Acorde con las cifras de la Organización de las Naciones Unidas, en el mundo 152 millones de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años se ven obligados a trabajar, 11 millones de ellos en América Latina.
Por: Redacción CRITERIO
redaccion@criterio.hn
En el marco del Día Contra el Trabajo Infantil, desde @REDLAMYC Red Latinoamericana y caribeña por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, resalta que, pese a los avances, los Estados en la región continúan sin considerar cambios en el diseño de las políticas que prevengan y atiendan a millones de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en el mercado laboral, les brinden condiciones de seguridad y en particular, prevengan y sancionen la explotación laboral a través de una sólida articulación intergubernamental e interinstitucional que en varias legislaciones se define como Sistemas Nacionales de Protección Integral de Niñas Niños y Adolescentes (SIPINNA).
Así lo ha manifestado, Juan Martín Pérez García, quien es el secretario ejecutivo REDLAMYC, quien además ha señalado que es indispensable señalar que actualmente existen movimientos nacionales y regionales que demandan la participación de niñas, niños y adolescentes trabajadores en la definición de las políticas públicas, buscando que no se criminalice a las familias pobres y reconociendo que algunas actividades económicas que no atentan contra su salud, permiten la permanencia en la escuela y ofrecen habilidades sociales, pueden considerarse positivas.
Organismos internacionales de derechos del niño han recomendado que los grupos de niñas, niños y adolescentes trabajadores sean escuchados de forma activa y se garantice su derecho a la participación en los temas que les afectan, evitando su discriminación.
Esta fecha, es un recordatorio internacional para analizar los vacíos y desafíos en la protección integral de niñas, niños y adolescentes vinculados a la actividad económica de los países. El Artículo 32 de la Convención sobre los Derechos del Niños (ONU, 1989) obliga a los Estados a realizar medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales para atender el trabajo infantil, señala Pérez.
Diversos estudios han demostrado que existe una relación directamente proporcional entre la disminución del ingreso económico de las familias y el aumento del trabajo infantil, esta situación se acentúa en las pequeñas comunidades con menor desarrollo social. Acorde con las cifras de la Organización de las Naciones Unidas, en el mundo 152 millones de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años se ven obligados a trabajar, 11 millones de ellos en América Latina.
El trabajo infantil que debe prevenirse mediante políticas públicas integrales y en el marco del respeto a los derechos humanos es aquel que priva a niñas y niños de su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico o bien que es peligroso. Establecer estas diferencias, permite ofrecer respuestas adecuadas en el marco del respeto a los derechos humanos y contar con alternativas de inclusión social. Sin ello, se corre el riesgo de criminalizar a las familias pobres que se ven obligadas a contar con el ingreso de sus hijas e hijos para sobrevivir, donde los Estados debe garantizar apoyos económicos y mejores empleos para las personas adultas en pro del Interés Superior de la Niñez.
La explotación laboral y la explotación sexual son delitos, que no pueden ser conceptualizarse como “trabajo»; y las autoridades están obligadas a su persecución y sanción ejemplar. En este rubro entrarían aquellas actividades económicas que se realizan en contra de la voluntad de niñas, niños, adolescentes y sus familias, que afectan su sano desarrollo, impidiendo la permanencia en la escuela, eliminando los tiempos de recreación; son actividades que no corresponden con su capacidad física, tienen altos riesgos para su integridad y suceden fuera de los contextos de protección familiar.
La esclavitud es una realidad en algunos países de la región, especialmente aquellos donde el crimen organizado tiene mayor dominio frente a Estados de frágil institucionalidad, dijo en su carta, Juan Martín Pérez García, quien es el secretario ejecutivo REDLAMYC.
La Red COIPRODEN de Honduras es parte de la Red Latinoamericana y caribeña por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes REDLAMYC.
