Por: Viena Hernández
Tegucigalpa. –El Poder Judicial informó este viernes que el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción declaró “No ha Lugar” el beneficio de la Ley de Amnistía solicitado por la defensa de Roberto David Castillo y Roberto Martínez Lozano, ambos acusados en el caso Agua Zarca.
#TribunalDeSentencia en Materia de Corrupción declara No Ha Lugar la aplicación del Decreto de Amnistía (04-2022) solicitado por las defensas de Roberto David Castillo y Roberto Martínez Lozano acusados en el caso Agua Zarca. pic.twitter.com/LAsWTDwfwx
— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) April 1, 2022
Desde octubre de 2021, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), los familiares de Berta y población que ha seguido el caso, esperan la sentencia contra Castillo encontrado culpable en calidad de coautor en el asesinato de la lideresa indígena y defensora del ambiente, Berta Cáceres.
David Castillo está acusado por los delitos de fraude y uso de documentos falsos con relación al licenciamiento del proyecto Agua Zarca sobre el río Gualcarque, en las comunidades lencas del occidente de Honduras.
Desde el ocho de marzo, los abogados Ritza Antúnez y Juan Sánchez Cantillano presentaron la solicitud ante el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción, para lograr el beneficio de amnistía a favor de David Castillo.
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Mientras que Roberto Martínez Lozano, exgerente de la ENEE, es imputado por los delitos de abusos de autoridad y fraude.
La resolución de la audiencia ad hoc concluyó que, por unanimidad de votos, los jueces del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, denegaron la petición de Castillo y Martínez, quienes solicitaron la aplicación del decreto de amnistía 04-2022.
De esa forma, establecen que los solicitantes no cumplen con los requisitos para gozar del indulto, pues los hechos de los encausados no tienen connotación de líderes o dirigentes que afrontaron las represalias por mantener su postura o manifestarse en rechazo al golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
El 16 de marzo de 2022, el Tribunal de Sentencia de Corrupción había anunciado la realización de la audiencia de amnistía solicitada por la defensa de Castillo y Martínez.
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AMNISTÍA ES PARA LAS VÍCTIMAS NO PARA VICTIMARIOS DEL GOLPE DE ESTADO
El expresidente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), Roberto David Castillo Mejía, solicitaba la amnistía por haber sido funcionario de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) durante el gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009).
Anteriormente, en un comunicado, el Copinh denunció y rechazó la utilización ilegal e ilegítima del decreto de amnistía que, como su nombre lo indica, solo debe ser utilizado en los casos de presos políticos y de conciencia, víctimas de persecución por el golpe de Estado, no por los victimarios.
En ese sentido, la esencia de la creación de la amnistía, debe ir sujeta a evitar convertirse en fuente de impunidad, por el contrario, debe servir como acto de justicia para las personas que fueron criminalizadas por luchar contra los efectos del golpe de Estado, dijo el Copinh.
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Diversos sectores apuntan que no debe permitirse que personas vinculadas a actos de corrupción apliquen a la Ley de Amnistía, pues su única motivación es que se suspenda el proceso que se lleva en su contra, en este caso, el del Fraude Sobre el Río Gualcarque, presentado por la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
Además de haber sido sindicado en el caso Fraude Sobre el Río Gualcarque, Martínez Lozano fue denunciado, en julio de 2018, por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), porque se le supone responsable de haber causado perjuicio por una suma de 102 millones de lempiras en detrimento del Estado de Honduras.
Además, a Lozano se le señaló por haber realizado contratos con empresas de la familia Rivera Maradiaga, conocidos como el cártel de Los Cachiros y por el fraude en proyecto Patuca III donde altos funcionarios de la ENEE conspiraron para manipular, adulterar y pagar millonarios contratos de obras y servicios sobrevalorados, al margen de la Ley de Contratación del Estado.
