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Suspensión de garantías constitucionales afectará a los barrios más pobres

Analistas consultadas por Criterio.hn señalaron que la medida criminaliza la pobreza y persigue a la clase trabajadora, a la vez que los deja en manos de entidades, cuyos integrantes se conoce forman parte de la estructura de la extorsión y violentan derechos humanos.

Tegucigalpa.- Este martes a partir de las 6:00 de la tarde entra en vigencia el estado de excepción en 162 barrios y colonias de tres municipios, que albergan las ciudades más importantes de Honduras, como una medida gubernamental para combatir la extorsión y delitos conexos.

Emulando a Nayib Bukele en El Salvador, la presidenta Xiomara Castro decidió aplicar la medida en 89 barrios y colonias de la capital de Honduras, conformada por los municipios de Tegucigalpa y Comayagüela, así como 73 más en la ciudad de San Pedro Sula, en el norte del país.

La medida fue aplicada mediante el PCM 29-2022 y suspende las garantías constitucionales relativas a la inviolabilidad a la libertad personal, la libre movilización, libertad de asociación y reunión, así como la inviolabilidad del domicilio, entre otros, del martes 6 de diciembre de 2022 al viernes 6 de enero de 2023.

Si bien, analistas concuerdan en que hay una necesidad de poner un alto a la escalada en violencia y extorsión a manos de bandas organizadas, la medida de suspender las garantías constitucionales, especialmente dirigidas a colonias de ingresos bajos y medios bajos, muestra una medida que criminaliza la pobreza e ignora a los cabecillas del crimen organizado, quienes viven en colonias de ingresos altos.

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ESTADO DE EXCEPCIÓN CRIMINALIZA A LOS POBRES

La defensora de derechos humanos y cantautora, Karla Lara, en entrevista con Criterio.hn, señaló que el “decreto es criminalización de la pobreza” y “persecución a la clase trabajadora”.

“¿Cómo puede un gobierno nombrarse socialista democrático, y pensar otra vez en las armas, los controles, la prohibición de los derechos de la población en términos de la libertad, de su derecho a movilizarse, como la forma en contrarrestar un mal que está provocado precisamente por la misma policía y el ejercito? Porque es un secreto a voces, que ellos son los que controlan precisamente toda la maquinaria de la extorsión, toda la maquinaria del crimen organizado. No están combatiendo nada porque ellos son quienes controlan precisamente eso”, apuntó la defensora y cantautora hondureña.

Sostuvo, además, que “la persecución de las maras en El Salvador es persecución de la juventud empobrecida. Perder nuestras garantías, nos hace entrar a un estado de indefensión que además, nos coloca otra vez en el imaginario de lo que vivimos durante la narcodictadura”.

Lara realizó un llamado a la ciudadanía que frente a los escenarios que se viven en países centroamericanos, como Nicaragua y El Salvador, no opten por el silencio. “Esta va a ser una primera medida de una cosa que se va a ir prolongando. Sino reaccionamos ahorita, vamos a ir perdiendo conquistas, vamos a ir perdiendo espacios, vamos a ir perdiendo libertades conquistadas”, advirtió.

Por su parte, la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia, exigió al gobierno respetar los derechos humanos y no criminalizar la pobreza, “ya que los cabecillas del crimen organizado son de cuello blanco”. Apuntó, también que ha sido durante estados de excepción que se cometen crímenes que siguen en la impunidad, como el caso de la joven estudiante de enfermería, Keyla Martínez, asesinada mientras permanecía en custodia de la policía.

poca credibilidad sobre la Policía Nacional en Honduras
La Policía Nacional, una de las fuerzas del seguridad del Estado que estará al frente en los operativos de seguridad durante el estado de excepción, no goza de la mejor reputación.

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CRIMEN ORGANIZADO HAY TAMBIÉN EN COLONIAS DE ALTA PLUSVALÍA

La abogada del Bufete Justicia para los Pueblos, Kenia Oliva, mostró preocupación que la justificación para la suspensión de las garantías constitucionales de la presidenta Xiomara Castro sean las estadísticas de la Policía Nacional.

Oliva manifestó que era grave, puesto que a través del decreto, la policía nacional o el gobierno están discriminando la pobreza. “Una discriminación que ha existido por siempre en estos barrios que han sido excluidos por los gobiernos, que son barrios donde las políticas de gobierno no han sido para superar las condiciones de pobreza, de inseguridad que viven esos barrios y colonias, sin acceso a la educación, a la salud y a los servicios básicos”, señaló la profesional del derecho.

Esta discriminación, ahora se traduce por parte del gobierno, en considerar que estos barrios y colonias con bajos ingresos son los únicos lugares, que ellos identifican, donde hay crimen organizado. Cuando se ha constatado en los juzgados que también en los barrios y colonias donde viven los ricos y poderosos, hay crimen organizado, explicó Oliva.

Agregó que a través de casos judiciales, se ha demostrado que “estas casas [en colonias de alta plusvalía] han servido de refugio incluso para personas que han estado dentro de la Policía Nacional, y que se han prestado para el tema de secuestro y extorsiones. Pero, no están siendo considerados estos barrios y colonias, donde hay casos judicializados”.

“Están hablando que van a combatir el lavado de activos. El lavado de activos se da incluso dentro de los funcionarios y funcionarias públicas, dentro de la empresa privada. Es decir, que si realmente, la presidenta quiere tener una política de combate al crimen organizado, de combate a la delincuencia organizada, no es esa la estrategia”, planteó la abogada.

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NO HAY UNA POLÍTICA CLARA PARA EL COMBATE A LA EXTORSIÓN

La abogada del Bufete Justicia Para los Pueblos sostuvo que la estrategia que implemente el gobierno frente al crimen organizado debe ir basado en estudios, que permita combatirlo dentro del gobierno, a través de políticas públicas que no permitan que funcionarios públicos, la policía y las fuerzas armadas estén involucradas en este flagelo».

“Suspender la libre circulación de 6:00 PM a 6:00 AM, no le va a garantizar al gobierno combatir la extorsión ni el lavado de activos, porque realmente no hay ninguna política encaminada a eso, más que de violentar los derechos de las personas”, señaló.

Oliva no niega la realidad de la extorsión en Honduras, sin embargo, esta no se combatirá suspendiendo garantías constitucionales como la libre circulación en horas nocturnas, pues el crimen organizado se da cualquier hora del día.

“Es peligroso, que la presidenta –no sé si por ingenuidad o realmente no quiere ver las cosas como son– no haya tomado en cuenta que es la propia policía la que estaba involucrada en temas de extorsión. La gente, los comercios, han tenido siempre miedo a denunciar que son extorsionados porque cuando llegan a la policía, cuando llegan a la DPI [Dirección Policial de Investigación] a denunciar, hay muchísimos casos donde se encuentran con sus propios extorsionadores y eso no es un secreto”, compartió.

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La abogada Kenia Oliva previno que no es dándole la posibilidad a la policía de detener a las personas que circulan después de las 6:00 de la tarde que se resuelve el problema. Sino, a través de políticas de Estado que investiguen, sancionen y depuren a la policía y las fuerzas armadas.

SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS ES EXTREMA

La coordinadora del Grupo Sociedad Civil, Jessica Sánchez, expresó que la medida de suspensión de garantías es extrema, y no garantiza que pondrá un alto a la extorsión, puesto que este flagelo no se da unicamente en los 162 barrios y colonias donde se impone estado de excepción, sino que también ocurre en barrios y colonias de altos ingresos o acomodados.

Sánchez apuntó que sí, hay que combatir la extorsión y delincuencia organizada, pero la suspensión de garantías, sin una adecuada gestión y vigilancia, puede tener impactos en materia de violación de derechos humanos, en los que se termine criminalizando a las personas más pobres y necesitadas.

La defensora de derechos humanos manifestó que la medida “esta dirigida siempre a controlar y perseguir a las personas más pobres y necesitadas de Honduras, sin perjuicio que se pudieron haber tomado otras medidas para garantizar la seguridad de las personas que no tenga que ver con la suspensión de garantías constitucionales”.

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El pasado 24 de noviembre los transportistas exigieron medidas para frenar la extorsión que ha conllevado a la muerte de decenas de empleados de este sector. Fue precisamente a raíz de esta protesta que el gobierno anunció el estado de excepción.

HUMAN RIGHTS WATCH EXPRESA PREOCUPACIÓN

Por su parte, la directora Human Rights Watch para América, Juanita Goebertus, expresó desde su cuenta en Twitter su preocupación por la medida del gobierno de la presidenta Xiomara Castro.

Agregó, que “una política efectiva de seguridad no se basa en suspender derechos fundamentales, sino en investigación y procesos penales para desmantelar las pandillas y sus fuentes de financiación, y en prevenir, con oportunidades económicas y educativas, el reclutamiento de jóvenes”.

Goeberthus reparó que las instituciones hondureñas deben investigar y castigar abusos que ocurran en las zonas bajo el estado de excepción y realizó un llamado a que se trace un política de seguridad efectiva acorde a los derechos humanos. De igual forma, instó al Congreso Nacional a rechazar el decreto de estado de excepción.

La solicitud de la directora de Human Rights Watch para América ocurre porque el PCM 29-2022, fue publicado en el diario oficial La Gaceta sin que este pasara por la aprobación del Congreso Nacional. El mismo decreto en el artículo 5, “convoca al Congreso Nacional para que dentro del plazo de treinta (30) días, conozca del presente Decreto y ratifique, modifique o impruebe”.

No obstante, en el artículo 7 establece que “el presente Decreto es de ejecución inmediata, entrará en vigencia el día de su firma y deberá ser publicado en el Diario Oficial “La Gaceta”.

El 24 de noviembre, la presidenta Xiomara Castro, acompañada por las autoridades de la Secretaría de Seguridad y la comisión de seguridad del Congreso Nacional, decretó emergencia nacional ante la ola de extorsión denunciada por diversos sectores de la sociedad en los últimos meses.

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Criterio.hn intentó, este lunes por la tarde, adquirir una copia impresa o digital del diario oficial La Gaceta, para confirmar la publicación del PCM 29-2022. Sin embargo, se informó por parte de funcionarios de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) que solo contaban con un borrador que no había sido publicada aún.

Sin embargo, el supuesto borrador fue divulgado en su cuenta personal en Twitter por el secretario privado de la Presidencia e hijo de Xiomara Castro, Héctor Manuel Zelaya Castro.

  • Marcia Perdomo
    Amante de la historia y la lectura, en permanente búsqueda del ritmo en las narrativas. Soy una periodista incisiva, las contradicciones son una invitación a investigar y la normalidad está sobrevalorada. Me rehúso a sobrevivir dentro de los pensamientos erróneos de una sociedad asfixiante. Investigo y construyo reportajes sobre el modelo extractivista y su impacto en los derechos humanos de los pueblos ancestrales, grupos vulnerabilizados y sociedad en general. marciaperdomo@criterio.hn

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