Tegucigalpa. – En los últimos días, hemos presenciado un extraño fenómeno que años atrás no mostraba luces de ser posible, las Fuerzas Armadas y el Partido Nacional pidieron perdón al pueblo hondureño por delitos a los que llaman “errores del pasado”, pero, ¿Es suficiente pedir perdón cuando el daño está más que consumado?, ¿Es esta una forma de pedir perdón o buscar la impunidad?
La incógnita es, si el ente político y el militar buscar reivindicarse o evadir la justicia, y si el perdón hubiera sido parte de sus discursos si los privilegios de los últimos 12 años en el poder continuaran.
El 25 de febrero las FF.AA., ejecutores de persecución ciudadana luego del golpe de Estado a Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009, entregaron el bastón de mando de la institución castrense a la presidenta Xiomara Castro.
En su discurso, el jefe del Estado Mayor Conjunto, José Jorge Fortín, se dirigió al pueblo hondureño y señaló que, con toda sinceridad, pedía “perdón a cada ciudadano por los errores que nuestras Fuerzas Armadas han cometido en años pasados”.
“Perdón pueblo hondureño, sé que somos una institución al servicio del pueblo y como toda institución cometemos errores”, reconoció Fortín, sin especificar esos “errores”, luego de reconocer a Castro como su comandante general y manifestarle su compromiso y la disposición de los 20 mil efectivos militares.
Seguidamente, el 27 de febrero de 2022, el presidente del Partido Nacional, David Chávez Madison, brindó un discurso para conmemorar los 120 años de la fundación de su partido y también pidió disculpas por las malas gestiones de las que fue parte, durante el gobierno del expresidente en proceso de extradición Juan Orlando Hernández.
Entre los “errores” que según Chávez y una parte del Partido Nacional les pasaron factura, mencionó la aprobación de las lesivas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y el hurto al Estado de Honduras con la excusa de la compra de los hospitales móviles adquiridos en marzo de 2020, con los cuales decían mitigarían la Covid-19.
Además, el excandidato a alcalde por el Distrito Central, para tratar de acoplarse a las iniciativas de Congreso actual y las promesas de gobierno de Castro, dijo que apoyarían la derogación de la Ley de Secretos.
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NO BASTA CON PEDIR PERDÓN
Ante este contexto donde los llamados “errores” están relacionados al abuso de poder, violación a los derechos humanos, las leyes y la Constitución de la República, Criterio.hn conversó con el analista e historiador, Edgar Soriano, quien dijo que una sociedad medianamente democrática aspira a que las instituciones del Estado funcionen para garantizar la justicia.
Por tal razón, Soriano destaca que no basta con pedir perdón, pues son los mecanismos judiciales los que deben funcionar y castigar a quienes irrespetaron no una vez, sino contantemente las leyes y cometieron delitos.
El perdón existe en distintos mecanismos institucionales, pero esto lo asume el Estado una vez que se haya llevado a cabo un juicio.
“No se puede pedir perdón sin pasar por un juicio antes, esto se da hasta que la persona ya está juzgada”, remarcó Soriano.
El analista señaló que esto podría compararse al indulto, pero este se da cuando habrá una Asamblea Nacional Constituyente, pero cada señalado debe presentarse ante los tribunales de justicia porque el Estado está obligado a proceder.
Es un tema coyuntural, porque la gente quiere ver justicia, pero resulta incierto lo que pueda pasar en caso que el partido Libre se desgaste, pues los discursos y la narrativa dependen mucho de la política y está es cambiante.
“Esto es más político que sincero, buscan encajar en la nueva dinámica”, destacó, pues en años anteriores los entes que piden perdón justificaban y defendían a capa y espada lo que ahora llaman “errores”.
Soriano dice que la nueva institucionalidad no podrá cambiar todo, pero se ha fundado en un nuevo discurso a los que muchos buscarán adaptarse. Quizá una de las estrategias sea mostrarse más flexibles y abiertos, luego del discurso premilitar y la imposición del “juan orlandismo”.
Argumentó que hay varios dirigentes sobre todo del Partido Nacional involucrados en corrupción y los militares están preocupados porque haya en el futuro un proceso sobre la violación a los derechos humanos.
“Al perder las elecciones ellos saben que queda un partido mal parado, involucrado en corrupción, narcotráfico, mal manejo de las instituciones, inoperancia y negligencia, por lo que buscan verse flexibles y aceptar un poco de lo que siempre negaron”, razonó Soriano.
El pueblo espera que en diciembre de este 2022 se elija una nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) más seria, digna y responsable y que el Ministerio Público ejerza su papel en favor de la justicia en base a la ley y sus procedimientos.
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¿QUÉ PASARÁ CON EL PARTIDO NACIONAL Y LAS FUERZAS ARMADAS?
En su análisis y haciendo uso de la perspectiva histórica, Edgar Soriano señaló que el Partido Nacional probablemente se divida y de esta surjan nuevas fuerzas políticas de derecha, pues actualmente es evidente que está fraccionada y la percepción del pueblo hacía ellos está muy dañada.
“Revertir los daños es tan complicado que lo más seguro es que deban buscar nuevos rostros y crear nuevas fuerzas políticas”, además, fue más allá y apuntó que Estados Unidos presionará para que en las próximas elecciones exista la segunda vuelta para neutralizar un proyecto político más progresista.
Los conflictos internos siempre estuvieron presentes, pero al estar en el poder llegaban a acuerdos, sin embargo, eso no detuvo el decaimiento del Partido Nacional.
En cuanto a las Fuerzas Armadas, Soriano apuntó que estás no podrían suprimirse porque es un poder corporativo y fáctico muy fuerte, con vínculos a intereses regionales de la hegemonía estadounidense, en su lugar, el gobierno debe sanearla, transformarla y hacer fuertes negociaciones porque el ente militar has sido entrenado por Estados Unidos, convirtiendo en un reto disminuir el poder de injerencia de las FFAA en temas políticos.
Cabe recordar que, Honduras fue catalogada por el gobierno de Estados Unidos y la Corte del Distrito Sur de New York como narcoestado, por el involucramiento de autoridades civiles y militares en el transporte de cocaína hacia Estados Unidos. Actualmente el expresidente del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández enfrenta un proceso de extradición por tres delitos relacionados al narcotráfico que le imputa la justicia estadounidense.
En su discurso de plan de refundación de Honduras, la presidenta Xiomara Castro ha prometido la lucha frontal contra la corrupción y el narcotráfico.
