Tegucigalpa. –El Consejo Nacional Electoral (CNE), un órgano colegiado e integrado por las tres principales fuerzas políticas en Honduras, ha evidenciado un fraccionamiento en las últimas horas ante la falta de aprobación del presupuesto que garantice transparencia en los resultados de las elecciones generales previstas para el 28 de noviembre próximo.
El CNE, integrado por representantes de los partidos Nacional, Liberal y Libertad y Refundación (Libre), gracias a un arreglo político que surtió efecto en el Congreso Nacional en septiembre de 2019, se encuentra hoy dividido en dos posturas.
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Las consejeras Rixi Moncada y Ana Paola Hall, de los partidos Libre y Liberal, respectivamente, pujan porque el Congreso Nacional apruebe un presupuesto de 1,661.9 millones de lempiras para desarrollar el cronograma electoral y cumplir con la Ley Electoral de Honduras vigente a partir del 26 de mayo de 2021.
La Ley Electoral establece la verificación de la huella dactilar de los votantes en cada una de las 18,396 juntas receptoras de votos y adjudicar el sistema de transmisión y divulgación de los resultados preliminares el 27 de julio próximo, es decir, que solo quedan 13 días para este el plazo venza.
Para la consejera, Rixi Moncada, sobre las elecciones hay una crisis planteada, un cronograma obstruido y paralizado, porque los 13 días que quedan son insuficientes para montar un proceso de contratación de servicios de manera transparente porque implica la publicación de términos de referencia, recepción de ofertas, entre otros pasos.
Moncada y Hall exigen, además del presupuesto, la aprobación de una ley especial para habilitar las compras y contrataciones de equipo, materiales y servicios.
Pese a la premura y a la necesidad de fondos el consejero Kelvin Aguirre, del oficialista Partido Nacional, asegura que el presupuesto con el que cuenta la institución es suficiente y que el desarrollo de las elecciones no está en peligro.
Las Elecciones Generales no están en peligro
Con la disposición presupuestaria que cuenta el CNE se ha desarrollado con éxito el cronograma electoral hasta la fecha. Seguiré abanderando la construcción de un sistema de transmisión que garantice la transparencia el 28 de Noviembre pic.twitter.com/yqLgrslwNe— Kelvin Aguirre (@KelvinAguirre18) July 14, 2021
En el pasado reciente la bancada del Partido Nacional dilató por casi un año la aprobación de la nueva Ley Electoral, que dejó a un lado la segunda vuelta electoral y el voto electrónico, dos mecanismos que daban mayor seguridad y transparencia al proceso.
Para la aprobación del presupuesto se requiere de la simple mayoría de los votos, es decir, 65 diputados, pero la oposición solo alcanza 60 votos, 30 de Libre, 26 liberales y cuatro del PINU-SD.
Las pugnas entre los consejeros del ente electoral se evidencian además en las posturas de las cúpulas de los partidos involucradas. Para el caso los diputados del Partido Nacional se han cerrado en que se siga operando con el mismo presupuesto y que se haga uso de la misma tecnología que se utilizó en las elecciones de 2017.
Los nacionalistas argumentan su postura en que el uso de la tecnología que plantea la nueva Ley Electoral no es factible porque no hay conectividad a internet ni energía eléctrica en todo el territorio hondureño, específicamente en los departamentos de Intibucá, Lempira y La Paz, donde supuestamente el voto rural los favorece.
Por su parte, los diputados y autoridades de los partidos Libre y Liberal, exigen la aprobación del presupuesto, misma postura asumida por los diputados del Partido Innovación y Unidad-Social Demócrata (PINU-SD) y el líder del novel Partido Salvador de Honduras, Salvador Nasralla.
Mientras el cronograma electoral avanza y se acerca la hora cero de la contienda, prevista para el domingo 28 de noviembre, todo apunta a que los resultados de las elecciones, incluso el mismo proceso, pudiera generar una nueva crisis política similar a la de noviembre de 2017, cuando se fraguó un fraude y se consumó la ilegítima reelección de Juan Hernández.
Como parte de este accidentado proceso las consejeras, Rixi Moncada y Ana Paola Hall, emitieron la noche del martes un comunicado a nombre del CNE, advirtiendo que la no aprobación del presupuesto constituye una obstrucción a las elecciones generales.
#CNE informa a todos los sectores del país y a comunidad internacional sobre el riesgo inminente de alteración del proceso electoral general pic.twitter.com/Pnl40KhlUG
— CNE_HONDURAS (@CneHonduras) July 14, 2021
Asimismo, “esta delicada situación que debilita los esfuerzos de la autoridad electoral para que estas elecciones sean limpias y creíbles, es agudizada por declaraciones políticas desafortunadas que minan la confianza ciudadana en su proceso electoral”.
El lunes, en un programa de televisión, el diputado nacionalista, Renán Inestroza, acusó de negligentes a las autoridades del CNE y que por esa y otras razones su bancada en el Congreso Nacional está renuente a aprobar los fondos que se urgen para el cumplimiento del cronograma electoral.
El comunicado, del que se excluye al consejero del Partido Nacional Kelvin Aguirre, es explícito al decir que existe un peligro de llegar a “un punto de total desfase y sin retorno y, por lo tanto, lesivo a la norma constitucional de realizar comicios el domingo 28 de noviembre próximo”.
Lo anterior es una advertencia de las consejeras Rixi Moncada y Ana Paola Hall, en cuanto a que el desarrollo de las elecciones de noviembre está en riesgo.
LA CRISIS YA ESTÁ PLANTEADA
La consejera Rixi Moncada, advirtió este martes sobre una posible reforma de la Ley Electoral vigente hace 49 días, lo que a su juicio solo aumentará la crisis. “La crisis ya está planteada, la obstrucción ya está ejecutada, entonces cualquier modificación, a dos meses de la vigencia de la ley, es inaceptable sobre los dos proyectos para el proceso electoral”, dijo Moncada al hacer referencia a la verificación de la huella dactilar y al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
La consejera dijo además que el sistema TREP fue aprobado por unanimidad en el CNE, no así el comunicado que fue una decisión de la mayoría, es decir, de ella y la consejera Ana Paola Hall, que fueron quienes lo firmaron.
