Tegucigalpa.-El consultor español que trabajó en la elaboración del nuevo Código Penal de Honduras, Francisco Javier Álvarez García, manifestó a Criterio.hn que las últimas reformas realizadas a dicho texto legal son «la consagración de la impunidad de los empresarios» y que «no, no lo han reformado, lo han suprimido».
El también Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid, dijo que fueron varias las modificaciones que le impactaron y las mismas abarcan desde temas de lavado de activos, trata de personas, usura, el delito de usurpación y las modificaciones que se efectuaron a las medidas provisionales.
«Pero me parece tremenda, la última reforma me parece tremenda», dijo al referirse a una modificación realizada a las medidas provisionales a favor de los campesinos con relación al delito de usurpación, para que estos no enfrentarán prisión hasta que se resolviera el tema mediante sentencia.
Es importante recordar que durante la última reforma realizada al Código Penal, el pasado jueves 7 de octubre durante el feriado Morazánico, la definición de lo que representa el delito de usurpación fue ampliado para incluir espacios públicos como calles, carreteras, parques, áreas verdes o «cualquier otro bien del Estado, o de las municipalidades o bienes inmuebles considerados como Patrimonio Cultural o Reserva Natural» o «cuando debido a la usurpación se obstaculice la realización de proyectos autorizados por el Estado».
Antes de la referida reforma el delito de usurpación estaba consignado en el artículo 378 del Código Penal que inicialmente estipulaba una pena de prisión de dos a cuatro años, sin embargo, ahora la pena pasó de cuatro a seis años y con la adición del artículo 378-A, que establece como agravante cualquier acción de protesta ejercida por dos o más personas, incrementa la pena de prisión de seis a diez años e inhabilitación absoluta.
Sobre el hecho que las reformas se realizarán de cara al proceso electoral del domingo 28 de noviembre, el profesional del derecho penal indicó que no le sorprende, «estamos acostumbrados que cuando un proceso electoral es inminente pues los que están en el poder pues pagan los favores que deben antes de abandonar el poder».
Sin embargo, lo que sí le sorprendió fue «la tremenda desvergüenza que supone quitar una responsabilidad como las referidas a las empresas» pues da «campo libre [a los empresarios] para hacer lo que quieran» y justamente de eso se trata dicha modificación, afirmó Álvarez García.
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IMPLICACIONES DE LA DEROGACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
Previamente, en un artículo de opinión titulado: «Legislación penal y dictadura», publicado por Criterio.hn, Álvarez García dejó claro que cuando se «derogan los preceptos referidos a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es lo mismo que decir que para disminuir las muertes violentas se derogan los delitos de homicidio y asesinato».
Asimismo, establece que «en realidad, lo que se ha efectuado con la reforma del Código Penal es, además de pagar favores, consagrar la absoluta impunidad en materia fiscal, de lavado, y un largo etcétera, de las empresas y organizaciones en general que actúan en el círculo delictivo».
Sobre este tema, el profesional del derecho ahondó que la reforma «se dirige a la consagración de la impunidad de los empresarios», ya que al introducir la responsabilidad de las personas jurídicas en el Código Penal se buscaba romper «lo que ha sido el juego tradicional en Honduras».
Este juego consiste en que cuando se sorprende a una empresa en lavado de dinero o en fraudes fiscales, está usaba a un «hombre de paja», que es quien cargaba las responsabilidades; «pero la empresa es quien se había beneficiado y los grupos que había detrás de ella pues quedaban impunes». Con esto se buscaba romper el sistema de impunidad de las empresas que actúan en el ámbito de la delincuencia, narró Álvarez García.
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Ante estas «reformas», el catedrático de Derecho Penal afirmó: «yo me desvinculo absolutamente», lo cual lamentó pues señaló que «la elaboración del código fue muy trabajosa» pues requirió de mucho tiempo y negociaciones y ahora se encuentran «con que se malogra buena parte del trabajo que se ejecutó».
Y no se refiere únicamente al trabajo que realizó como consultor internacional junto a su equipo, sino también al trabajo de dos años de muchos hondureños y hondureñas, que incluyeron fiscales, jueces, policía, sociedad civil y otros especialistas para «poner en pie un texto que supusiera un avance respecto del texto que había vigente» y que ahora «se está tirando por la ventana el trabajo»
Con relación a sus honorarios como consultor y el de su equipo conformado entre ocho y diez personas, Álvarez García pormenorizó que el mismo fue poco y que inicialmente fue cubierto por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que «directa o indirectamente, pagó todo» hasta mayo de 2017. Esto incluyó además de los honorarios, alquiler de hoteles, para estadía y reuniones, comidas, viajes de avión.
Posteriormente, los gastos fueron pagados directamente por el Congreso Nacional y que «cada día que yo estaba en Honduras me daban una dieta, para que usted se haga idea, como de 350 dólares». Esta cantidad solo cubría las visitas a Honduras, explicó. Mientras que «el trabajo que nosotros hacíamos para ir a Honduras y llevar ahí textos y propuestas, ese trabajo no se pagó en ningún momento. Lo único que se pagó fue: ya le digo los viajes y la estancia naturalmente».
ANTECEDENTES
En la historia de la legislación reciente de Honduras, el consultor español y catedrático universitario, Francisco Javier Álvarez García no es el primero en desvincularse de las torcidas reformas realizadas al interior del Congreso Nacional con el visto bueno del Poder Ejecutivo.
Previamente, en 2015, Paul Romer, autor intelectual y promotor de las ciudades modelo, criticó el autoritarismo de la reducida élite que controla Honduras y afirmó: «No sé si estoy observando una farsa o una tragedia» en referencia a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) en Honduras, previamente conocidas como Regiones Especiales para el Desarrollo (RED) y que fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia.
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Es importante resaltar que mucho antes de que iniciarán las reformas al nuevo Código Penal había un fuerte rechazo a la nueva legislación. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) exigió una declaratoria de inconstitucionalidad del mismo, diputados de la oposición del Congreso Nacional intentaron abrogarlo, pues a juicio de analistas su aplicación generaba beneficios para políticos y funcionarios acusados de corrupción.
En junio de 2017, miembros de la Articulación 611 -integrada por organizaciones defensoras de los derechos humanos, feministas, colectivos LGTBI, niñez, movimientos campesinos y otras- denunciaron «un muro de opacidad, falta de transparencia y autoritarismo» en relación con el contenido del entonces Proyecto del Código Penal de Honduras.
Además, la Articulación 611, integrada por profesionales del derecho y defensores de derechos humanos, previno que el nuevo Código Penal no debía entrar en vigor por ser lesivo para Honduras, que atentaba contra la libertad de expresión y reducía las penas a corruptos y condenó la aprobación de «Ley Terrorista» en el artículo 590, por considerar que su contenido es profundamente antidemocrático y podía ser utilizado para reprimir la protesta social y perseguir a la disidencia política en Honduras.
En noviembre de 2018, el abogado Edy Tabora -entonces director del Comité por la Libre Expresión (C-Libre)- advirtió que la nueva legislación fue diseñado para proteger el poder económico y político, porque criminalizaba la protesta social para favorecer el supuesto desarrollo. Mientras que, en agosto de 2019, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edilson Lanza, advirtió sobre una serie de violaciones a los derechos fundamentales contenidas en el nuevo Código Penal.
