Secretaría de Seguridad alquilará 226 camionetas a pesar de promesa de austeridad de Xiomara Castro

Las autoridades de Seguridad aún no han informado sobre a quienes se asignarán las camionetas blindadas y las de lujo.

Tegucigalpa. -Xiomara Castro prometió en su campaña deshacerse de todos los vehículos de lujo del gobierno, pero esto no se ha cumplido e incluso se está licitando el arrendamiento de 1,276 vehículos, entre estos 226 camionetas de lujo por parte de la Secretaría de Seguridad.

“Se venderán todos los vehículos de lujo que hoy tiene el gobierno“, dijo Xiomara Castro en la Asamblea del Partido Libertad y Refundación el 28 de junio de 2021, pero ya siendo presidenta esto aún está lejos de la realidad ya que se está en proceso de otra millonaria licitación.

Según la licitación SDS-LPN-GA-2023-029 publicada en julio de 2023, la Secretaría de Seguridad busca arrendar 1,276 vehículos, entre ellos pick up tipo patrullas, pickups civiles y autobuses, pero llama la atención la renta de camionetas tanto blindadas como no blindadas.

La secretaría incluyó el arrendamiento de 226 camionetas, 127 blindadas y 99 sin blindar. Esto significará una multimillonaria erogación para el Estado.

¿Por qué la gran cantidad de camionetas y no vehículos más útiles para patrullajes?

Para el criminalista y experto en temas de seguridad Gonzalo Sánchez Picado, es una buena noticia que se dote a los policías de más autos “las patrullas son necesarias ya que hay una debilidad en la persecución del delito, más patrullas se traducen en más presencia policial, usando el 911 con las cámaras y con 700 nuevas patrullas se podrá combatir mejor el crimen”.

Pero con respecto a las camionetas blindadas dijo “me llama la atención, posiblemente sea para la protección de funcionarios públicos, pero estos hoy ya andan en carros blindados, que sean tantos también me pone a pensar qué tipo de funcionarios ocupan ese tipo de vehículos tan costosos”, agregó.

Criterio.hn consultó con autoridades de la Secretaría de Seguridad a quién serían asignados estos vehículos, pero no obtuvo respuesta.

El tipo de vehículo automotor que se aprecia en la imagen, Land Crusier Prado, son las apetecidas por los funcionarios del gobierno. (Foto: Horacio Lorca-Criterio.hn).

Camionetas blindadas, la moda entre los políticos

Un empleado de una agencia de vehículos, que prefirió no identificarse, explicó a Criterio.hn algunos detalles del mercado “hasta donde tengo conocimiento en el mercado nacional hay pocas opciones de vehículos blindados, están las Toyota Land Cruiser, hay algunas camionetas Ford como Expedition, pero son pocas en alquiler porque es demasiado cara, también hay Hyundai Santa Fe, pero la gran mayoría son las Toyota Land Cruiser Prado”.

Dijo que los precios varían, sobre todo porque si se somete a licitación se puede obtener una mejor oferta, pero que en el mercado el precio mínimo de alquiler de una camioneta blindada ronda desde los 200 hasta los 400 dólares diarios y considera que si son vehículos nuevos no sería el pago menor a los 350 dólares diarios.

Un reportaje de un medio local, reveló que el Sistema Nacional de Emergencias 911 alquiló, para uno de sus comisionados de la junta interventora, un pick-up blindado por 362,773 lempiras durante 58 días, equivalentes a 6,241 lempiras diarios o 250 dólares. Un precio superior al que ofertan las arrendadoras en su sitio web a los usuarios finales.

Luis Javier Santos, jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), dijo a Criterio.hn que se deben analizar varios factores antes de realizar una crítica sobre los arrendamientos de vehículos blindados.

“Se debe de ver el precio y por cuánto tiempo o para qué están dedicados, por ejemplo, si es una persona que está en peligro o que se necesita para proteger a alguien, pues de alguna manera se justifica o si es para para funcionarios con alto riesgo también se justifica”, dijo Santos.

Agregó que está consciente que los precios de los alquileres son altos, debido a que los vehículos deben estar en perfectas condiciones, porque no se puede correr el riesgo que se arruinen y pongan en peligro a las personas a quienes son asignados.

Aunque concluye que siempre se debe analizar cuánto se paga y si se siguió todo el proceso de contratación de manera correcta.

Hasta la fecha la Secretaría de Seguridad aún no ha detallado el uso que se le darán a los vehículos ni a quién serán asignados.

El empleado de la agencia dice que, con respecto a las camionetas sin blindar, si se sigue la tendencia de las administraciones pasadas, seguramente serán camionetas Toyota del modelo Land Cruiser Prado, que fueron las favoritas de los funcionarios anteriores y cuestan entre 40 y 70 dólares diarios de arrendamiento al público. El actual gobierno busca arrendar 99 de estas.

El empleado de la agencia comentó que, en caso que el gobierno alquile las Toyota Prado, seguramente recibirán el nuevo modelo que llegará al país en un par de meses. Incluso se atrevió a decir que la licitación se podría realizar ahora por la actualización de modelo, ya que es el carro favorito de la clase política del país y desde ya muchos han consultado por los precios y disponibilidad.

¿Por qué gustan las camionetas de lujo a los funcionarios?

El psicólogo Mariano Zepeda explica que a pesar que no existe una teoría directa del porqué de esta preferencia a nivel psicológico, inconscientemente se da una relación entre tamaño y autoridad que les deja mucha satisfacción personal no sólo a los funcionarios, sino a los seres humanos.

“Si vos estas en la entrada de una oficina, de un hotel y ves llegar a alguien en un carro compacto no llama la atención, pero si ves a alguien llegar en dos camionetas blindadas se nota la presencia, y uno puede no saber quién es, pero se imagina que viene alguien importante porque anda en esos carros y hasta con seguridad”, arguyó.

Agrega que muchas veces se hace de forma inconsciente, pero que estas prácticas responden a la sensación de que “mientras más grande el carro más poderoso me siento” y les causa una sensación de poder e importancia, y que “estas personas en puestos quieren imponer poder y eso se demuestra desde la forma en que se suben al carro, la cantidad de guardaespaldas que andan, eso les da seguridad”.

Aunque aclara que eso no sólo aplica para los políticos, sino también para muchas personas “en Estados Unidos, el gringo ranchero mientras más grande es la camioneta más hombre se siente, aunque no la use para trabajar”, concluyó Zepeda.

Un ejemplo que ilustra esta tendencia se dio el pasado domingo 20 de agosto durante un programa de debates con un alegato entre los diputados Rassel Tomé de Libre y Antonio Rivera Callejas del Partido Nacional.

Rivera preguntaba “¿Rassel andas en carro blindado del Estado sí o no, andas en carro blindado sí o no?”, y agregó a la consulta el comentario que antes andaba en un vehículo blanco y lo cambió por uno rojo, que es el color que identifica a Libre.

Tomé no respondió si el vehículo era del Estado o suyo, sino que se limitó a decir que a él siempre le han gustado los carros rojos, se ha criticado que lo acompaña un fuerte dispositivo de seguridad, aunque se debe recordar que la misma situación sucedía en el gobierno anterior, pero en ese entonces era Rivera el que gozaba de ese privilegio.

Además del excesivo gasto en renta de vehículos de lujo, el gasto de combustible es otra carga que cubren los hondureños para que los funcionarios tengan «comodidades». (Foto: Horacio Lorca-Criterio.hn).

Compra conjunta

Recientemente la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (STLCC), llevó a cabo una compra conjunta de vehículos automotores mediante la cual se licitó la adquisición de 1,197 vehículos para 56 instituciones públicas. 

En la misma se busca la compra y no el alquiler de los automotores, se licitaron 207 vehículos pickup y solamente tres camionetas y ninguna es blindada. El valor promedio de cada pickup es de un poco más de 600 mil lempiras, una gran diferencia con el valor de las camionetas que andarían mínimo en un millón de lempiras cada una sin blindar.

Licitaciones brindan más transparencia que fideicomisos anteriores

Si bien este gobierno seguirá usando vehículos de lujo, al menos está realizando licitaciones a las que se les podrá dar seguimiento, a diferencia de la pasada administración.

El gobierno de Juan Orlando Hernández usó fondos de la Tasa de Seguridad para realizar las contrataciones de patrullas y camionetas durante toda su gestión, por lo que aún hasta la fecha se desconocen los valores y las condiciones de contratación.

En 2015 se ventiló el caso de corrupción, conocido como el “patrullazo“, mediante el cual el entonces presidente Juan Orlando Hernández anunció la compra de 500 patrullas, pero realmente se alquilaron a una compañía nacional a través del fideicomiso de la Tasa de Seguridad.

Al hacer adquisiciones a través de este mecanismo se privó a los ciudadanos de detalles de compra y valores, ya que se amparaban en la derogada Ley de Secretos, que se usó como un blindaje a la corrupción.

Hasta la fecha, luego de más de 18 meses del nuevo gobierno, la ministra de Finanzas Rixi Moncada, sigue denunciando que aún no han podido acceder a una buena parte de la información de las compras realizadas a través de los fideicomisos que desembolsaron más de 30 mil millones de lempiras.

Criterio.hn obtuvo un documento mediante el cual miembros del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, en diciembre de 2021, un poco más de un mes antes del cambio de gobierno, instruyen al entonces presidente del Banco Central de Honduras, Wilfredo Cerrato, a cumplir con el pago de casi 700 mil dólares de un contrato de arrendamiento de vehículos tipo patrullas.

El documento detalla que se deben realizar ocho pagos de 85,470 dólares de diciembre de 2021 hasta julio de 2022 a la empresa Latin American Armored Rentals S.A. (LAARSA), correspondientes al contrato TSP-CO-CA-014-2021 de agosto de 2021.

El monto total de los pagos, según el documento, es de 683,760 dólares, equivalentes a 16,820 millones de lempiras, unos 2,1 millones de lempiras mensuales.

Este contrato se realizó tan sólo cinco meses antes del cambio de gobierno. El abogado de la Asociación para una Sociedad más Justa, Kenneth Madrid explicó que “los contratos que superan los periodos de gobierno deben forzosamente ir al Congreso Nacional”.

En el documento no se refleja que el contrato haya pasado por la aprobación del Congreso Nacional, pero sí define que “esta transferencia está clasificada como secreta con base en la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y la Defensa“.

En opinión de Madrid todos estos contratos de la Tasa de Seguridad “debieron ir al Congreso Nacional y debieron estar sujetos a todos los procedimientos de la Ley de Contratación del Estado y nunca debieron suscribirse como fideicomiso… utilizaron la figura del fideicomiso para mezclar fondos públicos en un comité técnico y obviar la Ley de Contratación del Estado”.

Se desconocen los detalles del proceso de contratación, la cantidad de vehículos arrendados y las condiciones, lo que si se conoce es que la empresa Latin American Armored Rentals S.A. (LAARSA), fue ligada al exdiputado y hermano del expresidente Juan Orlando Hernández, Juan Antonio “Tony Hernández “, quien cumple en Estados Unidos una sentencia de cadena perpetua más 30 años de prisión por tráfico de drogas.

Se reveló en el proceso contra Tony que “uno de los teléfonos incautados a Hernández Alvarado, en conexión con su arresto, contenía documentos relacionados a tratos comerciales que implicaron, entre otras, a una compañía llamada Sociedad Mercantil Tradeco de México (también referida en los documentos como «TRADECO») y una compañía llamada Profesionales de la Construcción S.A. de C.V., y cheques emitidos por una compañía llamada Latin American Armored Rentals S. A. a una compañía llamada J y V Hernández S. de R.L”.

  • Joan Suazo
    Joan Humberto Suazo es un periodista hondureño que ha trabajado temas de corrupción, acceso a la información, transparencia, datos y Derechos Humanos. Ha trabajado con importantes medios internacionales como Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), New York Times y American Quarterly, y organizaciones como Transparencia Internacional Capítulo de Honduras entre otros. Ha participado en programas académicos en Suecia, Mexico, Colombia y los Estados Unidos con el Centro Internacional de Periodismo (ICFJ) y es miembro profesional de la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales (ECA) del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

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