Movimientos campesinos en Honduras, agrupados bajo el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, confrontan al sistema judicial exigiendo respuesta ante la criminalización de sus luchas
En una contundente acción, llegaron a la Corte Suprema de Justicia para denunciar la opresión y exigir la resolución de recursos de inconstitucionalidad. Mientras tanto, la parálisis en la Sala de lo Constitucional y la falta de avances en la administración de Xiomara Castro profundizan la crisis de derechos humanos en el campo hondureño.
Tegucigalpa, Honduras. – Los movimientos campesinos en Honduras han sufrido por años la criminalización y violencia por la defensa del territorio, pero además se enfrentan a un sistema judicial que perpetua la criminalización de las luchas campesinas.
En ese sentido, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia –que acoge a varias organizaciones campesinas en el país—, llegó a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia para denunciar la injusticia y la opresión que sufren en el campo y exigir la resolución de cuatro recursos de inconstitucionalidad que han presentado.
Jaime Cabrera, coordinador de la Plataforma Agraria del Aguán, señaló que a nivel nacional se generaron tomas de carreteras por parte de los movimientos campesinos como una medida de presión para a exigir Poder Judicial una respuesta a los recursos de inconstitucionalidad que han presentado. “Hasta el día de ahora al sector campesino e indígena no ha sido escuchado”, lamentó Cabrera.
El defensor de la tierra y el territorio, Jaime Cabrera fue falsamente acusado de usurpación agravada, asociación para delinquir y privación injusta de la libertad, todos estos delitos, de acuerdo con la Plataforma, fueron fabricados y diseñados por el Ministerio Público de Tocoa, que a criterio del movimiento campesino se ha convertido en el instrumento de las empresas para perseguir y criminalizar campesinos y campesinas en la zona del Aguán.
EXIGEN DEROGACIÓN DE LEYES QUE ABONAN A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA
Mediante un comunicado conjunto de las organizaciones campesinas e indígenas, exigen al Estado y al gobierno hondureño, la derogación de disposiciones que permiten la criminalización de campesinos y campesinas, como el decreto legislativo 93-2021, que agrava el delito de usurpación y reprime la reivindicación de derechos realizada por los sectores populares y organizaciones de derechos humanos.
En ese sentido, solicitan a la Sala de lo Constitucional, que emita sentencia favorable sobre las acciones de inconstitucionalidad interpuestas desde el año 2021 en contra de est decreto.
Actualmente la Sala de lo Constitucional se encuentra paralizada por intereses político-partidistas, que menoscaban en el interés de la ciudadanía hondureña.
Pedro Mejía, abogado del Bufete Estudios para la Dignidad, extendió el llamado al gobierno, Corte Suprema de Justicia y Congreso Nacional. En ese sentido, instó al partido oficialista que, así como “han tenido poder de maniobrar, ejercer y tener el valor de lograr victorias para su partido y gobierno”, demuestren ese mismo valor y arrojo lo tengan asumir los compromisos para con el campo popular y campesino.
Por su parte, el abogado y defensor de derechos humanos, Víctor Fernández, reclamó a la administración de justicia, específicamente a la Sala de Constitucional, que resuelva los recursos de amparo que han presentado.
De igual manera, denunció que mientras los magistrados y magistrados se encuentran en desencuentros originados por su afiliación política partidaria, miles de familias sufren persecución. “hay centenares de casos de campesinos asesinados esperando que haya justicia (…), mientras se ponen de acuerdo sobre los entresijos de los intereses grupos e interés es políticos” enfatizó Fernández.
Lea: La lucha campesina en Honduras se enfrenta a la criminalización, la violencia y el abandono estatal
EXIGEN COHERENCIA
En la lucha campesina que históricamente se ha desarrollado en Honduras, la peor de las partes se la ha llevado el movimiento campesino –que carece de la intervención estatal para garantizar sus derechos humanos—, siendo el receptor de asesinatos, amenazas, desplazamiento y muchos otros actos de violencia y terror ejecutados por el sector agroindustrial en contra del movimiento campesino e indígena, a fin de neutralizar la reivindicación del derecho a la tierra y al territorio.
En ese sentido el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia lamenta que, a dos años del gobierno de Xiomara Castro, no haya avances concretos en favor del movimiento campesino y la ausencia de cambios estructurales significativos para abordar de manera efectiva la crisis de despojo de tierras, violencia y desplazamiento forzado que enfrentan los campesinos y campesinas en Honduras.
Víctor Fernández, coordinador del Bufete Estudios para la Dignidad, denunció que el Comportamiento de Estado de Honduras, es la no priorización de la resolución de los conflictos ni de la tutela de los derechos de la población, principalmente de la población campesina e indígena.
Este panorama, para Fernández tienen “una dinámica política que termina arrinconándose en la defensa de intereses particulares de grupos y de partidos, abandonando a la peor de las suertes a la gente más empobrecida”.
En 2023, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), registró al menos 363 ataques contra 453 víctimas que incluyen tanto a defensores como organizaciones, de las cuales 308 se dedican a la defensa de los derechos humanos y 145 al periodismo.
