Masta advirtió que, si las autoridades hondureñas no proporcionan una respuesta efectiva a la denuncia, llevarán el caso a instancias internacionales para responsabilizar tanto al Estado de Honduras como al titular de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas, Lucky Medina
Tegucigalpa, Honduras.- La organización del pueblo indígenas Moskitia Asla Takanka (Masta) presentó recientemente una denuncia ante la Fiscalía de las Etnias y Patrimonio Cultural del Ministerio Público (MP) contra la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas.
La acusación surge por haber autorizado la construcción de una cárcel en las Islas del Cisne sin llevar a cabo una consulta libre, previa e informada con los pueblos originarios, vulnerando así sus derechos fundamentales.
LA DENUNCIA
En la denuncia interpuesta el 23 de julio de 2024 el pueblo indígena miskito manifestó haber sido discriminado al no ser incluido en decisiones que afectan directamente a las comunidades miskitas, tawahkas, garífunas y pechs, asentadas en el departamento de Gracias a Dios.
Asimismo, señalan que el titular de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas, Lucky Medina, autorizó la construcción sin considerar que Honduras ratificó en 1995 el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que también refiere sobre los Pueblos Indígenas y Tribales.
Este convenio en el artículo 6 promueve el respeto a las culturas y formas de vida de los pueblos indígenas, reconociendo su derecho a las tierras y recursos naturales.
Por lo tanto, el mismo insta a garantizar la participación de dichas comunidades en decisiones que impactan sus vidas y costumbres, haciendo de los principios de consulta previa y participación sean una piedra angular.
En este sentido, la organización advirtió que, si las autoridades hondureñas no brindan una tutela efectiva sobre la denuncia presentada, llevarán el caso ante instancias internacionales para deducir responsabilidades tanto contra el Estado de Honduras como contra el titular de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas.
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CONSTRUCCIÓN INCONGRUENTE CON EMERGENCIA AMBIENTAL
Al respecto, Modesto Morales, uno de los representantes de Masta, informó a Criterio.hn que la denuncia contra la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas ya ha sido presentada ante el Ministerio Público.
Además, el defensor del medio ambiente aseguró que la misma acción de presión se llevará a cabo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En una entrevista anterior había señalado que dicha construcción amenaza el patrimonio biológico y cultural de la zona, donde además habitan especies marinas y aves.
Asimismo, recordó que dicha construcción no está en consonancia con las medidas necesarias tras la declaración de emergencia ambiental en Honduras, vigente desde el 22 de mayo de 2024, decretada por la presidenta Xiomara Castro a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNSD).
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PROTESTA EN OPOSICIÓN CONSTRUCCIÓN DE CÁRCEL
Es importante destacar que esta denuncia no es la primera acción emprendida por los pueblos originarios para detener la construcción de la cárcel en la Isla del Cisne.
El lunes 22 de julio, realizaron una protesta pacífica exigiendo la cancelación de la obra, argumentando que Honduras es signataria de convenios internacionales que protegen el medio ambiente y las áreas protegidas.
Un grupo de hondureños, en su mayoría de la etnia miskita, se concentró frente a las instalaciones de Casa Presidencial, en el bulevar Juan Pablo de Tegucigalpa, portando rótulos y pancartas, y lanzando consignas en contra de la construcción de la cárcel en el Parque Marino Islas del Cisne.
Además, manifestaron su oposición a la construcción del Centro de Reclutamiento de Emergencia (CRE), anunciada por las autoridades hondureñas hace poco más de un mes, que se ubicaría en la zona despoblada de los departamentos de Gracias a Dios y Olancho, lugar que se sobre entiende sería La Mosquitia. Esta iniciativa ha generado la misma oposición que la cárcel mencionada anteriormente.
Los pueblos originarios se unen a diversos sectores en oposición a las cárceles, incluyendo gremios profesionales, académicos, defensores ambientales, científicos, defensores de derechos humanos,organismos internacionales, la sociedad civil e incluso integrantes del poder legislativo.
