Tegucigalpa.- La Organización de Naciones Unidad (ONU) hace un llamado al gobierno de Honduras para poner fin a la detención arbitraria y criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos de la comunidad garífuna.
Honduras no ha cumplido con las mediadas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció en 2015, que fue la violación de derechos humanos de las comunidades garífunas, por lo que se estableció una serie de reparaciones, que incluyen la obligación del Estado de titular, delimitar y demarcar los territorios tradicionales de las comunidades garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz.
Tras la detención de Silvia Bonilla Flores, Marianela Mejía Solórzano y Jennifer Mejía Solórzano, defensoras del territorio y los derechos del pueblo garífuna y miembros de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) y que el Ministerio Público acusa de los delitos de robo con violencia o intimidación, usurpación, daños y amenazas.
La Relatora Especial de la ONU, Mary Lawlor habló sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos y manifestó al gobierno hondureño su preocupación por el hecho en el que la detención se produce en un contexto de «violencia, ataques y persecución contra las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades indígenas y las mujeres en Honduras».
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Y según la información recibida, las investigaciones surgen a raíz del conflicto relacionado con la posesión, uso y propiedad de ciertos terrenos respecto de los cuales existen simultáneamente títulos de propiedad privados y un título de propiedad ancestral a favor de la comunidad de Cristales y Río Negro.
Por lo tanto, el gobierno debe de abstenerse de utilizar la legislación penal nacional como una herramienta de intimidación en perjuicio de las personas defensoras de derechos humanos. La criminalización debilita los movimientos de la sociedad civil y su capacidad para proteger a las personas más vulnerables de la sociedad, dijo Lawlor.
Por su parte, Francisco Cali Tzay, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas añadió que “a 5 años del asesinato de Berta Cáceres, las comunidades garífunas y las personas que se dedican a defender sus derechos siguen siendo objeto de violencia, ataques y persecución”.
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Ambos relatores de la ONU, instan a las autoridades a que ofrezcan una protección efectiva a todas las personas defensoras de derechos humanos en Honduras, en especial las que continúan luchando por los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres y del medio ambiente.
