derogar Ley de Canje

Medios de comunicación enmudecen tras informe de saqueo al Poder Legislativo

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Tegucigalpa. –Al menos 320.6 millones de lempiras se habrían despilfarrado en pago publicidad y propaganda durante la administración del Congreso Nacional al mando de Mauricio Oliva, según un informe presentado por el actual presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo. Pero esta noticia ha sido invisibilizada por los medios de comunicación corporativos, quienes nuevamente han guardado silencio ante un hecho que los salpica.

Durante el periodo de 2018 a 2022, que presidió Oliva, exdiputado del conservador Partido Nacional, se habría erogado por concepto de propaganda y publicidad a medios de comunicación 320 millones 615 mil 184.84 lempiras, según un informe presentado el lunes por Redondo.

De acuerdo a los datos de Redondo en los últimos dos periodos (2014-2018 y 2018-2022) en el Congreso Nacional, presidido por Mauricio Oliva, se registró un latrocinio al Estado por 2 mil 926 millones 210 mil 159 lempiras.

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El informe preliminar “¿Cómo lo encontramos, qué hemos hecho, hacia dónde vamos?”, además de la corrupción y saqueo a las finanzas del Poder Legislativo, se expone la cooptación de medios de comunicación que recibieron millonarios fondos a cambio de un silencio que resalta al no visibilizar el rosario de actos de corrupción denunciados.

Solo en diciembre de 2021, se habría pagado por concepto de publicidad 20.4 millones de lempiras, pero el pago total del año sería de 107 millones 415 mil 340, pagos que aún están en investigación por parte de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) del Ministerio Público, según confesó Redondo.

“Se pudo constatar que la administración pasada del Partido Nacional manipulaba mes a mes los reportes financieros del portal de transparencia para crear una falsa imagen de austeridad cuando en realidad estaban consolidando la corrupción. Actualmente no estamos pagando un tan solo cinco en publicidad y propaganda”, aseveró Vilma Cristal, directora financiera del Congreso Nacional.

El congresista del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon Herrera, dice que el saqueo descomunal al Congreso Nacional “no fue noticia”. Misma valoración tiene el dirigente rojinegro, Gilberto Ríos, quien ironizó que al parecer Oliva “hizo magia” para no aparecer en las portadas de medios de comunicación corporativos.

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El analista político Raúl Pineda ratifica que la mayoría de medios de comunicación guardan silencio ante los actos de corrupción significativos debido a estar cooptados mediante el desembolso que recibieron por parte del Congreso.

“Los medios de comunicación, en su mayor parte, guardan un silencio porque fueron beneficiados de los pagos que hace el Congreso a muchísimos periodistas y medios de comunicación”, señaló.

Similar observación hace el sociólogo y catedrático universitario, Armando Orellana, quien revalida que existe un silencio de complicidad en actos de corrupción por parte de la prensa nacional que prefiere callar y no exponer a quienes laceraron los recursos estatales.

“Los círculos mediáticos estaban comprometidos con estos actos de corrupción y su complicidad, de alguna manera, se logra a través del silencio. Al silenciar o darle poca trascendencia a actos aberrantes que se realizaron en función del manejo de los bienes públicos, solo refleja la lógica de cómo se han venido manejando. Este silencio, refleja la complejidad para mantener la impunidad”, declaró a Criterio.hn.

A juicio del congresista del Partido Libre, Ramón Barrios, se concibe el silencio frente al latrocinio porque son parte de los sectores beneficiados, involucrados de cierta forma en los actos de corrupción.

“Casi 3,000 mil millones sin justificar del expresidente anterior del Congreso Nacional, se entienden muchas cosas del silencio de sectores beneficiados de la magnitud de la denuncia del presidente del Congreso, Luis Redondo”, cuestionó.

UN SILENCIO QUE EVIDENCIA LOS PACTOS OSCUROS

Durante los doce años en el poder del conservador Partido Nacional, que instauró un régimen al mando de Juan Orlando Hernández, quien enfrenta un juicio por narcotráfico en Estados Unidos, la prensa corporativa se doblegó a sus intereses al ser financiados mediante actos de corrupción y leyes que se aprobaron para silenciarlos y generar mayor impunidad.

Para el caso, la Uferco presentó el caso de corrupción “Hermes” que develó el saqueo de más de 122 millones de lempiras de Casa Presidencial mediante el cual se pagaron sumas de entre los 15 mil a 100 mil lempiras para 77 periodistas, entre estos directivos y exdirectivos del Colegio Hondureño de Periodistas (CPH).

La investigación detalla que, tras asumir el poder en 2014, Hernández comenzó a realizar pagos sistemáticos y continuos a periodistas y empresas fachada ligadas a su fallecida hermana, Hilda Hernández, quien fungía como ministra coordinadora del despacho de Estrategias y Comunicaciones de Casa Presidencial.

Una parte del dinero se utilizó para maniatar a los periodistas y otra para compra de vehículos, boletos aéreos, préstamos, construcción de viviendas, pago de préstamos hipotecarios, elaboración de banderas de campaña política, diseño y montaje en restaurantes, renta de carros blindados y compra de propiedades de los imputados.

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Además, se crearon normativas legales encaminados en silenciar a la prensa como la Ley de Programa Voluntario de Rescate, Promoción y Fomento del Sector Comunicaciones, conocida como Ley de Canje Publicitario que se aprobó mediante Decreto Legislativo 86-2013, periodo en el cual Hernández era presidente del Congreso Nacional.

Dicha ley fue el mecanismo que utilizó Hernández para canjear deudas, impuestos o cualquier obligación financiera presente, pasada o futura de medios de comunicación a cambio de publicidad con el gobierno.

La ley, que aún sigue vigente y que los costos financieros para el Estado se desconocen, otorga discrecionalidad al titular del Poder Ejecutivo para incorporar a los medios de comunicación y los montos con que estos son beneficiados.

A lo anterior se suma el pacto con el Colegio de Periodistas mediante Decreto Legislativo 113-2019, que le otorga a la cúpula de este gremio un escudo de impunidad al no rendir cuentas del ente de pensiones de los comunicadores pese a existir denuncias de actos de corrupción en el manejo de los fondos de previsión.

Cabe señalar que el Instituto de Previsión Social de Periodistas (IPP) no ha sido auditado ni siquiera por lo que fue hasta 1995 la Superintendencia de Bancos del Banco Central de Honduras, ni por la Comisión Nacional de Bancas y Seguros (CNBS) en la actualidad.

Los directivos del Colegio de Periodistas gozan de impunidad en la operación administrativa y financiera del IPP, decreto ratificado y ampliado a solicitud del periodista Dagoberto Rodríguez, quien era presidente del CPH en 2019.

Lo anterior expuesto, solo es una muestra de los pactos oscuros de la prensa hondureña con el régimen que instauró el Partido Nacional y que los medios de comunicación aún defienden y callan pese al rosario de señalamientos y acusaciones.

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