Pandemia deja al descubierto la desigualdad digital en Honduras

El internet no llega a las casas de los niños pobres, quienes están quedando excluidos de la educación en la actual emergencia sanitaria, ya que las clases en línea se han convertido en una necesidad.

El acceso tecnológico no puede ser una realidad mientras el 43 por ciento de los centros educativos públicos no cuentan con electricidad, según un informe de la secretaría de Educación de 2014.

Datos del INE de 2018 indican que solamente el 16.6 % de los hondureños tienen acceso a internet en su casa, y apenas el 12.8 % acceden a este servicio desde una computadora y el 87.2 lo hace desde un teléfono móvil o “celular”.

Por: Nancy García

Edición: Emy Padilla

Ilustración: Guillermo Burgos

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.- Seci, es una niña de nueve años, residente de El Pedregalito, un barrio de Comayagüela. Cursa su cuarto año en una escuela pública local. El confinamiento, igual que a millones de menores les ha dejado las tareas para la casa.

Nos cuenta que su profesora le envía mensajes a través de WhatsApp a su madre para designarle trabajos. Terminados, los fotografía y se los envía mediante la plataforma antes mencionada.  Pero a Seci, esto no le agrada del todo. Ella, desea regresar a las aulas, ver a sus compañeros y compañeras. Finalizar su año con «normalidad».

Seci, cuenta con pocos recursos y su madre y padre no siempre tienen acceso a internet diariamente y tampoco tienen una computadora en su casa. Como ella, son cientos de casos con las mismas similitudes. Enfrentándose a la agonía de no contar con el acceso a la red, de pensar en los alimentos, en los daños psicológicos presentes y futuros y detenerse a cuestionar: ¿podré culminar mi año escolar?

La crisis sanitaria no solo ha puesto en evidencia la debilidad del sistema de salud por la corrupción estatal que impera en el país. También, ha desnudado la inoperancia para priorizar en los contenidos curriculares de quienes están cursando su año escolar en las instituciones públicas, específicamente a niños y niñas a quienes se les encomienda el futuro de la nación, una carga mayúscula para un país que pone su foco de interés en militares y policías que, en casi poco o nada abonan a disminuir los altos niveles de inseguridad. Los uniformados más bien reprimen salvajemente a la gente cuando sale a protestar y exige salud y educación gratuita, como ocurrió entre abril y junio del año pasado cuando los trabajadores de estos dos gremios salieron masivamente a las calles con el apoyo de la ciudadanía.

Educación privada y pública: ¿una situación similar?

Carlos Sabillón, gerente de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas de Honduras (Fenieph), contabiliza mil quinientos centros educativos privados, en las modalidades de prebásica, básica y media, con una matrícula de alrededor de 250,000 alumnos. Estos están diseminados en los 18 departamentos del país. Hasta en aldeas, nos comenta. Este señalamiento es un diagnostico negativo, pues implica la privatización de un derecho humano.

En la actual crisis sanitaria, la educación de los niños, adolescentes y jóvenes de Honduras está siendo afectada, tanto por la pobreza que impide pagar los servicios de internet, como por el acceso y cobertura de este derecho humano que en Honduras es un negocio transnacional y que no está llegando a tierra adentro.

Sabillón considera que la emergencia sanitaria por el coronavirus está afectando de manera negativa al sector privado de la educación debido a las restricciones que ha decretado el gobierno, ya que la mayoría de quienes sostienen las instituciones educativas privadas, son las familias que viven del sector informal de la economía y con el confinamiento no están generando ingresos. Esto ha hecho que la mora en los pagos se haya disparado desde marzo.

Lo expuesto por el gerente de la Fenieph pone al descubierto que la precariedad está tocando también las puertas de los hogares de los estudiantes que están matriculados en las instituciones privadas.

Pagar por un derecho humano

Leticia, madre de Alexandra, una estudiante del sexto grado de la escuela El Cenáculo de Tegucigalpa, exterioriza que tomó la decisión de matricular a su hija en dicho centro bilingüe, porque el país carece de un sistema de educación público de calidad, y mucho menos bilingüe, y comprende que el idioma inglés en este mundo globalizado es fundamental para el desarrollo profesional.

Leticia contó que la escuela ha decidido integrar las clases virtuales, por las plataformas de classroomm, meet y kahn academy, reestructurando el plan educativo para hacerlo más dinámico, y teniendo a diario un acercamiento tanto con los padres y madres, a través de la aplicación WhatsApp, para estar al día con los avances educativos de los niños.

“Para mi hija, y en general para los niños, es más fácil adaptarse a los cambios, incluso, en este momento están haciendo uso de recursos audiovisuales que son más llamativos y captan la atención, creo que en este sentido no hay ningún problema con el rendimiento educativo de mi hija», recalca.

La madre no considera que se presente una baja en el rendimiento educativo, pero si cree que habrá una afectación en la parte emocional porque los niños, al igual que todos los seres humanos, necesitan socializar con los demás

Esta madre tiene la esperanza para que Honduras demuestre un cambio y espera que quienes llevan la batuta del poder rectifiquen lo que han venido haciendo mal y las inversiones se proyecten en el sistema de salud y educación.

Leticia tiene la capacidad económica de pagar una cuota mensual para que su hija tenga mejores oportunidades en el futuro, pero confiesa que es una dicha que no tiene la mayoría de los hondureños, quienes en estos momentos de la pandemia han sentido que sus problemas se les han acumulado.

“Las familias no tienen ni para comer y ahora se sienten agobiadas porque no pueden solucionar el acceso a la educación de sus hijos”, manifiesta. Leticia respira y comenta que conoce el caso de una familia que vive en la colonia Roberto Suazo Córdova, en el sector de El Pedregal de Comayagüela. Esta familia sobrevive de la venta de tortillas. En la casa vive una familia extendida: abuelos, padres, hermanos y nietos.

En este hogar hay dos niñas matriculadas en la escuela República del Perú y un varón en el Centro Básico San José de la Vega. Ellos no tienen contacto con sus maestros, no tienen sus números telefónicos y aunque lograran contactarse sería difícil establecer un mecanismo para seguir las clases porque no cuentan con un celular. El joven papá es el único que cuenta con un aparato móvil, pero solo para recibir y hacer llamadas para salir a dejar las tortillas. El teléfono es básico, no tiene ni WhatsApp.

La precariedad del sistema educativo se ve reflejada en el reciente informe elaborado por el Observatorio Universitario de la Educación Nacional e Internacional de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán ,“La situación educativa hondureña en el contexto de la pandemia del COVID-19: escenarios para el futuro como una importante oportunidad de mejora”, que establece que para el año 2019 un estimado de 2.9 millones de menores entre 3 y 17 años, 900,000 estaban fuera del sistema educativo.

El estudio refiere que las mensualidades de los institutos privados rondan entre 1,000 a 1,500 lempiras. En el caso de las bilingües, exceden un gasto en algunos casos de 10 mil lempiras, una cuota alcanzada solo para quienes ostentan trabajos con salarios elevados y las condiciones de vida menos precarias, al contrario de las escuelas y colegios públicos, donde los y las estudiantes acuden con lo necesario y en ocasiones sin nada, sumado a las pésimas condiciones de infraestructura y la precariedad de los bienes, como el agua, la energía eléctrica y el internet.

Concorde al informe, otro elemento a considerar durante la crisis del coronavirus en el sistema educativo, los elevados niveles de pobreza y desigualdad social que imperan en el país. “Condiciones que se asocian con una baja conectividad a internet. De acuerdo con datos del Banco Mundial (2019), a finales del año recién pasado el 52.6% de la población hondureña estaba en condiciones de pobreza, y un 17.2 % en condiciones de extrema pobreza”. Pero estas cifras son conservadoras porque el propio gobierno, a través del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), reconoce que la pobreza afecta al 62 por ciento de la población de 9.3 millones de personas y la pobreza extrema engloba a 3.5 millones de los 9.3 millones de hondureños.

Datos del INE de 2018 indican que solamente el 16.6 % de los hondureños tienen acceso a internet en su casa, y apenas el 12.8% acceden a este servicio desde una computadora y el 87.2 lo hace desde un teléfono móvil o “celular”.

Si el coronavirus ha obligado a emigrar a plataformas digitales, los niños y niñas del sector público y privado no pueden cubrir estos espacios de enseñanza, debido a la crisis económica en que viven y ante la realidad es más beneficioso un plato de comida, que unos megas de internet, contrario de quienes los privilegios de clases les ha otorgado estudiar en un espacio donde la doble lengua está presente, donde las clases en línea si son posibles, y son quienes, se han llevado en los últimos años los presupuestos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y las becas internacionales. 

El impacto del confinamiento en la educación

Si bien es cierto, no todos los países estaban preparados para enfrentarse a una crisis sanitaria como la que se vive actualmente en el mundo. Algunos, con todo y el peso que conlleva, han destinado esfuerzos y recursos para mantener a los y las estudiantes con las actividades de aprendizajes. Sin embargo, en países como Honduras, las brechas sociales se acrecientan y demuestran durante la pandemia.

En declaraciones brindadas a medios de comunicación, el secretario de Educación, Arnaldo Bueso, ha insistido que las tareas que se han dejado, desde que se decretó el toque de queda, no tienen ningún peso evaluativo para las asignaturas.

Lo anterior sustenta las denuncias de padres de familia y de los propios docentes, que han afirmado que los maestros están dejando tareas sin sentido, pues solo lo hacen para cumplir con la orden del gobierno que se aleja de establecer un plan con impacto curricular.

Bueso se ha alejado un poco del tema educativo. Actualmente coordina la entrega de alimentos del programa “Honduras Solidaria”.

#HondurasSolidaria informa que a casi un mes del inicio de operaciones hemos llegado a 1,756,850 personas en las 6 Ciudades priorizadas en el mecanismo centralizado. Aquí te avisamos donde estaremos mañana en el DC. #HondurasQuedateEnCasa pic.twitter.com/dGUtEKFRKA

— Arnaldo Bueso (@ABueso) April 21, 2020

Para el docente del Instituto “Central” Vicente Cáceres, Luis Rodríguez Torty, nadie se encontraba listo para la situación que se atraviesa y la determinación tomada es improvisada. “Se tomó la decisión de suspender clases sin la preparación de docentes y estudiantes, ni al personal directivo. Y después que ya los estudiantes y docentes estaban en sus casas, empezaron desde las departamentales a exigir a los docentes que enviarán trabajos y que contactaran a los alumnos”, señala.

Rodríguez Torty nos indica que el lenguaje utilizado por las autoridades departamentales y del ministerio, plantea la educación como un espectáculo y un entretenimiento en el cual se envían las tareas para pasar el tiempo y no visto como un proceso de aprendizaje.

El docente también nos comenta que la carga académica está recayendo en los padres y madres y estos suelen recurrir a las viejas prácticas violentas de enseñanza, lo que representa traumas psicológicos en los menores.

Apunta que la relación entre docentes y estudiantes se ha construido en las aulas de clases. Los maestros desconocen la situación de los alumnos, y eso pasa por la inseguridad, pues muchos docentes han sido víctimas de extorsión y por ello no existe la práctica de compartir datos como números de teléfonos o correos electrónicos. Esta situación está impidiendo que los alumnos y docentes del “Central” estén conectados en este periodo de la pandemia.

A juicio del expresidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh) y catedrático de la asignatura de español en la UNAH, Sergio Rivera, el impacto se acentúa en el sector público que es a donde asiste la población estudiantil que más carece de recursos económicos y que en estos días, junto a su familia, han invertido esfuerzos y recursos en tratar de sobrevivir y alimentarse. Son ellos los que son hijos de los miles y miles de hondureños a los que muchas empresas privadas los han despedido, sin tomar en cuenta los traumas psicológicos que conlleva la pandemia.

Sin energía eléctrica

El informe de la Universidad Pedagógica refiere que un estudio de la secretaría de Educación reportaba en el año 2014 que, el 43 % de un total de 18,089 centros educativos no tenían electricidad en ese momento. Los departamentos más afectados son: Olancho con 1,027 planteles; El Paraíso, con 883 planteles; Yoro, con 710 planteles; Lempira, con 628 planteles; Santa Bárbara, con 445 planteles; Choluteca, con 455 planteles; La Paz, con 403 planteles; Comayagua, con 439 planteles y Francisco Morazán, con 514 planteles.

Los monopolios que se apropian de la enseñanza

Mientras estas carencias aumentan el gobierno no desaprovecha para aprobar decretos que favorecen a las empresas de telecomunicaciones transnacionales con el argumento de fortalecer con tecnologías al sector educativo público. Tal es el caso, del decreto 33-2020 aprobado el pasado dos de abril en el Congreso Nacional, que faculta a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para modificar los criterios de contratos suscritos a las telefónicas de servicio móvil o “celular”.

El pasado 20 de marzo en cadena nacional de radio y televisión, el gobernante Juan Hernández, en compañía de los representantes de las transnacionales de las telecomunicaciones, Tigo y Claro, brindó a la población la “oportunidad” de utilizar cincuenta mensajes gratis y cinco minutos de llamadas telefónicas diarias por un periodo de 30 días, durante el encierro. Este ofrecimiento, además de ser una burla para los usuarios que pagan exorbitantes cantidades por los servicios, fue el punto de partida de transacciones, que hasta el momento nadie conoce.

El teólogo y filósofo cubano, José Ignacio López Vigil, en una intervención en las Jornadas Internacionales: “El derecho ciudadano a informar y estar informado”, señaló que existe una concepción errónea sobre quién es el propietario de las frecuencias. La ciudadanía aduce que el Estado es el único dueño de ellas, sin embargo, esta falacia inyectada en el imaginario colectivo se implantó para justificar los monopolios estatales de la radiodifusión.

Para Vigil, las frecuencias son un bien colectivo, patrimonio común de la humanidad y debe reglamentarse en aras de promover el ejercicio de la libertad de expresión.

El docente Sergio Rivera cuestiona la entrega de ese rubro a manos de dos transnacionales como Tigo y Claro, a las que se otorgan privilegios, cuando en otros países se ven obligados a prestar los servicios de manera gratuita en los centros educativos.

“Hay una fuerte desconsideración con los estudiantes del área rural y con los estudiantes que no cuentan ni con computadoras ni recargas, recordemos que Honduras cuenta con los servicios más caros de la región en concepto de conectividad inalámbrica, dado que el Estado vendió a un precio muy bajo la exclusividad de explotar”, detalla Rivera.

«En Honduras la conectividad inalámbrica de internet no llega a la mayoría de la población, incluso, muchas regiones aún no cuentan ni con señal telefónica ni energía eléctrica; a mi criterio se hace una discriminación a los estudiantes rurales y pobres», puntualiza el docente.

De igual manera, el docente Luis Rodríguez Torty, problematiza en cuántos estudiantes cuentan con un teléfono inteligente, quiénes disponen de internet y herramientas, como las computadoras. Para él no existe una plataforma, una base de datos que evidencie quiénes tienen el acceso a los recursos detallados.

“No sabemos cuántos de ellos están tratando de sobrevivir, no solo al virus, sino que al hambre”, sostiene Rodríguez Torty, un exdirigente del Copemh, que se ha retirado de la dirigencia magisterial convencido de que los tentáculos de la corrupción también han llegado y se han quedado en ese gremio.

Los zapatos que no llegaron y las computadoras paralizadas

Durante el período presidencial del nacionalista Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) el embajador de Taiwán, Joseph Kuo hizo entrega de un donativo de cuatro millones de dólares, que representaba más de ochenta millones de lempiras, a la ministra de Presidencia, María Antonia Guillén y a la primera dama, Rosa Elena Bonilla.

Los fondos tendrían que ser utilizado para el fallido programa “Educactrachos” y la ampliación de los programas “Ver Para Aprender”. Además, la entrega de meriendas, uniformes, exámenes de la vista y lentes gratis.

Este programa se oficializó el cuatro de junio de 2011 en la escuela Mélida de Jesús Muñoz” de la colonia Los Pinos de Tegucigalpa, por ser uno de los centros en cumplir los 200 días de clases programados.

El exmandatario prometió dotar con más de 100,000 computadoras a estudiantes y 2,751 para docentes y supervisores técnicos

El embajador de China Taiwán, John Lai, explicó durante la entrega que su país, se había comprometió en trabajar por la educación del pueblo hondureño, especialmente de aquellos que, por su condición, más lo necesitaban.

La sepultada Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), develó que la ex primera dama, Rosa Elena Bonilla, se apropió de fondos destinados a programas sociales, durante el período presidencial 2010- 2014. La red de corrupción que integró Bonilla se apoderó de doce millones de lempiras, a través de un blanqueo de capitales, según la misión anticorrupción de la OEA. En una de las cuentas manejadas por ella se contabilizaron ingresos de 94.6 millones de lempiras, provenientes de diversas fuentes, entre ellas de las donaciones otorgadas por Taiwán.

El 4 de septiembre de 2019, Bonilla fue condenada a 58 años de reclusión y al pago de una multa consistente al 10 % del valor de lo defraudado, es decir 1.277,897 lempiras, tras ser encontrada culpable por ocho delitos de fraude y un delito de apropiación indebida, por la sustracción de 12 millones de lempiras de fondos del Estado.

En el juicio contra la ex primera dama se evidenció que ocho personas que firmaron los contratos no eran zapateros y recibieron cheques por cantidades que alcanzaban hasta cien mil lempiras y a las personas que, si se dedican a este rubro, solo se les cancelaba con treinta mil lempiras y fueron un total de 86 zapateros reales los contratados.

Si las cantidades destinadas a programas sociales hubiesen recaído en manos limpias y los fondos no hubieran llegado a los bolsillos de quienes se sostienen mediante los pactos de impunidad, los niños y niñas tendrían el recuerdo de un gobierno que cumplió con el deber de brindar herramientas básicas para sobrellevar cualquier situación, incluso, la que se vive hoy en día.

La lucha que no se ganó y fortaleció la corrupción

Las calles eran tomadas en el verano de 2019, entre abril y mayo, para ser exactos. Desde lo alto se observaban sombrillas de múltiples colores, gabachas blancas, azules, una que otra colorida y al unísono se escuchaba: “menos cocaína, más medicina” “la educación pública no se vende, se respeta y se defiende”, fueron parte de las consignas que acompañaron a la paralizada Plataforma por la Defensa de la Educación y Salud en Honduras.

La Plataforma, integrada por los gremios de la salud y educación, tenía el objetivo de derogar varios decretos ejecutivos aprobados por el titular del Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros. Los decretos incluían la intervención en el sistema educativo y el sistema de salud, mediante compras y contrataciones directas como parte de un proceso de privatización, denunció en aquel entonces la presidenta del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa.

Los días pasaron y la historia se repitió. El gobierno con las tácticas divisionistas logró que un sector de los supuestos dirigentes magisteriales se dejará endulzar el oído y la Plataforma cayó. De un momento a otro, se aprobaron otros PCM que contenían los mismos resultados que los primeros.

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Hoy, el coronavirus pasa la factura a la corrupción y la descascara más con el debilitamiento de los sistemas de salud y educación.

“Muchos padres de familia y muchos sectores de la sociedad no nos comprendieron cuando andábamos en las calles defendiendo la educación y la salud pública. Porque el modelo neoliberal destruyó la educación pública, gratuita, laica y obligatoria”, rememora el docente Luis Rodríguez Torty.

El profesor nos ilustra que en los últimos diez años en el Instituto “Central” Vicente Cáceres las carencias son enormes, ya que el docente debe comprar los insumos como: marcadores, borradores y pizarras, por el deterioro de éstas.

“A partir del golpe de Estado ha habido un proceso de destrucción sistematizado de la educación y salud. Por lo tanto, ante la crisis queda evidenciado la destrucción del Estado y su papel como garante de la educación y salud, como derechos humanos y no como mercancías”, subraya.

Por su parte, Sergio Rivera, considera que lo más grave es que la Secretaría de Educación está siendo conducida por un político entusiasta, formado en el área de las ingenierías. Nunca ha impartido una clase, y desconoce los procesos administrativos de la educación, de allí que no proceden las denuncias de los padres de familia y los propios estudiantes debido a que hay un mando vertical, hay niveles de impunidad porque además del apoyo gubernamental el hábil ministro supo hacer alianzas con varios dirigentes magisteriales que no reclaman el derecho de sus agremiados, dice el expresidente del Copemh

Y advierte que la política errática de la secretaría de Educación aún no sabe qué hacer. Por una parte, declaran que no se tomarán como válidas las evaluaciones realizadas durante la cuarentena, pero a los docentes se les exige evidencias e informes de que han estado evaluando a los estudiantes, quieren fotografías de estudiantes haciendo evaluaciones, de chats, de clases en plataformas virtuales, estadísticas de evaluaciones, etc. Por otro lado, el retorno a clases solamente se podrá definir por recomendaciones científicas y de plena seguridad, recordando que la mayoría de nuestras aulas cuentan con gran número de estudiantes.

¿Qué alternativas pueden adoptarse?

“Para estas emergencias deberían elaborarse planes de contingencia educativa, adecuaciones curriculares, capacitación a los docentes en el manejo de la educación virtual, capacitación a los estudiantes para el uso de las plataformas virtuales, consideraciones sociales para la exigencia de tareas, exámenes e investigaciones”, considera Rivera.

En otros países de América Latina, las brechas digitales, lograron ponerse en un mismo nivel en los sistemas públicos y privados. Tal es el caso de Uruguay, que obtuvo aulas digitales aún en los lugares más remotos. En Chile los contenidos se desplegaron a través de guías y bibliotecas digitales. Perú está haciendo uso de los medios nacionales como la Televisión, la radio para emitir programas educativos y en el país vecino, Costa Rica, se trabaja con la estrategia “Aprendiendo en casa”, que consiste en la transmisión de contenidos mediante los medios digitales y estatales.

El informe del Observatorio Universitario de la Educación Nacional e Internacional encuestó a 31,426 docentes en servicio. Según los detalles, el personal cuenta con alta conectividad de internet pero no con equipos como computadoras. Un 60 % dijo tener computadoras para fines personales o familiares. El sector urbano presenta una cifra baja en cuanto a la posesión de estos bienes.

Entre los métodos más utilizados para acercarse al estudiantado, están las llamadas telefónicas y grupos de WhatsApp con los responsables de los menores y el uso de correos electrónicos o aulas virtuales representa lo menos utilizado en el aislamiento.

Entre las recomendaciones que se ofrecen en el informe, destacan la paralización de toda actividad durante el mes de mayo y parte de junio para retomar las clases bajo el formato habitual con medidas sanitarias para los meses de junio y julio y reponer los meses perdidos durante el periodo de vacaciones. Según los docentes esta es la vía que visualizan más factible.

La otra es variar entre las clases virtuales y las presenciales, pero en zonas donde sea imposible por la falta de recursos, se debe alternar los días de clases para los grados cursantes.

Otra opción recae en resaltar un calendario de septiembre a junio, bajo un modelo semi presencial y los periodos entre abril y agosto se utilizarían para capacitar personal docente y elaborar materiales para distribuirlos entre los educandos y que las autoridades mejoren las condiciones de infraestructura de los centros escolares.

En Honduras, la mayor concentración de los medios informativos recae en las manos de empresarios y políticos, que juegan al estira y encoge con los derechos de la población.  En cambio, los medios comunitarios solo cuentan con menos del 1 % del espectro radioeléctrico y algunas de ellas sufren persecución constante de parte de Conatel.

Si bien, los medios tradicionales son una inyección para la desinformación, en estos tiempos de confinamiento deberían prestarse para fomentar programas educativos que ayuden a los padres, madres, docentes y al educando a realizar las labores educativas y no perder el año escolar o, «regalarlo» como en los tiempos del golpe de Estado, que todos los estudiantes fueron promovidos al siguiente año lectivo.

Desde que la pandemia atravesó las fronteras hondureñas las promesas de las autoridades han sido permanentes. El gobierno ha pintado un escenario donde todos los ciudadanos tendrán garantizadas todas sus necesidades básicas. En educación se ofreció un sistema digital que no se ve por ningún lado. La preocupación crece en los y las estudiantes y los resultados no se visualizan.

Si el Ministro de Educación no apresura un plan que garantice el derecho a la educación en iguales condiciones, la tasa de analfabetismo ascenderá y la calidad educativa descenderá a niveles insospechados. Y los niños, niñas y adolescentes serán vistos en las calles limpiando parabrisas en las esquinas de cada semáforo, lustrando zapatos o, en el peor de los casos, reclutados por las maras y explotados sexualmente.