Redacción: Viena Hernández
Foto portada: Jorge Burgos/Criterio.hn
Tegucigalpa. – La despenalización de uso de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE) fue una de las promesas de campaña del ahora gobierno de Xiomara Castro, sin embargo, el tema ha quedado pausado.
En uno de los extremos del bulevar Kuwait al sur de Tegucigalpa, capital de Honduras, se erige un rótulo con la petición de las organizaciones feministas, recordando: “Presidenta estamos con usted. Vamos por la PAE”.
La lucha ha persistido, pero sin efectos, desde la penalización del uso de la PAE durante el gobierno de facto, liderado por Roberto Micheletti, impuesto por los grupos de poder propulsores del golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
El Congreso Nacional que respaldó el golpe de Estado, que llevó a Honduras a una multicrisis, prohibió la venta, el uso y comercialización del fármaco, mediante el decreto Número 54-2009. De esa forma, también prohibieron cualquier política o programa relacionado con la PAE.
En realidad, la situación que va en contra de los derechos reproductivos de las mujeres continuó con los gobiernos subsiguientes, los cuales arreciaron los obstáculos para evitar establecer este y otros derechos de la mujer, así los panoramas no lucían prometedores.
Lea también: Honduras: En video evidencian vulneración a los derechos de las mujeres por prohibición a las PAE
Esa radical imposición e inconsulta decisión, fue respaldada por las iglesias. Así se contrastó el punto de partida de una nueva fase de la maltrecha relación entre el Estado y las mujeres hondureñas.
Sin embargo, 12 años después, al colocar a la primera mujer presidenta en la silla del Ejecutivo, las esperanzas volvieron a encenderse, sobre todo cuando Castro manifestó en su discurso de toma de posesión el pasado 27 de enero de 2022: “Mujeres estoy con ustedes”.
Lea también: Feministas entregan Ley Contra la Violencia y piden uso de PAE a Xiomara Castro
PETICIÓN EN PAUSA
El 8 de marzo, la mañana de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, líderes de organizaciones feministas se presentaron a Casa Presidencial para reunirse con la presidenta Xiomara Castro.
Durante esa visita expusieron diversos temas sobre los derechos de las mujeres que deben fortalecerse, por lo tanto, entregaron una propuesta de Ley Integral contra las Violencias hacia las Mujeres, lo cual actualmente es un anteproyecto que sigue en socialización con la Comisión de Género del Congreso Nacional.
Dentro de la Ley Integral, donde detallan el reconocimiento de otras formas de violencia y reforzamiento de sanciones del Código Penal, se encuentra la violencia gineco obstétrica.
Dentro del documento definen la violencia gineco obstétrica como la limitación del acceso a anticonceptivos, incluidos los de emergencia, realizar procedimientos médicos sin consentimiento de la mujer, negar tratamiento para tratar infertilidad o prevenir la transmisión del VIH, la esterilización forzada, negar servicios para interrumpir un embarazo cuando peligra la salud o vida de la mujer y en casos de violación, el trato deshumanizado, el abuso de la medicación y la patologización de los procesos naturales.
A inicios de abril de 2022, organizaciones feministas y de derechos de la mujer mostraron su repudio ante la ridiculez del anunció del titular de la Secretaría de Salud, José Manuel Matheu, sobre que sostendrían diálogos con la Conferencia Episcopal antes de tomar la decisión de eliminar la prohibición de la PAE.
Lea también: Eliminar la prohibición de la PAE en Honduras se empantana por asuntos religiosos
Desde ese entonces, mientras otros proyectos de ley van en camino, el tema de la Ley Integral donde se exige el derecho del uso del fármaco, ha quedado en pausa, en efecto, las mujeres siguen esperando la aprobación del uso de la PAE.
Mientras tanto, niñas, jóvenes y mujeres continúan siendo víctimas de violación sexual bajo la falta de accionar de los entes de justicia y leyes que castigan pobremente a los agresores, niñas entre los 10 y 14 años son el 50% de las afectadas, según el Observatorio de la Violencia, quedando embarazadas de los agresores, mientras estos continúan libres bajo la persistente impunidad.
