Notifican a Serna rechazo de población de Tocoa a planta termoeléctrica Ecotek

En el centro de la negativa de la población a la instalación de la planta termoeléctrica está el uso de coque de petróleo y la vinculación de la planta como uno de los siete componentes del controversial megaproyecto minero instalado en el Parque Nacional Carlos Escaleras

Tegucigalpa. – El Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa presentó ante la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) un acta notarial en la que evidencia el rechazo de las y los pobladores del municipio al proyecto de energía termoeléctrica Ecotek del Grupo Emco Holding.

El documento notarial es producto de una asamblea popular constituida el pasado sábado 9 de diciembre, luego que el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, boicoteó el cabildo abierto que su corporación municipal convocó para esa misma fecha, en la que buscaba aprobar la instalación de la planta termoeléctrica a base de coque de petróleo o petcoke.

El acta notarial fue entregada a la Serna para que esta sea incorporada a los expedientes requeridos por dicha secretaría en los que se evidencia el rechazo de la población al proyecto, sustentando legalmente el procedimiento y la decisión de la población. Durante esta asamblea también se ratificó la decisión del 29 de noviembre de 2019, durante un cabildo abierto en el que se declaró al municipio de Tocoa Libre de Minería.

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¿ENERGÍA PARA QUIÉN?

“Fueron más de dos mil personas concentradas en ese instituto [Froylan Turcios de Tocoa] que a una voz dijeron: ‘no aceptamos un proyecto termoeléctrico de coque de petróleo en nuestras comunidades. No lo queremos, queremos luz, pero no queremos basura de petróleo y no aceptamos ninguno de los otros componentes del megaproyecto Pinares Ecotek, que se instaló en nuestros territorios por violencia y con prácticas fraudulentas y al margen de la ley”, señaló la representante legal del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Rita Romero.

La abogada compartió que el cabildo abierto fue producto del requerimiento realizado el pasado 25 de septiembre por la Serna a la empresa involucrada, para que esta presentara una socialización y así continuar con el trámite de licenciamiento ambiental.


Romero denunció que “[l]a convocatoría decía para socializar y aprobar, no daba margen a la desaprobación”. Agregó que “la gente apropiada de la información de lo que significaba esa oferta de energía y apropiada de la desinformación que en esos 25 megas no iba a haber capacidad para resolver el problema enérgetico de Tocoa y de Colón –porque de esos 25 se necesitan al menos 18 para la planta peletizadora, solo quedan 7– […] su decisión fue un rotundo rechazo”.

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La planta de generación eléctrica forma parte de uno de los siete componentes del megaproyecto minero instalado de forma ilegal e inconsulta en el Parque Nacional Carlos Escaleras en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, especificaron los defensores del ambiente involucrados.

EXIGEN A PRESIDENTA CASTRO ADMITIR DECISIÓN DE LA POBLACIÓN

Las y los integrantes del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa exigieron a la presidenta Xiomara Castro reconocer y admitir la decisión tomada por la asamblea popular “que, de manera unánime dijo ‘NO’ al proyecto de la termoeléctrica a base de coque de petróleo”, así como los otros proyectos que conforman las concesiones mineras de óxido de hierro en la zona, la planta de peletizado y las concesiones de agua en los ríos Guapinol y San Pedro, y la quebrada La Ceibita.

Demandaron, además, la cancelación inmediata de estas concesiones a causa del rechazo a los mismos por parte de la población, argumentando “el rechazo de la población debido a los impactos negativos irreversibles sobre la salud y el ambiente, la destrucción en la zona núcleo del área protegida Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras y los sustentos de ilegalidades en los expedientes”.

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Desde el oficialismo gubernamental, el proyecto de generación eléctrica es impulsado como una solución a la problemática energética del municipio de Tocoa. Entre estos, el titular de la Serna, Lucky Medina, quien en entrevista a un medio local expusó que la capacidad de generación de unos 25 megas “pueden abastecer de energía eléctrica a unos 40 mil hogares en la zona”. Sin plantear que este tiene como propósito principal satisfacer las necesidades energéticas de la planta peletizadora de óxido de hierro de Ecotek.

El Grupo Emco Holding a través de sus filiales mineras Inversiones Los Pinares y Ecotek fue responsable de la criminalización de más de 30 personas por su abierta oposición a la instalación de un proyecto minero en el parque nacional. Ocho de ellos fueron sometidos a prisión preventiva arbitraria por más de 900 días.

En lo que va de 2023 se han registrado los asesinatos de tres defensores que se oponían al megaproyecto minero, dos de ellos hermanos del también defensor y presidente de la junta de agua de la comunidad de Guapinol, Reynaldo Domínguez.

El 7 de enero de 2023 fueron asesinados Alí Domínguez y Jairo Bonilla en la aldea La Concepción en Tocoa, Colón. Posteriormente, el 15 de junio, fue asesinado Óscar Oquelí Domínguez, y en el ataque resultó herida la madre de Alí, Oquelí y Reynaldo Domínguez. Los crímenes llevaron al desplazamiento forzado del núcleo familiar de Reynaldo Domínguez.

El parque nacional lleva el nombre del defensor de derechos humanos Carlos Escaleras, asesinado en octubre de 1997 por oponerse a la construcción de una planta aceitera que contaminaría la zona y que era promovida por el fallecido terrateniente Miguel Facussé, yerno de Lenir Pérez, quien es presidente del Grupo Emco Holding.

  • Marcia Perdomo
    Amante de la historia y la lectura, en permanente búsqueda del ritmo en las narrativas. Soy una periodista incisiva, las contradicciones son una invitación a investigar y la normalidad está sobrevalorada. Me rehúso a sobrevivir dentro de los pensamientos erróneos de una sociedad asfixiante. Investigo y construyo reportajes sobre el modelo extractivista y su impacto en los derechos humanos de los pueblos ancestrales, grupos vulnerabilizados y sociedad en general. marciaperdomo@criterio.hn

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