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Medios latinoamericanos exigen pago a Google por noticias que publica

exigen pago a Google por noticias que publica

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Foto de portada de archivo

Punta del Este, Uruguay – En el Día Mundial de la Libertad de Prensa que la UNESCO celebra en esta ciudad, panelistas de la Sociedad Interamericana de Prensa y la Asociación Internacional de Radiodifusión reclamaron a las plataformas digitales a pagar «un precio razonable, justo y universal» por los contenidos periodísticos que distribuyen y monetizan.

Guillermo Scheck, presidente de la Asociación de Diarios y Periódicos de Uruguay, dijo que la sostenibilidad económica de los medios es necesaria para la salud de la democracia y la convivencia de los pueblos.

Anunció que los propietarios de medios están preocupados por «la severa crisis económica que representa una amenaza existencial para todos» haciendo hincapié en que «la sostenibilidad económica» es «un requisito previo clave para su independencia».

Jorge Canahuati, presidente de la SIP, dijo que los cambios tecnológicos aumentaron el alcance de la prensa, pero también «han generado enormes disparidades económicas con las plataformas digitales globales, poniendo bajo enorme presión la viabilidad financiera de los medios».

Resaltó la importancia de que la UNESCO haya reconocido la sostenibilidad de los medios como factor indispensable para preservar su independencia, pidiendo a las compañías digitales que apoyen a los medios con acuerdos «de asociación inclusiva» y «medidas financieras».

«El mayor problema (para los medios) tiene que ver con la migración de los ingresos por publicidad absorbidos por las grandes plataformas digitales», enfatizó Canahuati.

Agregó que los acuerdos directos entre plataformas y medios deben reconocer el derecho de autor de los contenidos.

Aseguró que el periodismo «es un bien público del estado democrático», y que los gobiernos no pueden evadir su responsabilidad de crear políticas públicas que garanticen la supervivencia de los medios.

El presidente de la Asociación Internacional de Radiodifusión, Eugenio Sosa Mendoza, en relación con la búsqueda de medidas para que las plataformas paguen por los contenidos noticiosos, expresó que «es tiempo de pasar de la etapa del diagnóstico a la etapa de ejecución».

«En América latina nos falta adoptar con mayor velocidad lo que se está dando en otras partes del mundo.

No puede ser que los medios como la radio y la televisión sigamos estando regulados de forma más gravosa que las grandes plataformas. no puede ser que una gran plataforma no tenga todos los requisitos de regulación que un medio», expresó.

Marcelo Liberni, de Caracol TV, Colombia, señaló que ante la influencia de los algoritmos en el marketing digital «los medios hemos perdido relación directa con nuestras audiencias en manos de plataformas que deciden lo que se ve o no».

Indicó que los algoritmos no están preparados para evitar las noticias falsas, sino para generar engagement, y que las personas se mantengan el mayor tiempo posible dentro de la plataforma. Se mostró partidario de que se regulen no solo las cuestiones de negocios sino también el uso y abuso de los datos personales.

Por su parte, Danielle Coffey, de la News Media Alliance, de Estados Unidos, observó que durante la pandemia los medios norteamericanos tuvieron mayor demanda de sus contenidos y las audiencias fueron mayores, demostrando que los consumidores quieren periodismo de calidad que solo los editores de noticias pueden brindar.

«Pero también Google y Facebook distribuyen nuestros contenidos. El 65% de los usuarios no dejan las plataformas y permanecen allí porque esas plataformas buscan mantener a los usuarios en sus sitios. Sin embargo, nosotros no recibimos compensación por los ingresos que ellas reciben», dijo Coffey.

Agregó que está lista «una legislación que presentamos a nuestros gobernantes para incluir mecanismos de inclusión sobre estos beneficios, pero necesitamos lograr que la sociedad se interese por esta problemática para que se logre el objetivo de sostener al periodismo de calidad».

Martha Ramos, presidenta de la Alianza de Medios de México, y directora nacional editorial de la Organización Editorial Mexicana, de México, afirmó que «hacer periodismo cuesta» y «los contenidos de los medios siguen siendo (para las plataformas) su mayor valor».

«Si queremos mantener un ejercicio como tal, es necesario ponerle un valor a nuestro trabajo», dijo. Observó que «lo que estamos viendo en Canadá (legislación de arbitraje gubernamental que permite a los medios y plataformas negociar el precio de los contenidos periodísticos) es un gran paso, porque están poniendo reglas claras para todos».

Juan Andrés Lerena, director ejecutivo de AIR que la radio y la televisión tienen una desventaja regulatoria y abogó por una adaptación de las regulaciones «para que se nos permita competir en igualdad de condiciones frente a todos estos nuevos medios».

«Google y Facebook modificaron esos principios de la internet abierta para todos y hoy ejercen una posición de dominio que les permite controlar determinados segmentos en internet. Ellos aprovechan esos contenidos para desarrollar su actividad lucrativa. Ya no solo es una posición de dominio, hay un abuso de esa posición de dominio», enfatizó Lerena.

Ana María Urrutia, otra ejecutiva de la AIR que actuó como moderadora de un panel, manifestó que «los medios de comunicación son el antídoto más eficaz contra el flagelo de la información y las noticias falsas. Somos generadores de contenido que son usados en las plataformas digitales que no reconocen una retribución justa por ellos».

Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director periodístico de La Voz del Interior, de Córdoba, Argentina, expresó que el desarrollo de un periodismo de calidad «depende en buena medida de la existencia de medios de comunicación sólidos».

«La salud financiera, la independencia económica de un medio de comunicación son condiciones necesarias para ejercer la libertad de prensa», añadió.

Recordó que la crisis del modelo de negocio de los medios se vio acelerada por la pandemia y los nuevos desarrollos tecnológicos, en especial con los grandes actores globales. Sin embargo, apuntó que buena parte de los gobiernos de las Américas aceleran el deterioro con medidas que asfixian al sector.

«La intencionalidad política es evidente», expresó.

«En una guerra del silencio, gobiernos como el de Cuba, Venezuela y Nicaragua lanzan embestidas contra la libertad de prensa. En América Latina la batalla por la sostenibilidad no debe ser combatida solo con medidas económicas», enfatizó Jornet.

Al respeto, convocó a hacer «un frente común contra la desertificación informativa».

Jornet dijo que «la fragilidad de las empresas periodísticas las deja cada vez más expuestas a las presiones políticas y al acoso de los autócratas».

Marcelo Bechara, de Grupo Globo, Brasil, recordó que el proyecto de ley de «fake news» en Brasil requirió de una discusión de dos años en el Congreso deferal.

«El proyecto de ley tiene tres pilares: la libertad de expresión, la transparencia de las naciones y la responsabilidad. Este es el espíritu del proyecto de ley. Limita el intercambio masivo de mensajes automatizados, regula las cuentas de las autoridades, fomenta la autorregulación de las empresas tecnológicas y crea informes cada seis meses», observó.

Agregó que la publicidad y la remuneración de los contenidos periodísticos son puntos claves de la ley y reconoce la remuneración como un derecho de los periódicos.

«Nosotros defendemos el derecho australiano y una libre negociación con arbitraje. Hay que mirar más las regulaciones de Canadá, Australia y Europa. En todo el mundo, la estrategia de las empresas de tecnología es la misma, amenazan con irse del país y enfrentan a los medios. No permitamos que nos dividan», dijo Bechara.

Paul Deegan, de la News Media Canada, de Canadá dijo que «tenemos suerte de que el primer ministro Justin Trudeau valoró el valor del periodismo en los últimos tiempos a través de leyes y créditos impositivos».

«Seguimos el modelo australiano e incorporamos el arbitraje. La ley va a ser aprobada en junio. Estamos muy conformes con esta legislación y pensamos que es un equilibrio entre las necesidades de los medios y la de las plataformas», agregó.

Daniel Dessein, presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y vicepresidente regional de la SIP para Argentina, dijo que en su país se firmaron acuerdos con Google y luego con Facebook.

«Más de 80 medios firmaron con Google y más de 100 con Facebook», precisó. Sin embargo, dijo se trata de cifras pequeñas que están muy lejos de resolver las caídas extraordinarias de ingresos que han sufrido los medios. «Aunque saludamos estas iniciativas, las consideramos insuficientes», enfatizó.

«Somos conscientes de los riesgos que implican las regulaciones. La regulación muchas veces es un instrumento de los gobiernos para

asfixiarnos. Pero, también, la estrategia de las plataformas suele ser la misma en todos los mercados, dilatar las discusiones», añadió Dessein.

Kirian Maharaj, de Media Institute of the Caribbean consideró que los medios debieron «recurrir a los bancos y al sector privado» para paliar la crisis, y consideró que ahora hay que volcarse al terreno legislativo para que haya reglas claras para el periodismo.

«Tenemos que trabajar con los gobiernos, con la sociedad civil y con los educadores. Debemos informar a la sociedad sobre lo que sucede y los desafíos que tenemos», agregó Maharaj.

Por último, Rafael Inchausti, de la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos, consideró que el cambio del mundo analógico al digital generó la existencia de enormes plataformas de comunicación que adquirieron un gigantesco poder económico.

«Tienen una posición de dominio en el mundo. Esto provocó que los antiguos sectores audiovisuales que operaban hasta ese momento (cine, televisión) transitaran procesos de transformación para hacer frente a estas plataformas. Los pequeños medios locales y nacionales vieron amenazada su propia existencia», aseguró.

Al respecto dijo que resulta imprescindible que los estados promuevan legislaciones que levanten barreras (de protección) para que los medios puedan cumplir con sus funciones.

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