Organizaciones defensoras de los derechos humanos interpusieron en abril pasado un recurso de amparo a favor de 15 mil niñas, niños y adolescentes que viven en la calle y que están en alto riesgo de contagiarse del Covid-19, pero hasta el momento el amparo ni siquiera ha sido admitido.
Covid-19 ya ha cobrado la vida de al menos seis niños, niñas y adolescentes
Por: Redacción CRITERIO.HN
Tegucigalpa.-Son las diez de la noche, la lluvia de mayo trae un ligero viento álgido en los barrios de la Leona, aún queda un poco de aire en la capital. En una de estas vueltas, todas las noches más de seis niños y niñas salen a jugar fútbol, algo muy poco visto en estos tiempos por la inseguridad que arropa al país. La felicidad cabe en un gol, por estos lados. Pero la otra cara de la moneda nos confiesa la realidad de cientos de menores y jóvenes que viven en la calle y de quienes hoy padecen el coronavirus y mueren a causa de esta enfermedad.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió a inicios del brote del Civid-19, que los geriátricos serían una de las poblaciones más propensas a contagiarse, sin embargo, en Honduras la niñez y juventud ha sido una de las más perjudicadas.
De acuerdo con los dudosos datos proporcionados todas las noches mediante cadena radial y televisiva del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) la pandemia ya ha cobrado la vida de seis niños, niñas y jóvenes en Honduras.
Hasta el momento Honduras registra 5,094 casos, siendo los departamentos de Cortés y Francisco Morazán con el mayor número de contagios y muertes.
Con estos datos, la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Jóvenes, Adolescentes y sus Derechos (Coiproden), realiza un monitoreo diario y señalan la existencia de mil quinientos casos, entre los cuales, 310 corresponden a niños y niñas entre los 0 y 18 años y 1,306 entre jóvenes de 19 a 30.
Noventa y dos casos pertenecen a la primaria infancia, o sea menores de cero meses a cinco años. “Es la primera infancia. Esto debería llamar la atención de la sociedad en general, con relación que debe asumir la institucionalidad del Estado para enfrentar esta pandemia”, asevera Wilmer Vásquez, director de Coiproden.
Según las declaraciones emitidas el pasado 28 de mayo por el gobernante, Juan Hernández, los hospitales no están en malas condiciones y aún tienen la suficiente capacidad para atender más personas contagiadas. “Si nos hemos visto en dificultades, pero no es nada grave”, dijo. Sin embargo, esto se contrapone con las múltiples denuncias que ha realizado el personal de salud, evidenciando que no cuentan con los insumos necesarios y las pésimas condiciones de los centros hospitalarios.
Abonado a ello, no existen condiciones para atender a los menores de edad, menos un protocolo que indique un trato especializado y que garantice salvaguardar su vida y, con ello, el futuro del país se desmorona ante los ojos de quienes se lucran con los exorbitantes presupuestos aprobados en el Congreso Nacional.
“SI ESTUVIERA EN HONDURAS NO HUBIESE IDO AL HOSPITAL”
La infodemia, un término utilizado por la OMS hace referencia a toda aquella información errónea que se publica, en torno a este nuevo virus y que genera una reacción negativa en la sociedad, tomando represalias contra quienes han sido contagiadas, están contagiadas y laboran en el sistema de salud.
Desde CRITERIO.HN tuvimos la oportunidad de conocer el relato de la joven Pamela Lagos, una hondureña, residente en los Estados de Unidos. Lagos, tiene 28 años y dos hijos. Hace tres años decidió emigrar al país norteamericano en búsqueda de nuevas oportunidades para llevar una vida segura y digna. Al igual que miles de hondureñas, también la golpeó la violencia que se vive a diario en los barrios y colonias. “La inseguridad en el país, la colonia donde habitaba es bastante peligrosa.”
A Pamela le diagnosticaron Covid-19 hace más de dos meses. Gripe, tos, fiebre y pérdida del olfato, fueron algunos de los síntomas que presentó. Decidió visitar un hospital y realizarse la prueba, cuando le entregaron los resultados positivos, la enviaron a aislamiento en su hogar. “Me traté en casa”, cuenta.
Permaneció aislada más de tres semanas. No tenía contacto con sus hijos. Una de las emociones más frecuentes, fue el miedo, miedo de perder la vida y dejar a sus dos menores y aún más por estar en un país extranjero y miedo de contagiarlos. “Fue difícil. La fuerza me la daba Dios”, nos dice.
Pamela considera que de haberse enfermado en su país natal no hubiese asistido a ningún hospital. “En los hospitales de Honduras se muere una”. También señala que parte de esa decisión sería porque la atención es de mala calidad y comprende que parte del personal médico ama la profesión, pero el resto se equivocó y lo demuestran en el mal trato que le dan a los y las pacientes, indistintamente de la enfermedad que tengan.
LOS DERECHOS IGNORADOS
En Honduras al menos 15 mil niños, niñas y adolescentes viven en la calle, según estudios de Casa Alianza, situación que desnuda la exclusión social de ese sector población y la falta de compromiso del Estado hondureño por proteger los derechos fundamentales.
A razón de la pandemia por el Covid-19, en abril pasado, organizaciones defensoras de los derechos humanos presentaron ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un recurso de amparo a favor de esos 15 mil niños, niñas y adolescentes que viven en la calle.
El recurso legal, que argumenta el riego de muerte que corre la niñez y adolescencia que vive en las calles, fue presentado por: Estudios para la Dignidad: Bufete de Derechos Humanos, COIPRODEN, Casa Alianza, FUNDAMBIENTE y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).
En su escrito, los amparistas denuncian que el Estado de Honduras ha normalizado la violación de todos los derechos de la niñez y adolescencia que sobreviven en calle, ha desobedecido las directrices y recomendaciones que en los últimos 30 años le han hecho organismos como el Comité de Derechos del Niño de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; entre otros y, en consecuencia, hoy de manera adicional, se enfrentan a un altísimo riesgo de contagio y muerte por el Covid-19.
Pese a que ya ha pasado más de mes y medio de la presentación del amparo, la Corte ni siquiera lo ha admitido, lo que evidencia la falta de voluntad política por parte del Estado hondureño por cumplir su obligación de proteger los derechos de la niñez, adolescencia y juventud.
ESTADÍSTICAS QUE EVIDENCIAN LA PRECARIEDAD
El Instituto Nacional de Estadística (INE) registraba en el 2013, que el 39.4 por ciento de la población es menor de 18 años, es decir 3,493,181. De estos, el 50.4 por ciento son hombres (1,760,050) y el 49.6 por ciento, mujeres (1,733,131). El 52.6 por ciento (1,837,813) de la niñez y adolescencia vive en zonas urbanas y el 47.4 por ciento (1,655,368) en zonas rurales. El 46.3 por ciento de la niñez y adolescencia vive en cuatro departamentos: Cortés, Francisco Morazán, Yoro y Atlántida,
Uno de los informes del Programa de Cooperación entre el Estado de Honduras y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) indica que alrededor del 44% de los niños y niñas entre 3 y 17 años estaba fuera del sistema escolar en 2014. Siendo los más excluidos quienes viven en la zona rural (48.7%).
Otro informe de UNICEF del 2018, evidencia que solo el 84.4 por ciento de los hogares tiene acceso al agua por servicio público o privado y el 3.3 por ciento usa el agua del vecino o de otra vivienda y el 12.3 por ciento accede al agua por otros métodos
De las familias hondureñas, solo el 37.7 por ciento de los hogares tienen sus inodoros conectados a alcantarillas. El 23.9 por ciento usan letrinas y el 21.5 por ciento tienen pozos sépticos. El 7.1 por ciento no tiene ninguna forma de eliminación de excretas.
Y el once por ciento aún usa candil, lampara de gas, candelas, energía solar u ocote y un 87.8 utiliza energía eléctrica, pagando excesivos recibos que incrementan mes a mes por parte de la firma honduro-colombiana, Empresa Energía de Honduras (EEH).
Sumado a esto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), señala que las peores situaciones de pobreza se evidencian en Bolivia, México y especialmente en Honduras, con más del 35% de pobreza extrema.
Todos estos datos nos revelan, la precaria situación que se vive en Honduras y que se profundiza más por la priorización incoherente de las necesidades, ya que la mayor carga presupuestaria se orienta a gastos de defensa y seguridad.
“El gobierno de Juan Orlando Hernández sistemáticamente ha aumentado el gasto en seguridad y defensa, a costa de la inversión en salud y educación, siendo los principales afectados de esta situación los niños y niñas”, nos dice Elías Villalta, integrante de la Red Coiproden.
En la actual crisis sanitaria, las familias deben enfrentarse al desempleo, al sistema de salud colapsado, y a un sistema educativo que les exige enviar sus notas a través de medios digitales, cuando no cuentan con internet en sus hogares.
En ese sentido, Elías, lamenta el pésimo y descontextualizado abordaje por parte de la secretaría de Educación que, sin planificación alguna, presiona y exige a los docentes y estudiantes a enviar sus tareas a través de Facebook y WhatsApp sin tener en cuenta las limitaciones de acceso a recursos tecnológicos y herramientas online. “De manera inmediata la secretaría de Educación debería en este momento clausurar el año lectivo para evitar a madres, padres y estudiantes la frustración de una modalidad de enseñanza para la cual ninguno de los actores que interviene en el proceso educativo está preparado”, comenta Elías.
Una familia que vive del día a día, vendiendo ropa en uno de los mercados de Comayagüela no tiene la capacidad de llevar a su hija e hijo a una clínica privada, mientras que los hijos del presidente se pueden dar el lujo de ser atendidos en el Hospital Militar, con los impuestos que pagan, los que menos ganan, reciente el defensor de los derechos humanos.
Además, el tener que convivir con el agresor en casa, generando un ambiente inhóspito para los menores que puede tener consecuencias psicológicas a futuro. Los niveles de violencia, ansiedad, miedo en que se encuentran las niñas y los niños afectan su salud física y psíquica, dejando secuelas en su desarrollo emocional y cognitivo.
Para Villalta, la pandemia del Covid-19 solo ha venido a visibilizar y profundizar las condiciones de vulnerabilidad y desatención por parte del Estado de Honduras.
Si la situación de la niñez y juventud antes era precaria, con la pandemia se ha intensificado, dejando a miles de familias hondureñas sin empleo, buscando posibles salidas para seguir sobreviviendo, en un país donde lo único que prometen quienes ostenta el poder, es llenar sus bolsillos sin importar quienes, y cuántos mueran, comenta Elías Villalta.
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¿Y EL TRABAJO DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO?
La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), se creó mediante Decreto Ejecutivo PCM-27-2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 06 de junio de 2014, con una supuesta independencia técnica, funcional y administrativa.
La función de este órgano consiste en proteger los derechos de la niñez y juventud en el país, tomando como punto de partida la Constitución de la República, el Código de la Familia y los convenios internacionales de los cuales es parte el Estado.
Para el año 2017 el presupuesto asignado al Dinaf, fue de 97.6 millones de lempiras, el mayor gasto se registró en el pago de salarios, invirtiendo un monto de 60, 065,571,12, lo que representa el 68 por ciento del monto total. Mientras que, en el programa de tercerización, el cual consiste en el pago de estipendios a familias que prestan el servicio de cuidados a niños y niñas, solo se invirtió 14,853,152.67 lempiras.
El 29 de abril pasado, el Dinaf recibió por parte de Plan Internacional Honduras un donativo de 900 kit de bioseguridad compuestos por mascarillas, gorros, guantes, cubre botas, gel antibacterial, más 99 lentes protectores, los cuales serían entregados a menores de las distintas partes del país, entre ellos los migrantes retornados, quienes de acuerdo con denuncias presentadas por la ciudadanía se encuentran en riesgo.
En la página oficial del Dinaf se visualiza un comunicado, emitido el pasado 31 de marzo el que detalla la creación de un protocolo de atención a la infancia desprotegida y de manera especial a niñez en situación en calle, información que se contrapone con los llamados que han hecho organizaciones defensoras de la niñez y juventud para implementar un protocolo y el respeto de los presupuestos aprobados.
LEYES Y TRATADOS QUEDAN EN EL AIRE
El artículo 11 del Código de la niñez y juventud establece: “los niños tienen derecho a la vida, a la salud, a la seguridad social, a la dignidad, a la libertad personal, a la de expresar sus opiniones, a la nacionalidad, a la identidad, al nombre y a la propia imagen, a la educación, a la cultura, al deporte, a la recreación y al tiempo libre, al medio ambiente y los recursos naturales, a la familia.”
De igual modo, la Convención sobre los derechos del niño, recalca en el artículo 24 que los Estados deben reconocer el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados deberán asegurar el cumplimiento de este derecho y la adopción de medidas para reducir la tasa de mortalidad en la niñez.
Para garantizar el derecho a la vida y a la salud de la niñez y juventud, el director de Coiproden, Wilmer Vásquez, hace un llamado al gobierno para que apruebe un protocolo a nivel nacional de salud integral y protección e implemente campañas para sensibilizar a la población a fin de evitar el contagio del Covid-19.
Asimismo, priorizar los presupuestos de acuerdo con las problemáticas que enfrenta el sistema sanitario y utilizarlos para garantizar los derechos de la niñez y adolescencia.
De su lado, Elías Villalta pide que los presupuestos no vayan a los bolsillos de la clase política y corrupta, misma que está promoviendo el Código Penal que favorece la impunidad y el autoritarismo.
“Con la cantidad de dinero que se ha aprobado para el abordaje de la pandemia, es suficiente para que niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos, ancianos puedan tener garantizada su seguridad material y el acceso a servicios de salud de calidad”, apunta Villalta.
Previo a la propagación del Covid-19, el gobierno de Honduras aprobó una emergencia sanitaria desde el 10 de febrero pasado, evadiendo desde aquel momento los proceso establecidos en la Ley de Contratación del Estado. Hasta la fecha el gobierno ha aprobado un presupuesto de más de 100 mil millones de lempiras ($ 4.000 millones) provenientes de fondos nacionales, préstamos y donaciones, sin rendir cuentas a la ciudadanía.
La falta de transparencia está favoreciendo transacciones corruptas que han salpicado a varios funcionarios del gobierno, sin que ninguna institución del Estado procure la protección de los derechos colectivos y castigue a los corruptos.
El pasado 27 de marzo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió las consecuencias que generaría la crisis sanitaria en la niñez y juventud, por lo que recomendó a los Estados a adoptar medidas urgentes y reforzadas para asegurar el goce de los derechos de niñas, niños y adolescentes. “La CIDH insta a priorizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes frente a la pandemia, en particular de quienes no cuentan con cuidados familiares, que están en situación de calle, en condición de pobreza, en centros de privación de la libertad y quienes se encuentran en instituciones de cuidado”, estableció el organismo continental.
