Criterio.hn se contactó con la Fiscalía Especial de los Delitos Contra la Vida para conocer si hay nuevos elementos que han sido incorporados al proceso de investigación, pero la información proporcionada fue “se vendrán más requerimientos” y no hubo respuesta sobre si hay policías siendo investigados por su participación en el crimen que, a casi un año, aunque hay procesos judiciales en curso, sigue arropado con el mando de la impunidad
Tegucigalpa, Honduras. – Aunque la cúpula policial confesó que las municiones utilizadas para perpetrar la masacre en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) eran del Estado, y el Ministerio Público (MP) se refirió a la complicidad que hubo por parte los uniformados penitenciarios para concretar el hecho violento que acabó con la vida de 46 privadas de libertad, ningún policía, a casi un año de la tragedia, está siendo sujeto aun proceso judicial por este emblemático caso que enlutó el país.
A finales de 2023, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, que tenía un poco más de cinco meses en el cargo tras la separación de Ramón Sabillón, aceptó que las municiones utilizadas en la masacre pertenecían a la institución policial, pero justificó que estas se sustrajeron de sus arcas en gobiernos anteriores.
“Descartamos que en esta administración se hayan sustraído este tipo de munición para la comisión de algún delito”, argumentó Sánchez luego de que comenzaran a surgir cuestionamientos sobre la complicidad de la institución, ya que en la cárcel de mujeres se encontraron 119 casquillos de bala percutidos con las siglas estampadas “IMI.PN“, que significan Industria Militar Israelí, pertenecientes a la Policía Nacional.
Luego resonaron señalamientos al Ministerio Público por la ineficiencia con la que se estaba manejando este caso. Roberto Blen, titular de la Fiscalía Especial de los Delitos Contra la Vida (FEDCV) y encargado de llevar el proceso de investigación, se defendió de las acusaciones e increpó, tratando de evadir la atención, que en el hecho hubo irresponsabilidad por parte de las autoridades policiales penitenciarias.
“No se puede obviar que la irresponsabilidad de ese centro penal, al permitir el ingreso de esa barbaridad de armas y municiones, pone en evidencia la fragilidad no solo de los centros penales, sino del personal que está ahí asignado”, precisó Blen, quien, aunque argumenta tener las pruebas, no presentó ni ha presentado ningún requerimiento contra algún uniformado implicado.
Entonces, desde que se registró el hecho que acabó con la vida de 46 mujeres han transcurrido 352 días y nuevamente afloran cuestionamientos al proceso de investigación que está llevando Blen e involucra a la institución armada por posiblemente estar encubriendo autores intelectuales que pudieron haber sido autores intelectuales.
Durante este tiempo, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida sólo ha logrado presentar 16 requerimientos fiscales contra privadas de libertad integrantes de la pandilla Barrio 18 que supuestamente fueron parte material del crimen. De estas, 8 enfrentarán el respectivo juicio en noviembre de este año, pero no hay nada en contra de algún funcionario policial que, al menos, haya atestiguado la escena.
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SE DEBE DEDUCIR RESPONSABILIDAD A FUNCIONARIOS POLICIALES
La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, quien hace un par de semanas huyó del país por supuestas amenazas de muerte provenientes de la misma institución a la que pertenece, aseguró que es paradójico que este hecho violento únicamente esté recayendo sobre 8 privadas de libertad, mientras algunos autores intelectuales, que aseguraron integran la Policía, están gozando de la plena impunidad que permea en el entramado legal del país.
“Esa gran tragedia de muerte bajo custodia no puede recaer ahora en 8 personas aisladas; eso jamás será creíble por sí solo. Los autores intelectuales que permitieron la confabulación con la omisión en este caso deben también rendir cuentas y allí los protagonistas son la fuerza operativa policial que tenía conocimiento de que este hecho lamentable sucedería”, mencionó la funcionaria en conversaciones con este medio de comunicación.
Villanueva señaló que los responsables incluyen a aquellos elementos policiales que proporcionaron municiones y armas, permitieron el ingreso de combustible y, sobre todo, señaló a los integrantes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) que recibieron información sobre lo que estaba a punto de suceder, pero no reaccionaron para evitar la tragedia.
“Deben rendir cuentas los que proporcionaron municiones y armas, permitieron el ingreso de combustible, funcionarios policiales activos de alta jerarquía DPI y otros más que recibieron los informes de inteligencia y de investigación que sabían lo que estaba ocurriendo y callaron porque la cadena de mando es cerrada y vertical”, precisó.
Cuando se registró la masacre, la Policía Nacional estaba a cargo de la intervención penitenciaria a través de una comisión interventora liderada por Julissa Villanueva. Sin embargo, Villanueva denunció posteriormente que el hecho se utilizó como pretexto para removerla de esa función, lo que finalmente ocurrió en julio cuando la Policía Militar del Orden Público (PMOP) asumió el control de los centros penales.
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INVESTIGACIÓN DEBE APUNTAR A OFICIALES QUE ESTABAN RESGUARDANDO A LAS PRIVADAS DE LIBERTAD
El director del Observatorio del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Daniel Cáceres, opinó que el proceso de investigación debería apuntar a los autores intelectuales, así como también a los policías que estaban encargados de proteger la integridad de las privadas de libertad.
“El Conadeh ha señalado que el Ministerio Público debe realizar una investigación exhaustiva, ya que estamos hablando de muertes de personas que estaban bajo custodia del Estado. Entonces, no solo deben ser responsabilizados los autores materiales, sino también las autoridades que en el momento de los hechos tenían la responsabilidad de resguardar la integridad de las personas”, mencionó Cáceres en conversaciones con Criterio.hn.
El Conadeh en diversas ocasiones ha cuestionado el proceso de investigación que se está llevando en este emblemático caso, pero, pese a eso, hasta el momento no hay indicios que sugieran un cambio de rumbo para que los autores intelectuales también sean procesados judicialmente.
Criterio.hn se contactó con la Fiscalía Especial de los Delitos Contra la Vida para conocer si hay nuevos elementos que puedan ser incorporados al proceso, pero la información proporcionada fue “se vendrán más requerimientos” y no hubo respuesta sobre si hay elementos policiales siendo investigados por su participación en el crimen que, a casi un año, aunque hay procesos judiciales en curso, sigue arropado con el mando de la impunidad
