El sistema presidencialista, a lo largo de diferentes administraciones, ha manipulado y cooptado a las autoridades del Ministerio Público para que estas se limiten en procesos de investigación y hasta “engaveten” casos, promoviendo de esta forma la impunidad y negando justicia al pueblo hondureño.
En una entrevista con Criterio.hn, el expresidente Porfirio Lobo Sosa confesó cómo desde el Poder Ejecutivo se interfiere en las acciones del Ministerio Público a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, al justificar la impunidad en la “estabilidad”.
Tegucigalpa. – El Ministerio Público (MP) posee la independencia y monopolio de la persecución penal en Honduras. No obstante, cada cinco años, políticos y elites económicas disputan quién llevará las riendas de la institución y así disponer de un “aliado” político que intervenga, en favor o en contra, de casos judiciales que toquen sus intereses.
El último ejemplo del atractivo existente en esta elección de segundo grado es la fracasada escogencia del fiscal general y fiscal general adjunto –debió elegirse el 1 de septiembre– que lleva ya siete días de retraso y sin ningún viso de consensos entre las y los diputados del Congreso Nacional, encabezado por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Partido Nacional y Partido Liberal, conocido como el tripartidismo.
No por nada la presidenta Xiomara Castro, movilizó a las bases del Partido Libre y hasta empleados públicos a las calles a exigir la elección del fiscal general y fiscal general adjunto, y es que el sistema presidencialista ha manipulado y cooptado a las autoridades del MP para que estas se limiten en procesos de investigación y hasta se “engaveten” casos.
En elecciones anteriores, cuando el bipartidismo [Partido Nacional y Partido Liberal] era la realidad política, el partido en gobierno imponía a su fiscal general y permitía que el segundo partido tuviera la fiscalía general adjunta.
Esta dinámica de cooptación de las autoridades del Ministerio Público quedó evidenciada en 2008, cuando un grupo de fiscales decidieron realizar una huelga de hambre para denunciar el “engavetamiento” de casos por parte del fiscal general, Leonidas Rosa Bautista (Partido Nacional), y fiscal general adjunto, Omar Cerna (Partido Liberal).
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Las confesiones del expresidente Porfirio Lobo Sosa
En entrevista con Criterio.hn, el expresidente Porfirio “Pepe” Lobo Sosa reveló dos instancias en las que dos fiscales generales, Luis Alberto Rubí Ávila y Óscar Fernando Chinchilla pidieron su opinión con relación a casos que involucraban a partidos políticos.
El primero fue Luis Alberto Rubí (Liberal), quien de cara a las elecciones generales de 2013 le consultó qué hacer con respecto a un caso que involucraba a un partido político, que Lobo afirma no era nadie del Partido Nacional sino de otro, sin revelar cuál. A lo largo de la entrevista, Lobo sostuvo que la “estabilidad debe primar” y que esto no implica impunidad.
“Cuando yo era presidente, por ejemplo, estábamos a poco tiempo de las elecciones generales, un año y más algo, y ocupábamos llegar a ese proceso, me acuerdo de que el fiscal Rubí me dijo: ‘mire presidente ahí tengo un caso, ¿qué piensa usted?’. Le digo: ‘Mire, mejor dejemos eso para después porque no vale la pena generar un problema nacional cuando estamos cerca de un periodo electoral”, dice Lobo que respondió.
Para Lobo este tipo de “consulta” no es impunidad sino “respetar la estabilidad” del país y se realiza a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, en donde “se debaten los temas y lógicamente, aquellos que van a provocar en un tipo de dificultad para Honduras pues entonces se busca cómo se maneja, verdad. Él [fiscal general] no lo hace así no más, sino que él lo consulta”.
Siendo presidente del Congreso Nacional, en 2011, Juan Orlando Hernández, constituyó el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, una instancia que le confiere poderes de supremacía al presidente de la república sobre el Ministerio Público y los poderes Legislativo y Judicial. La ley, que rige a esta entidad, se intentó reformar el año pasado, pero no logró el consenso de las diferentes bancadas.
En la entrevista el exgobernante ahondó: “¿Cómo cree usted que le van a meter un requerimiento al candidato del Partido Nacional, por ejemplo, en este caso, en periodo electoral, en plena campaña? Tiene que haber sido con el acuerdo de él [Juan Orlando Hernández a Nasry Asfura]. Un fiscal no va a hacer las cosas así no más, siempre se trata de respetar la estabilidad. Eso no es impunidad”.
Aunque no especificó el caso, Lobo se refirió al proceso judicial que comenzó, en octubre de 2020, en el Ministerio Público contra el excandidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, quien fue requerido por los delitos de lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude, uso de documentos falsos y violación a los deberes de los funcionarios en perjuicio de la economía, la ley y la administración del Estado de Honduras.
Finalmente, en junio de 2021, Asfura logró evadir la justicia luego que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró ‘ha lugar’ el recurso de apelación presentado por su defensa.
Lobo sostiene que, para no afectar a unos u otros, se le indica al fiscal general: “mire, mejor espérese un poco. A ver qué pasa. Ya por lo menos guardar prudencia, pues. No digo que no se haga. Sí, hay que hacerlo, pero hacerlo en ciertos momentos, aunque la ley existe, que es dura, y todo lo demás, pero hay cosas que no se deben de hacer”.
Rubí fue sustituido como fiscal general por Óscar Fernando Chinchilla Banegas, quien conoció el mega caso de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) que ligaba directamente al financiamiento del Partido Nacional de cara al proceso electoral de 2013, pero en lugar de sacarlo a la luz pública lo contó al presidente Lobo Sosa, quien afirma que le dijo a Chinchilla que continuara con la investigación.
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“Hay dos formas de operar: como lo hacíamos nosotros y como hizo Juan Orlando. ¿Me di cuenta lo del Seguro? Sí me di cuenta. El fiscal Chinchilla llegó a mi casa y me dijo: mire presidente, en ese tema del Seguro hay problemas profundos. Yo le dije: mire, abogado, usted siga su investigación y no importa quién diablos caiga y deduzca la responsabilidad. Eso fue en 2012 o 2013”, expuso Lobo Sosa a Criterio.hn.
El expresidente Lobo Sosa de su propia boca expone dos situaciones, que según él involucraban a dos partidos políticos diferentes que exponen la sumisión y dependencia de la figura del fiscal general del Ministerio Público ante el mandatario de la república de turno.
Aunque Lobo aseguró que en el caso de Rubí se trataba de otro partido político, es difícil creer que Juan Orlando Hernández, ya siendo presidente no habría utilizado un escándalo de corrupción de otro partido político como cortina de humo ante el escándalo que se cernió sobre su primera administración.
Curiosamente, en 2014, luego de las elecciones de 2013, cuando conquistó el poder en un primer mandato Juan Orlando Hernández, Lobo confesó a medios de comunicación que había conocido sobre el desfalco al Seguro Social, pero no lo ventiló públicamente por temor a que su partido perdiera las elecciones. Años después, Lobo dijo que lo manifestado en aquel momento había sido broma.
Los fiscales deben defender su independencia: Víctor Fernández
El exfiscal del Ministerio Público y uno de los procuradores de justicia que lideraron la huelga de 2008, Víctor Fernández, manifestó a Criterio.hn que “los fiscales –desde el fiscal general hasta los fiscales de base— son independientes, y pueden y deben defender su independencia”.
Admite que, si bien existen condiciones que limitan y pretenden controlarles a las y los fiscales, “también es cierto que son dependientes, o no son independientes, porque tienen una especie de conformismo para aceptar las formas en que son limitados en cuanto a su independencia”.
Ante la idea de que un fiscal tiene impedimentos para defender su independencia, Fernández señaló que el fiscal Luis Javier Santos, quien actualmente lidera la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), es el mejor ejemplo sobre cómo un fiscal actúa con independencia.
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Estando asignado a la Fiscalía de San Pedro Sula, Santos “terminaba los requerimientos, se los ponía al fiscal general y decía: ‘en el término de tres días voy a presentar el requerimiento fiscal sino tengo una instrucción que me lo revierta o que lo desautorice’. Ninguna autoridad manda una nota desautorizando que presenten una acusación porque eso implica generar responsabilidad”.
Sobre cómo funciona el llamado “engavetamiento” de casos, Fernández reveló que “en el mejor de los supuestos son aquellos casos en los que los fiscales de base o el Ministerio Público desarrolla un proceso investigativo, lo termina, tiene listo el requerimiento y por influencia de otros actores —el Ejecutivo en algunas ocasiones — pues el caso no sigue su curso, lo engavetan, lo meten en la gaveta”.
Fernández recordó que la huelga de 2008 inició justamente por ese tipo de acciones. “Le dimos seguimiento a alrededor de 50 casos que había una decisión implícita y explicita de que no avanzaran”.
El abogado, que ahora coordina el Bufete Estudios para la Dignidad, señaló que los y la fiscal, involucrados, monitorearon, impulsaron y demostraron que efectivamente el fiscal general los tenía controlados, “pero no porque haya una resolución expresa que diga no acusen. Funciona en una lógica criminal, funciona en una lógica que procura encubrir”.
Pugna tripartidista genera mayor impunidad: Kenia Paz
La exfiscal y abogada del Equipo Jurídico por los Derechos Humanos, Kenia Paz, refirió que la pugna tripartidista entre los Partidos Libertad y Refundación, Nacional y Liberal, es una actuación de “insensatez sobresaliente” y que “con esta defensa de sus intereses particulares, de cúpula y de partido político le están haciendo un gran daño al país, al sistema judicial y sobre todo, creando más impunidad”.
Paz apuntó que con esta situación en la que se continua sin elegir un fiscal general y fiscal general adjunto, únicamente se está logrando mantener los niveles de impunidad para proteger a muchos diputados y diputadas, que están señalados por actos de corrupción y otro tipo de conductas reprochables.
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Al igual que Fernández, la abogada sostuvo que el Ministerio Público “es un ente independiente, autónomo funcionalmente, administrativamente y en ese sentido no debe tener injerencia por parte de ninguno de los poderes del Estado ni del Legislativo ni del Ejecutivo y mucho menos del Judicial”.
Sobre la intervención del Poder Ejecutivo en decisiones de casos investigados por el Ministerio Público, Paz sostuvo que “sólo le dice de que hemos tenido algunos fiscales generales y fiscales generales adjuntos que siguen siendo políticos, que siguen siendo miembros de partidos políticos que están ahí para seguir órdenes de quienes están liderando estos partidos políticos y con esta conducta lo único que hacen es obviamente hacer del Estado de Honduras un Estado más miserable, un Estado donde no se pueda garantizar el estado de derecho y con esto digo también de que no hay un cumplimiento a la ley”.
Concluyó que si el Ministerio Público, institución que “ostenta el monopolio de la acción penal pública” no ejecuta el derecho de acción, “lo único que tenemos es impunidad y por lo tanto tenemos más violencia, más delincuencia en todos los niveles, y una corrupción que soslaya la dignidad del pueblo hondureño”.
