Tegucigalpa.- Representantes de organizaciones de diversos territorios del país y movimientos ciudadanos demandaron este martes en los bajos del Congreso Nacional la derogación de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
Además, exigieron la derogación del Decreto que conforma al Comité de Adopción de Mejores Prácticas (CAMP) y derogación de los decretos que reformaron la Constitución de la República, y otras normas que se hayan creado, reformado o modificado, para poder respaldar dicha normativa inconstitucional.
En un comunicado recordaron que el 30 de julio de 2021 presentamos ante la Secretaría General del Congreso Nacional de la República, la Iniciativa de Ley Ciudadana, respaldada por más de 22 mil firmas de hondureños consientes, mismas que fueron sometidas antes a revisión por el Registro Nacional de las Personas (RNP), quienes validaron que se cumplió con el requisito de contar con más de tres (3) mil firmas debidamente reconocidas, y que el 27 de diciembre del 2021, los diputados de la bancada nacionalista, por falta de quórum para deliberar conforme a lo establecido en la ley, tomaron la decisión de archivar dicha iniciativa, evadiendo sus responsabilidades de actuar conforme a la ley y desobedeciendo al soberano.
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Señalan además que más de 70 municipios y dos departamentos, a través de cabildos abiertos se han declarado libres de ZEDE.
Argumentaron que más de 1.7 millones de ciudadanos otorgaron su voto de confianza a la presidenta Xiomara Castro quien, en múltiples manifestaciones públicas, durante el proceso de campaña, la toma de posesión y otros espacios durante los últimos meses, en representación del gobierno de coalición estableció que una de sus primeras acciones serían derogar la figura inconstitucional de las ZEDE.
Sostiene también que las mal llamadas ZEDE, no son otra cosa que ciudades privadas, que violan nuestra constitución en diferentes aspectos, siendo de los más dañinos, nuestra soberanía, integridad territorial, forma de gobierno, usurpación del sistema judicial y estado de derecho.
Los manifestantes señalan que las ZEDE representan la privatización y el extractivismo en su máxima expresión, donde los servicios públicos desaparecen y son sustituidos por una forma de voluntariado, no clarificada en ningún documento de las ZEDE que se encuentran operando, mismas que ya generan un daño tangible al patrimonio natural y cultural de Honduras.
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Las ZEDE violentan los derechos humanos, el entretejido social de los pueblos, sus derechos colectivos y ancestrales, coartando el acceso al agua, territorio y de su autodeterminación, y que no cumplen con el propósito de generar un desarrollo sostenible, justo y que no es acorde a la realidad hondureña.
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Exigimos la derogación de las zedes