Tegucigalpa.- La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, aseguró este martes que “no descansaremos hasta que se garantice justicia para Berta” Cáceres y “la protección para su familia” y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
En un mensaje de video difundido en su cuenta de Twitter, la abogada de derechos humanos dijo también que continuarán pendientes del debido proceso en el juicio contra el gerente de la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA), David Castillo, “acusado de la coautoría del atroz asesinato de Berta”.
En un país como Honduras, donde el peligro de muerte es constante para las personas defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente, y la impunidad es casi absoluta, el juicio contra Castillo “cubre un relevante significado porque además ha sido posible gracias a la incansable exigencia de justicia de la familia de Berta, el Copinh y de las organizaciones que valientemente les acompañan a pesar de los riesgos que su lucha les ha implicado para su seguridad e integridad”, agregó.
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Recordó también que ese proceso judicial inició en abril “tras una larga espera” y que tanto la familia de Cáceres, el Copinh y las organizaciones de derechos humanos que les acompañan “hemos denunciado los obstáculos durante las investigaciones y durante este juicio que atenta contra los derechos a la verdad, justicia y reparación”.
Así mismo, la directora de Amnistía Internacional para las Américas dijo que “rechazamos todo intento o campaña de estigmatización que busca deslegitimar la labor de defensa de derechos humanos del Copinh y el reclamo de justicia de la familia de Berta”.
Señaló que los actos de acoso y amenaza que han sufrido los familiares de la extinta lideresa indígena, incluidas sus hijas, y miembros del Copinh “representan graves ataques ante los cuales el Estado tiene la obligación de protegerles”.
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Guevara Rosas consideró que el asesinato de Berta Cáceres “es uno de los crímenes más emblemáticos contra personas defensoras de derechos humanos que ha conmovido a la sociedad hondureña e internacional”.
Y además, fue una “tragedia anunciada”, ya que la defensora del ambiente y el Copinh “habían denunciado reiteradamente las agresiones y las amenazas de muerte contra ella”, las que habían aumentado “mientras lideraba esfuerzos de resistencia contra la construcción de la empresa hidroeléctrica Agua Zarca y su devastador impacto en el territorio del pueblo indígena lenca”.
El 3 de marzo del 2016, la defensora de derechos humanos y lideresa lenca fue asesinada a balazos por sujetos que ingresaron a su casa en el municipio de La Esperanza, departamento de Intibucá, al occidente de Honduras.
