.
“No sé en qué consiste ese programa o ley, pero anotaron mis datos y no supe más, les estuve llamando y nunca me respondieron, me dijeron que me podían financiar, pero es mentira, yo a esa gente del gobierno no le creo nada”, expresó la comerciante.
Doña Martha Castillo, quien tiene un puesto de verduras, unas cuadras abajo del negocio de Nidia, contó que debido a la pandemia su esposo, don Carlos Hernández, migró en una caravana con rumbo a Estados Unidos. Exitosamente don Carlos logró cruzar la frontera y hoy está en la nación del norte, contó Martha con satisfacción y con la esperanza que la vida le cambiará.
“Tengo cinco hijos, ninguno de ellos trabaja. Nuestro negocito es el único sustento y no daba para más, es por eso que mi esposo, en su desesperación, tomó la decisión de irse, la verdad fue lo mejor, porque gracias a eso hemos logrado fortalecer este negocio, aunque no es mucho, pero nos sirve para sobrevivir”, dijo, doña Martha.
La vendedora de verduras contó a Criterio.hn que lleva varios años al frente del puesto de verduras, pero que nunca ha recibido ningún apoyo o ayuda del gobierno, “solo con nuestro esfuerzo hemos podido salir adelante”, comentó.
Casos como el de Nidia y doña Martha se repiten en todo Honduras, pese a que el Congreso Nacional aprobó en noviembre de 2018 el decreto 145-2018, que contempla la Ley de Apoyo a la Micro y Pequeñas Empresas, con el objetivo de impulsar a la micro y pequeña empresa por medio de incentivos que promuevan el crecimiento económico, a través de la generación de nuevas oportunidades de empleo.
La referida ley exonera a las empresas de pago de impuestos y tasas, en las que se incluye el Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Activo Neto y Aportación Solidaria Temporal por un período de cinco años; las tasas no tributarias, sobre tasas y derechos, los permisos de operación, construcción, autorizaciones, licencias ambientales y las tasas por servicios brindados por las municipalidades.
La normativa creó la plataforma “miempresaenlinea.org” que tiene como objetivo facilitar la creación de empresas que operan de manera informal en Honduras, a través de un procedimiento simplificado.
De manera simultánea la ley aprobó el otorgamiento de 13 mil millones de lempiras para el sector de la micro y pequeña economía, a través de la modificación de la Ley de Apoyo Financiero para los sectores productivos de Honduras, otorgando el 40 % de este presupuesto para créditos para los microempresarios y sectores productivos, sin embargo, los emprendedores dicen no saber a quiénes favorece el gobierno con esta ley porque ellos no reciben ningún apoyo, mucho menos saben en qué se han invertido esos millonarios fondos.
Días atrás el dirigente de los microempresarios en la zona norte de Honduras, Efraín Rodríguez, denunció que muchas alcaldías no están respetando la ley, porque están haciendo cobros para entregar los permisos de operación.
Lamentamos que se estén dando estas situaciones porque es un esfuerzo de los microempresarios de querer constituirse como empresas formales y mejorar sus procesos de crecimiento empresarial, expuso Rodríguez.
Doña Elvira Gómez, otra emprendedora consultada por Criterio.hn explicó que ella presentó todos los requisitos para obtener un crédito que le ayudaría a fortalecer su negocio, pero no sé lo aprobaron, “es mentira eso de que nos quieren apoyar, yo fui tres días a las cinco de la mañana a BANPROVIH, porque las filas ahí son eternas, solo para que me dijeran que no, ni explicación me dieron, solo me negaron el préstamo”.
Doña Elvira tiene una panadería, cuenta con el apoyo de cinco empleados y, pese a la adversidad con la que se enfrenta a diario, ha logrado mantener su empresa y a sus cinco trabajadores.
Para el economista del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo Económico de Honduras (Fosdeh), Ismael Zepeda, es casi imposible que la ley experimentara un efecto positivo sobre todo para contrarrestar los efectos de la pandemia y de los huracanes Eta y Iota.
Otra problemática que enfrentan los pequeños empresarios o emprendedores es que nadie vela por el cumplimiento de la ley “no hay seguimiento”, apuntó el economista, quien considera que es razonable escuchar tantas denuncias.
El Servicio de Administración de Rentas (SAR) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANPROVIH) son los encargados de velar por el cumplimiento de esta ley, aunque los ciudadanos no siempre encuentran respuesta.
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De acuerdo con el Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (Senprende), desde el 2018 que entró en vigencia la ley, 10 mil 094 empresas mercantiles y 498 del sector social de la economía se han legalizado haciendo uso de la plataforma Mi Empresa en Línea.
Según el “Análisis de resiliencia empresarial COVID-19 “del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), más de un 80 % de las empresas han disminuido sus ventas.
El análisis precisa que la situación se profundiza más en la micro y pequeña empresa, ya que solo el 14 % ha logrado mantener o aumentar sus ventas, provocando que un 15 % de los empleados sigan suspendidos o hayan sido despedidos.
