Articulación 611 condena la aprobación de «Ley Terrorista»

Expresan su disenso con el consultor español Francisco Javier Álvarez,  quien en respuesta a una de las preguntas planteadas en el hemiciclo ese 19 de septiembre expresó que el documento discutido y aprobado ese día, contaba con el beneplácito de esta articulación.

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- La Articulación 611 mediante un comunicado público ha manifestado su  nuestro rechazo a la aprobación del artículo 590 del proyecto de Código Penal, en el que se tipifica el delito de terrorismo.

Señalan que este artículo establece penas de 15 a 20 años de prisión y tiene un contenido profundamente antidemocrático y podría ser utilizado para reprimir la protesta social y perseguir a la disidencia política en Honduras.

Consideran como un acto grave,  que se haya aprobado un artículo tan importante como este,  contraviniendo de forma directa las recomendaciones realizadas desde la sociedad civil organizada como desde instancias internacionales tales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Comunicado de articulación 611 frente a la aprobación del delito de terrorismo

Este 19 de septiembre del 2017 los honorables diputados del Congreso Nacional aprobaron de manera inconsulta, una serie de medidas de ley destinadas a la criminalización de la protesta social en lo que consideramos un nuevo ataque en el contexto de abuso de poder y no socialización del mismo al pueblo hondureño. Desde la Articulación 611 manifestamos nuestro rechazo a la aprobación del artículo 590 del proyecto de Código Penal, en el que se tipifica el delito de terrorismo.

Este artículo, que establece penas de 15 a 20 años de prisión, tiene un contenido profundamente antidemocrático y podría ser utilizado para reprimir la protesta social y perseguir a la disidencia política en Honduras.

Consideramos especialmente grave que se haya aprobado un artículo tan importante como este contraviniendo de forma directa las recomendaciones realizadas desde la sociedad civil organizada como desde instancias internacionales tales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hecho que genera una concentración del poder político y crea una barrera de opacidad, de impunidad y limitación a los derechos de la protesta social, generando persecuciones y situaciones violatorias a los derechos humanos.

 Una vez más constatamos como mientras el Presidente de la República Juan Orlando Hernandez departe sobre los supuestos logros de su gobierno en foros internacionales, las autoridades siguen arremetiendo violentamente contra los movimientos estudiantiles, campesinos e indígenas; y en el Congreso Nacional se perfeccionan los instrumentos legales que sirven a la agenda represiva del gobierno.

 En este contexto, la clara vocación antidemocrática del proyecto Código Penal que se está votando en el Congreso quedó evidenciada una vez más en la sesión del día 19 de septiembre pasado. La votación por la que se aprobó el delito de terrorismo se realizó en horas de la noche aprovechando la ausencia de la mayoría de diputados de la oposición, y contó con el voto favorable de tan solo 42 de los 128 diputados, lo que dejó ver la escasa voluntad democrática de las autoridades del Congreso y del partido gobernante.

La Articulación 611 manifiesta su preocupación y malestar con los diputados que no estaban en el Congreso durante la votación de este artículo. Consideramos fundamental que den explicaciones al respecto y les instamos a que no vuelvan a ausentarse de las sesiones del Congreso, ya que para ello fueron elegidos por el pueblo. Su ausencia en una votación tan importante como esta es una muestra de la inexistente vocación de servicio a la ciudadanía que hay entre los diputados.

De la misma forma expresamos nuestro disenso con el consultor español Francisco Javier Álvarez quien en respuesta a una de las preguntas planteadas en el hemiciclo ese 19 de septiembre expresó que el documento discutido y aprobado ese día, contaba con el beneplácito de esta articulación.

Por este medio expresamos que en ningún momento esta Articulación ha validado el trabajo del consultor español, sino que, por el contrario, al presentar nuestro propio documento de análisis, trabajado en conjunto con la Coalición contra la Impunidad, este fue rechazado en varias ocasiones por el mismo, argumentando que no estaba a tono con la propuesta por él presentada. Como muestra de ello, podemos anexar las diferentes denuncias y publicaciones nacionales e internacionales donde hemos visibilizado y  denunciado (Audiencias de la CIDH1, El Pulso, Diario Público2) que el Código Penal que se está aprobando actualmente constituye en varias de sus partes, un atentado a los derechos humanos de los hondureños y hondureñas.

Exigimos a las autoridades del Congreso Nacional que aprueben un reglamento claro y efectivo sobre el funcionamiento de este órgano legislativo y mínimamente puedan basarse en articulados de Ley Orgánica del Poder Legislativo, que permita transparentar su funcionamiento y evite que se produzcan los abusos de poder que en la actualidad son práctica común, no permitiendo ni siquiera conocer cuál fue la versión final sometida a votación al pleno, lo cual se aparta completamente de lo previsto por el procedimiento legislativo y por último, señalamos que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala en su artículo 13) «El Congreso Nacional, publicará además, las resoluciones que resulten de las mociones y decretos que se aprueben; asimismo publicará las iniciativas de leyes y sus respectivos dictámenes, y opiniones, para lo cual, quienes las presenten deberán entregarlas a la Secretaría por escrito y en formato electrónico para que proceda a publicarlas en el plazo máximo de diez (10) días, y difundir por Internet las sesiones del Pleno del Congreso Nacional y de las Comisiones;», disposiciones que tampoco han sido observadas.

Demandamos a los responsables de las bancadas opositoras que se han manifestado en contra de la regulación del delito de terrorismo aprobada, que promuevan las acciones que sean necesarias para lograr que el artículo 590 del nuevo Código Penal sea revisado por el pleno del Congreso y se logre su eliminación total.

Por ultimo alertamos a la ciudadanía hondureña sobre la aprobación de este delito, que junto a otros artículos recién aprobados en el nuevo Código Penal, para que pueda estar atenta y realice acciones de demanda pública para la revisión de este Código en el marco del respeto a los derechos humanos.

Llamamos a una consulta popular sobre el mismo, ya que esta nueva regulación afectará a las mayorías más pobres, vulnerables y excluidas de la justicia formal como son el sector campesino, las mujeres, los y las defensores de derechos humanos, entre otros, pero de manera colectiva y personal afecta a todos y cada uno de los hondureños y hondureñas, ya que el Código Penal es el instrumento sobre el cual se asentará la base de la justicia penal en el país por décadas en el país.

POR UN CODIGO PENAL, QUE VALGA LA PENA

Cc: Congreso Nacional

Cc: Comisión de Dictamen Congreso Nacional y Gerencia Legislativa

Cc: Oficina Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras

Cc: Cooperación Internacional: Plataforma contra la Impunidad, Espacio

3 comentarios sobre “Articulación 611 condena la aprobación de «Ley Terrorista»

  • el septiembre 25, 2017 a las 7:17 pm
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    Hermano si lo que hay en la corte es un payaso al servicio de joh, no me explico como algunos ciudadanos comunes y corrientes puedan estar dispuestos a votar por estos diputados y por este señor si una vez mas demuestran sentir un odio por el pueblo, a la larga eso afectará a todo un pueblo sea del color que sea.

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  • Humberto Salgado
    el septiembre 25, 2017 a las 5:42 pm
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    A este régimen no le importa la ONU la OEA la UE solo es de ver a Mauricio oliva y a Toño como se ríen burlesca mente cuando se les dice que todo es ilegal dicen presenten el reclamo ante la corte Suprema como estado de derecho y ellos la controlan

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