Tegucigalpa.- El Partido Nacional arremetió contra la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) por denunciar los casos de corrupción que cometieron exfuncionarios, exdiputados y actuales diputados que fueron parte del régimen que instauró Juan Orlando Hernández.
A través de un comunicado, el Comité Central del Partido Nacional arremetió contra el director de la unidad anticorrupción del Ministerio Público, Luis Javier Santos, a quien acusa de “perseguirlos” pese al rosario de corrupción y narcotráfico que les ataña que inclusive obliga a varios aliados de Hernández que fungieron como funcionarios huir del país hacia Nicaragua.
“El titular ilegal de la Uferco, afín al Partido Libre, ha emitido requerimientos fiscales contra varios diputados y exdiputados nacionalistas violentando el debido proceso… lo dijimos y lo sostenemos, las acciones judiciales se realizarán únicamente contra el Partido Nacional”, exponen en un comunicado.
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Los supuestos argumentos del Partido Nacional en señalar una persecución penal con “justicia selectiva” contra sus allegados surgen tras otorgarse a la Uferco un estatus especial que permite a la fiscalía judicializar a implicados en corrupción sin la venia del fiscal general, Óscar Fernando Chinchilla o cualquier autoridad del Ministerio Público.
Es decir, ante la Uferco requería de autorización por parte del fiscal general, el fiscal adjunto o el director de fiscales, ahora puede ejecutar requerimientos fiscales de forma directa, normativa que el Partido Nacional considera inconstitucional.
“Ya empezó a funcionar la maquinaria de la justicia selectiva de la Uferco contra el Partido Nacional, ordenada por Mel Zelaya, Xiomara Castro y Luis Redondo y cuyo fin es silenciar al nacionalismo única fuerza organizada capaz de frenar los planes de Libre de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente”, arguyen.
Cinco días después de entrar en vigencia la normativa que aprobó el Congreso Nacional a favor de la Uferco para enfrentar las redes de corrupción, se libró requerimientos fiscales contra varios exdiputados como el otrora Oswaldo Ramos Soto y el actual diputado Alberto Chedranni, acusados de pertenecer a una red que drenó más de 18 millones del Poder Legislativo mediante el Fondo Departamental.
Según el Partido Nacional, debió ser el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) el ente acusador de acuerdo al Decreto Legislativo 116-2019 que estos mismos aprobaron de forma arbitraria contentiva de la Ley Especial del Fondo Departamental que blinda a diputados, funcionarios, alcaldías, ONG´s, fundaciones y organizaciones privadas de ser acusadas penalmente por el mal manejo de fondos públicos.
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La maquinaria para obstruir la lucha contra la corrupción yace desde el nombramiento de Chinchilla como fiscal general, durante el juicio en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra el narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes Ramírez, este aseguró que Chinchilla fue impuesto por Hernández para proteger las actividades del narcotráfico y el crimen organizado.
Chinchilla es una figura clave de la estructura criminal que instauró JOH, quien fue extraditado hacia Estados Unidos, en menos de un mes de haber salido del poder, donde enfrenta un juicio por narcotráfico acusado de conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Además, el Decreto 116-2019 impide al Ministerio Público investigar el manejo de los Fondos Departamentales que se utilizaron por la mayoría de diputados para solicitar recursos que desviaron a cuentas personales, según lo denunció el exvocero de la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor.
La referida normativa no puede ser reformada por mayoría simple, una barrera que aprobó el Partido Nacional pese a no ser una norma Constitucional, por lo que se requiere de 86 votos de los 128 congresistas para su derogación.
“NO SON CASOS SELECCIONADOS”
El titular de la Uferco se refirió a los señalamientos del Partido Nacional de mantener una “persecución política” por lo que dejó claro que las investigaciones que realiza la unidad contra redes de corrupción no son casos seleccionados.
“Los casos que nosotros conocemos no los seleccionamos, a nosotros se nos asigna la investigación, que algunos se refieran a persecución política no es novedad. El que se siente perjudicado siempre alegará que es una persecución política”, declaró.
Asimismo, añadió que el caso que presentó recientemente en el cual se expone una de muchas redes de corrupción en el Congreso Nacional, llevaba más de tres años, dejando a relucir que la Uferco estaba atada a la autorización de Chinchilla que mantuvo en la opacidad los casos.
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“Hay quienes hablan solo para desprestigiar las acciones de la Uferco, no es porque no lo sepan, me parece que todo es parte del sistema que trata de proteger a los involucrados en actos de corrupción”, señaló.
En el pronunciamiento del Comité Central olvidaron destacar que el exministro de la presidencia y mano derecha de JOH, Ebal Díaz, huyó del país a Nicaragua donde se nacionalizó como nicaragüense al igual que Ricardo Cardona, exministro de la extinta Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis) y secretario privado de JOH, ambos con investigaciones en curso por actos de corrupción.
Según denunció el ministro de la nueva Secretaría de Desarrollo Social, José Carlos Cardona, al menos 20 exfuncionarios del Partido Nacional que laboraron en la Sedis, “están vendiendo sus propiedades y yéndose del país”.
