Tegucigalpa, Honduras. – La hegemonía de corrupción e impunidad que arrastró por una década el exfiscal general del Ministerio Público (MP) Óscar Fernando Chinchilla se rompería, según analistas, no sólo con el cambio autoridades, sino también con una depuración total en la institución, ya que podrían seguir el mismo patrón de operatividad, protegiendo, de esa manera, los intereses de la clase política y económica que se han encargado de encarrilar al país por la vía de la pobreza y violencia.
“Sacar a Chinchilla y a Daniel Sibrián, es el primero paso, pero un paso pequeño. Después lo que debería venir es reconstruir el Ministerio Público y esa reconstrucción pasa por una profunda reestructuración, no sólo administrativa, sino de evaluación a todo el personal”, dijo el abogado Joaquín Mejía a Criterio.hn.
Añadió que “no se puede desconocer que hay fiscales buenos, pero hay una gran cantidad que son parte de las estructuras, no sólo de la corrupción, sino que también del crimen organizado, narcotráfico y que, además, por omisión se han convertido en cómplices de la impunidad”.
Lo expuesto por Mejía tiene sentido, ya que, en 2021, mientras Juan Antonio “Tony” Hernández era sentenciado a cadena perpetua, más 30 años de cárcel, el juez de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, Kevin Castel, afirmó que las instituciones operadoras de justicia hondureñas patrocinaron al narcotráfico y crimen organizado.
De igual manera, en la acusación contra el narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, que fue capturado en Miami, Estados Unidos, en marzo de 2020, se explica como el exmandatario Juan Orlando Hernández en 2013 (presidente del Congreso Nacional para ese entonces) le pidió que no se preocupara (a Fuentes) por investigaciones, ya que habían colocado a Chinchilla en la fiscalía para protegerlos.
“Estoy hablando sobre la base de una sentencia de un tribunal de Estados Unidos, en la que se constató que el Ministerio Público forma parte (de la impunidad). (En esa información) aparece señalado Óscar Chinchilla como parte de las estructuras que han mantenido la impunidad para el crimen organizado”, indicó Mejía.
Los antecedentes mencionados ponen en evidencia, como el personal de investigación del Ministerio Público, con excepción de algunos casos, se inclinaron ante las directrices que giró Chinchilla, para promover la corrupción e impunidad por 10 años en Honduras, en plena subordinación de uno de sus más grandes aliados, Juan Orlando Hernández, que está privado en Estados Unidos, por tener vínculos con el narcotráfico.
El nuevo fiscal general que llegue al Ministerio Público debe desarrollar las acciones penales para comenzar a reducir el índice de impunidad, según Mejía.
“La nueva persona que llegue al Ministerio Público tiene ese desafío para quitar la suciedad en la que la han dejado los últimos fiscales, pero esa persona tiene que tener el objetivo claro, de lo contario podría haber muchas posibilidades de seguir teniendo más de lo mismo, lo que no es respuesta para la sociedad”, mencionó Mejía.
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TAREA DÍFICIL ACABAR CON LA HEGEMONÍA HEREDADA
Para el exministro de Transparencia Edmundo Orellana, la depuración en el Ministerio Público sí se podría ejecutar, pero con riesgos que no conseguir el objetivo y, además, el próximo titular del MP podría ir con intereses de por medio, lo que permitiría seguir con la continuidad de la impunidad.
“El fiscal no va a resolver el problema de impunidad, aunque escojan al mejor, sería sumamente difícil porque fue tanto tiempo que duró el modelo de corrupción, que logró penetrar en los más recónditos espacios de la institución”, dijo Orellana, en pláticas con Criterio.hn.
“En esos 10 años se formaron patrones de conducta, ideas, ideologías dentro de la institucionalidad que se traducen en impunidad total. De nada sirve cambiar las cabezas, si la institución sigue igual. En el Ministerio Público hay fiscales que no hicieron nada en contra de los narcotraficantes”, agregó.
Orellana, que fue el primer fiscal general en la historia de Honduras, lamentó que el nuevo titular del ente investigador probablemente obedezca a los intereses de los políticos, ya que ese es el problema que mantiene entrampado el proceso de elección en el Congreso Nacional.
“Como esto es una elección política, cualquiera que escojan va a salir comprometido con las fuerzas políticas oscuras que están llevando el proceso (Congreso Nacional) porque se compromete a darles la seguridad que no los va a investigar ni perseguir”, analizó.
“Está tan arraigada la corrupción en el país que la elección de un fiscal general se volvió tan compleja y con tantas aristas, lo único que nos refleja es que hay mucho interés de los políticos por escoger a alguien que sea un amigo complaciente total, que garantice la impunidad”, agregó Orellana.
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SOBRE EL PROCESO DE ELECCIÓN
La elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público se mantiene estancada porque los diputados de los partidos políticos mayoritarios, desde hace varios días no se han logrado poner de acuerdo para inclinarse por una de las mociones nominativas presentadas, lo que, en consecuencia, mantiene paralizada la continuidad de la agenda legislativa.
El partido oficialista Libertad y Refundación (Libre) dejó a la cabeza al abogado Johel Zelaya como fiscal general y a Marcio Cabañas Cadillo como fiscal adjunto. En cambio, la oposición, integrada por el Partido Salvador de Honduras (PSH), Nacional y Liberal, deja a Marcio Cabañas como fiscal general y a Jenny Gabriela Almendares como fiscal adjunto.
Los diputados que integran la oposición mantiene la postura que no permitirán a un fiscal general a la medida de Libre, ya que, de acuerdo a lo que argumentan, el objetivo es concentrar los poderes para construir una dictadura y, el oficialismo, argumenta que no cederán porque pretenden acabar con la hegemonía de impunidad y corrupción que mantuvieron Chinchilla y Sibrián.
Ante la penumbra que rodea este tema empantanado en el Congreso Nacional, lo cierto es que, si el proceso de elección siguiera los lineamientos constitucionales, por el que fue nombrada una Junta Proponente que previamente realizó un trabajo de selección, los abogados mejores evaluados tendrían asumir los altos cargos del MP, en este caso Jenny Gabriela Almendares, que fue la mejor calificada y Mario Morazán en segundo lugar.
Sin embargo, a Almendares, hija del exrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) Juan Almendares Bonilla, sólo figura en una moción nominativa como fiscal adjunto, cargo que es administrativo y no tiene inherencia en los procesos de investigación que desarrolle el Ministerio público y Morazán no está ni entre los favoritos de la clase política.
