Por: Rubén Escobar
Siguatepeque, Comayagua. Incluso si el fallo contra el policía Jarol Rolando Perdomo Sarmiento es de culpabilidad, será una justicia tardía y parcializada la que recibirá Keyla Martínez, aseguró su padre Luis Sosa Torres, quien el lunes 17 de octubre fue el único familiar de la víctima presente en la audiencia de conclusiones.
La estudiante de enfermería Keyla Patricia Martínez Rodríguez, de 26 años, fue detenida por agentes policiales el 6 de febrero de 2021, por violentar un toque de queda decretado por la pandemia. Horas más tarde fue encontrada muerta en su celda, en la sede policial de La Esperanza, Intibucá (183 km al occidente de Tegucigalpa).
Los oficiales y agentes encargados de su custodia intentaron hacer parecer como si la joven se había suicidado, pero la autopsia determinó que la muerte fue por “asfixia mecánica”, es decir que alguien más la privó de la vida al bloquear su respiración.
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Perdomo Sarmiento era el carcelero de turno, tenía las llaves para ingresar a la celda y fue visto en el área donde estaba Keyla. Sin embargo, la defensa mantuvo hasta el final la tesis del suicidio.
INTENTAN RESPONSABILIZAR AL PADRE
El día en que presentaron las conclusiones la defensa del policía enfatizó que Keyla se había suicidado “producto de sus frustraciones, y una de las razones era porque el papá se había separado de la mamá, que la había abandonado, porque el papá era un alcohólico, un irresponsable”, señaló don Luis Sosa, de 72 años.
Al final le dieron la oportunidad de hablar y dijo que “lo único admirable de la defensa era la elocuencia para mentir”. Aseguró que “yo jamás he bebido, no soy borracho, ni fumador ni drogadicto, ni siquiera Coca Cola tomo”.
El técnico forestal retirado, graduado en la Escuela Nacional de Ciencias Forestales, acusó a la Policía Nacional de complicidad en el homicidio de Keyla, tratando de entorpecer las investigaciones y apoyando en todo momento al acusado.
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“El proceso ha sido demasiado lento por tantos obstáculos, tantos peros que ha puesto la policía. Desde el principio hizo todo por encubrir el caso borrando evidencias, dando declaraciones falsas”, señaló Sosa Torres en entrevista con Criterio.hn.
A su entender “hay más gente involucrada” y lo que han hecho las autoridades policiales es apoyar al imputado para proteger al resto.
Señaló como implicados “indirectos” al encargado del momento de la Unidad Metropolitana de Prevención (UMEP 10), de La Esperanza, subcomisionado Melvin Alvarenga, porque “trató de encubrir los hechos y dio declaraciones falsas”, afirmó.
También señaló al doctor Edgar José Velásquez Orellana, quien acompañaba a su hija la noche de la captura, porque a su criterio mintió en declaraciones ante los medios y también durante el juicio.
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Considera que el imputado sí es el autor material del crimen, pero “¿Qué va a pasar con los otros que lo consintieron, los otros que lo encubrieron y quienes lo apoyaron”, se preguntó? Por eso consideró que la justicia que se aplica en este caso es “parcial”.
Aseguró que deben ser “juzgados y penalizados los que taparon y borraron evidencias, y los que salieron a mentir al pueblo hondureño. Ellos también tienen responsabilidades”.
El proceso entró a la fase de deliberaciones, donde los jueces deberán decidir la responsabilidad o no del imputado. Sin embargo, el fallo está en suspenso porque antes se debe resolver un recurso de amparo presentado por la parte acusadora.
Esto porque el juicio es por homicidio simple, con una pena mínima de 15 años de reclusión, pero el Ministerio Público está demandando que se le castigue por femicidio agravado, que tiene una pena de entre 25 y 30 años de reclusión.
