Ciudadanía y organizaciones de sociedad civil repelen decreto de estado de excepción a manos de entes de seguridad y defensa que aún no rinden cuentas por graves violaciones a derechos humanos, e incluso son ligadas a bandas criminales.
De igual forma, remarcan el trasfondo de discriminación y estigmatización contra poblaciones ya vulnerabilizadas por la violencia y la falta de acceso a educación, salud, seguridad social, trabajo digno y vivienda adecuada
Tegucigalpa.- Luego del trauma colectivo del golpe de estado de 2009 y la crisis postelectoral de 2017, la decisión de la presidenta Xiomara Castro de declarar estado de excepción a través del PCM 29-2022, cayó como balde de agua fría a las organizaciones que estuvieron al frente de la lucha social.
No se trata que no reconozcan la necesidad de poner un alto a la escalada en la problemática de la extorsión y delitos conexos, el temor es en manos de quién estará la población durante los 31 días de suspensión de garantías constitucionales.
Es decir, la preocupación reside en que sea la policía nacional con el acompañamiento de las fuerzas armadas –ambos señalados durante décadas de la comisión de violaciones a derechos humanos– quienes tengan la discreción para detener a la ciudadanía o allanar hogares en los 162 barrios y colonias de Tegucigalpa, Comayagüela y San Pedro Sula.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus derechos (Red Coiproden), la Asamblea de Mujeres Luchadoras de Honduras y la Coalición Contra la Impunidad, fueron algunas de las organizaciones de sociedad civil en pronunciarse en contra de la medida.
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COPINH RECHAZA ESTADO DE EXCEPCIÓN
El Copinh publicó un comunicado rechazando el estado de excepción por parte de ejercito y policía. Señaló que “un estado de excepción en manos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas de Honduras, ejes fundamentales del golpismo y el regimen de JOH (Juan Orlando Hernández), y que no han sido reformados ni refundados, otorga más poder a instituciones que han demostrado su captura por estructuras mafiosas y criminales y que pone en riesgo la protección y seguridad del pueblo hondureño”.
La organización apuntó que las políticas de seguridad con un enfoque represivo generan graves violaciones a los derechos de las comunidades pobres en manos de estructuras mafiosas y criminales de la policía y el ejercito.
Como ocurrió durante el estado de excepción decretado durante la pandemia en 2020, con la desaparición forzada de los cuatro jóvenes garífunas de la comunidad del Triunfo de la Cruz en Tela, Atlántida. Bajo ese mismo escenario, el asesinato de la joven estudiante de enfermería, Keyla Martínez, en febrero de 2021 en una celda policial en La Esperanza, Intibucá.
Copinh también recordó que la estructura criminal que realizó el operativo de asesinato de Berta Cáceres surgió del interior de las Fuerzas Armadas de Honduras, señalando específicamente al Décimo Quinto Batallón del Ejercito, estructuras que afirmó siguen funcionando.
La organización demandó que “el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro genere una política integral de seguridad ciudadana que garantice el respeto de los derechos humanos, y la eliminación de las estructuras criminales económicas y empresariales que sostienen los fenómenos de los grupos ilegales armados que azotan al pueblo de Honduras”.
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RED COIPRODEN LAMENTA ESTIGMATIZACIÓN CONTRA NIÑEZ Y JUVENTUD
La Red Coiproden lamentó el efecto estigmatizante que tendrá la publicación de los nombres de los barrios y colonias en los que se realizará la operación policial y militar, “especialmente, porque la niñez y juventud tendrá mayores dificultades de inserción laboral e incremento de la desigualdad y exclusión social”.
Además, señaló que las niñas, niños y adolescentes en Honduras viven y sobreviven en un entorno complejo que no le garantiza acceso a la educación, salud, recreación, seguridad social, entre otros derechos. Lo que se traduce en condiciones que los ubican en circunstancias de mayor vulnerabilidad y susceptibilidad para ser captados por grupos criminales.
“Hacemos un llamado al gobierno de la República para que tome en cuenta que la violencia no se reduce a un problema de seguridad pública, sino que está asociada con multiples factores de desigualdad social, económica, política, cultural y ambiental”, indicó. A la vez que apuntó la necesidad de avanzar hacia un enfoque más amplio en la construcción del concepto de seguridad ciudadana que incluya medidas preventivas y garantice derechos en materia de educación, salud, seguridad social, trabajo digno y vivienda adecuada.
La red concluyó el escrito haciendo un llamado al gobierno para que genere espacios inclusivos de diálogo que permitan nuevas ideas y propuestas de acciones para afrontar de forma integral el fenómeno de la violencia y la criminalidad, siempre considerando el impacto en la niñez y juventud hondureña.
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ESTADO DE EXCEPCIÓN ES UNA RESPUESTA RACISTA
La Asamblea de Mujeres Luchadoras de Honduras repudiaron el decreto ejecutivo PCM 29-2022 que da vida al estado de excepción, señalando que el mismo es una respuesta racista que discrimina y estigmatiza la pobreza, que afecta directamente a las mujeres, niñez y grupos más vulnerables de los barrios y colonias a los que aplica la medida.
También, remarcaron que “el estado de excepción no es un plan integral para los problemas de las maras en Honduras ni en otro país de Centroamérica”. A la vez que denotaron que las agrupaciones criminales que se busca combatir no se crearon en la región, sino en Estados Unidos, producto de la exclusión social, la extrema pobreza y falta de oportunidades, a las que se añaden xenofobia y racismo.
“No podemos quedarnos calladas ante una medida que en vez de garantizar derechos los quita, no podemos estar calladas ante una medida que violenta y no ataca el problema de raíz. No podemos estar calladas cuando la red de extorsión no solo la ejercen las maras, sino que también a aquellos que dicen que van a buscarlos y encarcelarlos”, lee el comunicado de la Asamblea de Mujeres Luchadoras de Honduras.
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HERRAMIENTA PELIGROSA EN MANOS DE LOS VIOLADORES DE DD HH
Además de plantear que la violencia no se reduce a un problema de seguridad pública, sino que está asociado a multiples factores de desigualdad social, económica, política, cultural y ambiental, la Coalición Contra la Impunidad destacó que un estado de excepción es una herramienta peligrosa cuando otorga discrecionalidad a una Policía Nacional sin depurar y a una policía militar que no ha rendido cuentas por graves violaciones a derechos humanos.
La Coalición Contra la Impunidad repudió que, pese a la promesa de desmilitarizar la seguridad pública, el gobierno vuelve a normalizar el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana, socavando así las bases del Estado de Derecho, el cual a través de la Constitución de la República limita y distingue los roles militares en defensa nacional de los policiales en materia de seguridad ciudadana.
Finalmente, exige se convoque de forma amplia e inclusiva a todos los sectores de la sociedad para construir una política pública de seguridad ciudadana integral que coloque a la persona humana como objetivo central y se centre en mayores niveles de ciudadanía y reconozca que la seguridad ciudadana es una de las dimensiones necesarias para garantizar la seguridad humana.
Criterio.hn consultó con fuentes conocedoras en temas de seguridad y derechos humanos para conocer si el gobierno les había convocado para analizar y socializar el decreto que contempla el estado de excepción y estas manifestaron que no fueron llamadas.
Lo manifestado por estas personas se confirma con lo expresado en el comunicado emitido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en el que esta instancia se pone a disposición del gobierno para aplicar los protocolos y acuerdos en materia de derechos humanos.
