Por: Ariel Torres
Edición: Emy Padilla
Portada: Reynaldo Raudales
Fotografías: Fernando Destephen
Gráficos: Guillermo Burgos
redaccion@criterio.hn
IV ENTREGA/ Honduras Solidaria: la pandemia del asistencialismo
Tegucigalpa. -En las jugosas ventas de la Operación Honduras Solidaria (HS) no podían quedar atrás las multinacionales que se han afincado en Honduras y empresarios nacionales ligados al poder económico y político y que sus negocios han crecido como la espuma en los últimos años.
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De los 757.5 millones de lempiras gastados para la Operación HS en su modelo centralizado, el 10 % fue absorbido por las ventas de empresas multinacionales que operan con compañías filiales o subsidiarias en Honduras.
En su cuarta y última entrega de la serie Honduras Solidaria: la pandemia del asistencialismo, Criterio.hn te detalla los nombres y los montos de las empresas multinacionales que se convirtieron en proveedores del Estado para atender la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.
En primer lugar, de los consorcios internacionales se ubica la empresa Nestlé, la cual vendió al programa asistencialista 35.2 millones en sopas y cubitos de pollo.
Esta compañía de origen suizo, con presencia en 187 países, opera en Honduras desde 1964, donde se ha convertido en uno de los principales compradores de café del país. La empresa, gerenciada a nivel nacional por el suizo Kim Waigel, compra 300 mil quintales del grano hondureño, representando la mitad de sus adquisiciones a nivel centroamericano.
La segunda subsidiaria más beneficiada fue Derivados del Maíz de Honduras S.A. (DEMAHSA), propiedad del Grupo Gruma S.A.B. de C.V., una de las principales empresas mexicanas de la industria alimentaria. Por su venta de harina de maíz y de trigo, esta empresa ingresó 33 millones de lempiras.
El Grupo Gruma cuenta con 79 plantas y comercializa sus productos en 112 países, lideradas por la marca Maseca. A nivel centroamericano, se coloca entre las 30 principales empresas de la industria en general y entre las primeras 10 del sector de alimentos.
La familia González Barrera, fundadora del Grupo Gruma, es considerada la séptima familia más rica de México. Se trata de un consorcio que tuvo en Carlos Hank González a uno de los personajes más icónicos del empresariado y la política de ese país norteamericano, a quien se le atribuye la frase de «un político pobre es un pobre político».
Esta empresa llegó a Honduras en 1987 con la creación de la empresa DEMAHSA, donde construyeron una de las plantas de producción más moderna de América Latina, tras una inversión de 40 millones de dólares.
Por su parte, la Distribuidora Interamericana de Alimentos S.A. (DIA) vendió 24.3 millones de lempiras en pastas. Esta empresa forma parte de la Corporación Multi Inversiones (CMI), uno de los consorcios más poderosos de Centroamérica.
Fundada en 1936, CMI es propiedad de la familia dirigida por el guatemalteco Dionisio Gutiérrez, considerado como el segundo hombre más rico de la región y, quizá, el empresario más influyente en la arena política de su país.
CMI es la mayor productora de pastas a nivel centroamericano, absorbiendo varias marcas, entre ellas, compró en 1998 la marca Bruni, de origen nacional. En Honduras también es dueña de la empresa CADECA, quien a través de Pollo El Rey, concentra casi 50 % de la producción avícola.
La conexión de Dionisio Gutiérrez con Honduras, además de económica tiene también un curioso y dramático vínculo personal, ya que sus padres fallecieron en un accidente aéreo en 1974, cuando viajaban para ayudar a los damnificados del huracán Fifí en la zona norte del país.
El consorcio CMI es también dueño de la franquicia Pollo Campero (cuenta con 400 restaurantes en 15 países), un emporio que se extiende al sector financiero, inmobiliario, de telecomunicaciones, en los agronegocios y en la energía renovable.
Los Gutiérrez son uno de los 1,075 millonarios (con fortunas de 30 millones de dólares o más) que hay en Centroamérica, según las organizaciones británicas Wealth-X y UBS. En conjunto, estos empresarios acumulan 142 mil millones de dólares. Por países, el número se reparte con 260 millonarios en Guatemala, 225 en Honduras, 210 en Nicaragua, 160 en El Salvador, 120 en Panamá y 100 en Costa Rica.
Por último, la filial Unilever de Centroamérica S.A. de C.V. ingresó 3.8 millones de lempiras en la Operación HS, por la venta de jabón para lavar platos y pasta de tomate.
Unilever es una empresa británico-neerlandesa, proveedora líder en el mundo de productos de belleza, cuidado personal, alimentos y refrescos, con presencia en más de 190 países. En Honduras amplió sus ventas a partir del 2000, al comprar al Grupo Dinant el portafolio y la producción de la Compañía Cressida.
De acuerdo a Dun & Bradstreet, su filial en Honduras reporta ingresos anuales por 3.5 mil millones de lempiras. Además, esta es otra de las empresas que recibe algún tipo de privilegios fiscales en el país.
OTROS PROVEEDORES DE ALIMENTOS
Con 24.9 millones de lempiras, la empresa Distribuciones de Todo S. de R.L., fue el mayor vendedor de avena para la Operación HS. Esta compañía se dedica a la venta de productos alimenticios, limpieza de plantas solares, venta de combustible, comunicación y tecnología. Ubicada en Choluteca, esta es de las pocas empresas que no estén registradas en la zona central o norte del país.
Por su parte, la Fábrica Especias Don Julio S. de R.L. ingresó 16.9 millones de lempiras por las ventas de cubitos de pollo, pastas y salsas de tomate.
Propiedad de la familia Sabillón Portillo, esta empresa, fundada en 1977 se dedica al procesamiento, importación y exportación de productos de limpieza y alimenticios, bajo las marcas Don Julio y Doña Carmen. Desde el 2019, esta compañía exporta 34 productos a Estados Unidos, donde son comercializados por las tiendas Walmart. De acuerdo a Dun & Bradstreet, la empresa ingresa 287.5 millones de lempiras anuales.
En la otra cara de la medalla, en 2015, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), realizaron una investigación sobre lavados de activos e incautaron varios bienes de Rolando Sabillón Portillo, ligándolo presuntamente al narcotráfico.
Ante las acusaciones de la fiscalía, la familia Sabillón Portillo expresó que todas sus propiedades y bienes habían sido adquiridas de manera legal, y recordaron que incluso el edificio donde operaba el Ministerio Público en San Pedro Sula, era alquilado a ellos, supuestamente por 240 mil lempiras mensuales.
Por último, en noviembre de 2018, cuando Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del presidente Juan Hernández, fue arrestado y declaró ante agentes de la DEA (Administración para el Control de Drogas), mencionó que «el dueño de la empresa Don Julio formaba parte de las reuniones ligadas al tráfico de drogas». Sin embargo, esta presunta vinculación no procedió a una investigación judicial.
En cuanto a los proveedores que vendieron avena, la compañía Alimentos ABC S.A. de C.V. ingresó 6.2 millones de lempiras, la Surtidora Internacional S.A. de C.V. (SISA), 5.1. millones; y, la Distribuciones A.M. de S.A. de C.V., 1.1 millones.
Por su parte, la Compañía Distribuidora S.A. (CODIS) vendió manteca por 1.6 millones de lempiras y la empresa Productos Importados Americanos S.A. de C.V. (PROIMA) vendió 11.6 millones en sardinas a la Operación HS.
Alimentos ABC S.A. de C.V. es una empresa «hermana» del Grupo IMSA, propiedad de las familias Facussé Salomón y Abufele Marcos. Mientras SISA y CODIS, quienes en conjunto sumaron 6.7 millones en ventas, forman parte del Grupo Empresarial Kafie, presidido por Rafael Schucry Kafie Larach.
Como sucede con los Nasser o los Atala, la familia Kafie es de los grupos económicos que en la década de los ochenta no aparecían como los más poderosos de Honduras. En esos años, las Inversiones Kafie representaban apenas 0.06 % del capital financiero del país. Sin embargo, este porcentaje creció en los noventa y en la primera década del presente siglo, hasta convertirse, para algunos, en el grupo familiar económico más poderoso del país.
Actualmente, el Grupo Kafie tiene inversiones en la banca (Ficohsa), en la importación y distribución de consumibles (SISA y CODIS), en la agroindustria, en la producción de alimentos, lácteos, jugos (LACTHOSA), en el sector farmacéutico (DIMESA y DROMEINTER) y, sobre todo, en la generación de energía eléctrica (LUFUSSA).
Como en el caso de otros empresarios que a inicios de los noventa aprovecharon la política de privatizaciones (como los Rosenthal y los Goldstein con Cementos del Norte), los Kafie adquirieron Leche Sula, una empresa estatal creada en 1950, la cual transformaron en Lácteos de Honduras S.A. (LACTHOSA).
Sin embargo, su negocio más rentable ligado al Estado es la generación de energía térmica, llegando a abastecer entre 25 % y 40 % de la energía en el país a través de su empresa Luz y Fuerza de San Lorenzo S.A. (LUFUSSA). De acuerdo a Dun & Bradstreet, esta empresa ingresa 529.7 millones de lempiras anuales. Cabe recordar que después de Nicaragua, Honduras es el país centroamericano con los costos de energía más altos en la región.
Como ocurre con otras empresas, siempre hay escándalos que las salpican. En 2015, el Ministerio Público (MP) presentó un requerimiento fiscal en contra de Schucry Kafie Larach, como mayor accionista de la Empresa Distribuidora Metropolitana de Equipo Médico (DIMESA), a quien se le acusó por el delito de estafa en perjuicio del Instituto Hondureño de Seguro Social (IHSS).
La cabeza más visible del Grupo Kafie fue señalado por la Comisión Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHHS) por sobrevalorar un contrato que ascendió a 2,500 millones de lempiras con esa institución. Por su parte, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), con su investigación «Licitación Fraudulenta del Seguro Social» señaló que el instituto pagó 50 millones de lempiras de más a la empresa DIMESA.
A pesar de las acusaciones, en enero de 2019 el Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán emitió la carta de libertad definitiva a favor de Schucry Kafie Larach, cerrando la causa en su contra. Un año después, la MACCIH también sería clausurada.
Por su parte, la empresa Distribuciones A.M. de S.A. de C.V., propiedad de la familia Maduro, vendió 1.1 millones de lempiras en avena para la Operación HS.
Dirigida por Arturo Osmond Maduro Zelaya, sobrino del expresidente Ricardo Maduro Joest (2002-2006), esta empresa se dedica a la distribución de bebidas y alimentos en todo Honduras.
La familia Maduro es uno de los grupos económicos y políticos más sólidos del país. Durante la década de los ochenta, este grupo absorbía 1.68 % del capital financiero del país. En esos años, Osmond Maduro (hermano del expresidente) fungió como el encargado de «asuntos educativos» para la APROH. Por su parte, Ricardo Maduro dirigió las dos campañas electorales de Rafael Leonardo Callejas, quien ya en el poder lo nombró presidente del BCH y coordinador de su gabinete económico, encargado de implementar las medidas de ajuste neoliberal.
Se afirma que con el impulso adicional del Grupo Roble/Poma de El Salvador, Ricardo Maduro alcanzó la presidencia en 2002, conformando uno de los mandatos más evidentemente «corporativistas» en la historia de Honduras. En su gabinete incorporó a empresarios como Camilo Atala (fundador del Grupo Ficohsa), Eduardo Kafati (Grupo Intur) y a Mario Canahuati (empresario maquilador), entre otros.
También socio de la Corporación Dinant, el grupo de los Maduro es considerado por la Revista Forbes, como el cuarto conglomerado económico más poderoso de Honduras, con una fortuna que asciende a 24.7 mil millones de lempiras.
En medio de la pandemia, este grupo empresarial también ha tenido su cuota de acusaciones. El gerente de Distribuciones A.M. de S.A. de C.V, Arturo Maduro Zelaya, fue vinculado en abril de 2020 por la venta presuntamente irregular de equipos de bioseguridad a Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H), dirigida en ese momento por Marco Bográn, destituido en junio por supuestos actos de corrupción. (Ver publicación de Criterio.hn «Tentáculos de la corrupción sacuden a Honduras»).
De acuerdo con la información trascendida, la empresa Access Telecom, supuestamente propiedad de los Maduro, sobrevaloró el precio de los implementos de bioseguridad hasta en un 100 %, en una orden de compra que alcanzó los 88 millones de lempiras. Como en otros casos, a pesar de las denuncias, no hubo ninguna citación judicial. Semanas después del escándalo, la empresa Distribuciones A.M. de S.A. de C.V fue una de las proveedoras de la Operación HS.
Las compras en suministros alimenticios para este programa asistencialista concluyeron con la inversión de 842 mil lempiras en pastas por la empresa DISNA de Honduras S.A. de C.V., propiedad de la familia Zablah. Mientras a las productoras salineras y camaroneras Hernández y San Lorenzo (ambas ubicadas en el sur del país) se les compró 3.4 millones de lempiras y 252 mil en sal, respectivamente.
Lea, además: Los poderosos proveedores de la «bolsa solidaria» en Honduras
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LOS FARMACÉUTICOS Y PROVEEDORES DE PRODUCTOS DE HIGIENE
De los 757.5 millones de lempiras gastados, 6 % ingresó a las arcas de las empresas Intercosmo S.A. de C.V. e Industrias Chamer S.A., proveedoras de jabones y gel antibacterial. También socios del Grupo Ficohsa, la familia Chahín Chahín es dueña de ambas empresas.
Otro proveedor beneficiado por la venta de gel antibacterial fue la empresa Laboratorios Finlay S.A., al vender 14.8 millones de lempiras de este producto.
Propiedad de la familia Canahuati Larach, esta empresa forma parte de uno de los grupos económicos más influyentes de Honduras. Un núcleo empresarial que cuenta con extensas ramificaciones en diversos sectores, tales como la industria farmacéutica, la financiera, la generación de energía, medios de comunicación, y en la producción de bebidas y alimentos. En el pasado también se le vinculó en una operación de importación y venta de armas a la Policía Nacional de Honduras (PNH) y a las Fuerzas Armadas.
Durante la década de los ochenta, los grupos Larach y Canahuati absorbían en conjunto el 3.8 % del capital financiero de Honduras.
Liderada por Jorge Canahuati Larach, quien fue el primer presidente de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (ASETEL), este grupo tiene una importante cuota de influencia pública al ser dueño de la Organización Publicitaria S.A. (OPSA), de donde se derivan los diarios El Heraldo y La Prensa. Actualmente él es el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Desde su fundación en 1962, el Laboratorio Finlay S.A. es uno de los principales proveedores de medicamentos al Estado hondureño. Para citar un ejemplo, de 2005 al 2011 vendió 288 millones de lempiras a la red hospitalaria pública, convirtiéndolo durante ese periodo en el cuarto máximo vendedor de medicamentos al Estado. De acuerdo a Dun & Bradstreet, este laboratorio ingresa 278 millones de lempiras al año.
La familia Canahuati Larach fue considerada por Forbes, como uno de los cinco grupos más ricos de Honduras, con una fortuna de 32.5 mil millones de lempiras.
Por su parte, el Grupo Macdel, que es una de las 14 empresas farmacéuticas beneficiadas con la exoneración de impuestos para la importación de materias primas como parte de las medidas adoptadas en la emergencia sanitaria, vendió 10.8 millones de lempiras en gel antibacterial y jabones. Dirigida por Víctor Manuel Lara, esta empresa fundada en 1984, reporta ingresos de 339.5 millones de lempiras al año.
Inversiones y Equipos S de R L y Hush Cosmetics Products, S.R.L fueron otros de los mayores vendedores de gel antibacterial y jabones, ingresando 8.8 millones de lempiras cada uno. En mayo, la primera de estas dos empresas también le vendió 100 mil mascarillas a la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO).
Propiedad de los Andonie Bendeck, la Droguería Andifar S. de R.L. de C.V., fundada en 1971, vendió 7.7 millones en gel antibacterial. Esta compañía farmacéutica ingresa unos 254 millones de lempiras anuales. Sus propietarios también figuran como socios del Grupo OPSA, la corporación de medios de comunicación, dirigida por Jorge Canahuati Larach.
La familia Kafie vuelve a figurar, ahora como dueños de la empresa farmacéutica Droguería Médica Internacional S.A. de C.V. (Dromeinter), ingresando 3.5 millones de lempiras.
Dirigida por Alex Rodolfo Kafie Handal, esta empresa fundada en 1987, ha sido una de las mayores proveedoras de medicamentos al Estado. Entre 2005 y 2013, Dromeinter ingresó 480 millones de lempiras por la venta de medicamentos a la Secretaría de Salud. De acuerdo a Dun & Bradstreet, la empresa genera 233.5 millones de lempiras anuales.
En 2017, el nombre de Alex Rodolfo Kafie Handal, quien también fue cónsul honorario de la India, fue mencionado en la investigación de los llamados «Papeles de Malta», una deriva de los «Panamá Papers», donde se reveló cómo ese país europeo se había transformado en un paraíso fiscal (evasión fiscal) para empresas y personas de todo el mundo.
De acuerdo con la investigación periodística publicada por la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), al igual que en Panamá, muchas empresas registran sus compañías en Malta, con el objetivo de pagar menos impuestos. En la investigación aparece el gerente de Dromeinter como director de una empresa registrada en Malta, a nombre de Techno Systems Group Limited.
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Otro de los proveedores de la Operación HS que aparece en estos escándalos mundiales de evasión fiscal, es Gilberto Goldstein, quien supuestamente registró la empresa Melston Investment Ltd. en las Islas Vírgenes Británicas (un diminuto territorio de ultramar con 27 mil habitantes).
Por último, el Grupo Deware S.A. ingresó 751 mil lempiras por la venta de gel antibacterial; el Grupo Jaremar de Honduras S.A. de C.V., 740 mil lempiras por proveer de harina de trigo y jabones; la Distribuidora Comercial Americana S.A. (DECASA) ingresó 584 mil lempiras por su venta de papel higiénico; y, la empresa Modelica S.A. de C.V., vendió 394 mil lempiras en jabón para lavar ropa.
El Grupo Jaremar de Honduras S.A. de C.V. es propiedad del nicaragüense, René Morales Carazo, quien junto a otros ganaderos y agroindustriales como Reynaldo Canales y Miguel Facussé Barjum, amparados por la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (1992), se adueñaron, vía compra, de extensas parcelas de tierras de la antigua reforma agraria en la zona del Bajo Aguán.
Proveniente de una familia de políticos y banqueros, René Morales y su hermano Jaime Morales Carazo se instalaron en Honduras después del triunfo de la revolución nicaragüense en 1979.
Tras el final de la guerra fría, René Morales se volvió dueño de una parte de las tierras del antiguo Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM), donde el ejército estadounidense entrenó a los contrarrevolucionarios centroamericanos. Por su parte, Jaime Morales retornó a Nicaragua en 1996, donde fue jefe de campaña y ministro del gobierno del expresidente Arnoldo Alemán (1997-2002). Posteriormente, en 2007, fue viceministro en el gobierno sandinista de su otrora enemigo, Daniel Ortega.
En Honduras, René Morales también fue socio del Banco Uno S.A., adquirido en 2002 por la empresa multinacional Citigroup. Actualmente, el Grupo Jaremar se dedica a la producción industrial de alimentos derivados de la palma africana, así como a la generación de biomasa. En 2003 adquirió las acciones en Honduras de la empresa multinacional DOLE.
De acuerdo a Dun & Bradstreet, el Grupo Jaremar ingresa 830 millones de lempiras anuales.
Por último, la Distribuidora Comercial Americana S.A. (DECASA), la cual ingresó 584 mil lempiras por su venta de papel higiénico, es una sucursal del grupo salvadoreño Summa Industrial, propiedad de la familia Araujo Eserski, propietarios del Banco Azul, que opera solamente en El Salvador.
En definitiva, estos son los grupos empresariales proveedores de la «bolsa solidaria» implementada por el gobierno que encabeza Juan Hernández. La pandemia para ellos, al menos en este rubro, ha sido un «contagio» rentable.
Un comentario
Es perfectamente lógico que las empresas más grandes ganen las licitaciones estatales, por que son las que cuentan con mayor stock de productos y tienen una mayor rapidez para responder a las demandas de productos y que les solicitan.
Lo ilógico sería que una pulperia gane una licitación por millones.
Si deseo transportar una carga grande utilizo un transporte grande.
Si deseo transportar algo pequeño utilizo un vehículo ligero.