Csobreseimiento a implicados en Caso Pandora

Magistrados que dejaron libres a implicados en Caso Pandora quieren seguir en la CSJ

Entre los perfiles que evaluará la Junta Nominadora, figuran los actuales magistrados que dejaron libres a los implicados en el Caso Pandora, entre los cuales hubo hasta narcotraficantes

Tegucigalpa, Honduras.- Las magistradas y los magistrados que dictaron sobreseimientos definitivos a favor de los implicados en el Caso Pandora pretenden llegar, de nueva cuenta, a la Corte Suprema de Justicia. Se trata de Jorge Alberto Zelaya Zaldaña, Edwin Ortez Cruz y María Fernanda Castro Mendoza.

Sin bastarles que la actual Corte Suprema de Justicia ha sido repudiada por la ciudadanía, a estas magistradas y a estos magistrados, de quienes ha quedado evidenciado que han favorecido a redes de corrupción, les ha entrado el valor de postularse ante la Junta Nominadora de proposición de candidatos a las magistraturas de la Corte.

El 30 de octubre de 2022, Criterio.hn advirtió que estos tres jueces de la Corte Suprema de Justicia, junto a otros cuatro, habían tramitado las constancias que solicitaba la Junta Nominadora como requisito para realizar la autopostulación. Este medio digital también tuvo acceso a constancias expedidas a Rolando Argueta, actual presidente de la Corte, pero finalmente no se postuló.

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Más allá de ello, que tres magistrados responsables de haber sobreseído a los implicados en el Caso Pandora genera mucho temor en la ciudadanía, sobre todo, porque las esperanzas han sido puestas en este nuevo proceso de nominación de candidatas y candidatos a la Corte. Se espera que el listado de 45 candidatas y candidatos, que se presentará a más tardar el 23 de enero de 2023 al Congreso de la República, no contenga perfiles de personas que han favorecido a corruptos.

LOS MAGISTRADOS “PANDOROS”

El 13 de junio de 2018, la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) -ahora Uferco- y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (OEA-Maccih) presentaron el Caso Pandora, el cual desnudó la malversación de unos 282 millones de lempiras sustraídos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

corrupción en Honduras
La ex ministra de Estrategia y Comunicaciones de Honduras, Hilda Hernández, hermana del actual presidente de esa nación, falleció en un accidente aéreo aun no esclarecido.

La operación, dirigida por Hilda Hernández -fallecida hermana del expresidente Juan Orlando Hernández, ahora procesado por narcotráfico en Estados Unidos-, involucró en actos corruptos a varios funcionarios y diputados, entre ellos el expresidenciable por el Partido Liberal, Elvin Santos, los exdiputados del Partido Nacional, José Celín Discua y Rodolfo Irías Navas, el narcotraficante confeso y exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina, y el exdirector del Instituto Nacional Agrario (INA), Ramón Antonio Lara.

Los encargados de emitir los sobreseimientos en favor de varios de los imputados fueron estas tres fichas: Jorge Alberto Zelaya Zaldaña, Edwin Ortez Cruz y María Fernanda Castro Mendoza. Desde antes, previo a ser nominados y electos en 2016, la Embajada de Estados Unidos en Honduras había anticipado que dos de ellos, Ortez Cruz y Castro Mendoza, eran abogados de actos reñidos con la ley, aunque la Junta Nominadora de ese entonces hizo caso omiso.  

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Resulta que cuando a la Corte Suprema de Justicia le tocó conocer el Caso Pandora, el pleno, encabezado por Rolando Argueta, designó a Lidia Álvarez Sagastume como jueza natural, y a Jorge Alberto Zelaya Zaldaña, Edwin Ortez Cruz y María Fernanda Castro Mendoza como jueces de la Corte de Apelaciones. El 4 de agosto de 2020, aun cuando el Ministerio Público había presentado los suficientes indicios de culpabilidad en su requerimiento fiscal, estos tres magistrados favorecieron a los 22 implicados con sobreseimientos definitivos.

derogar leyes que blindan la corrupción 

El fiscal Luis Javier Santos, jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes De Corrupción (Uferco), aseguró que estos tres magistrados actuaron como defensores privados de los implicados y presentó contra ellos una denuncia por el delito de prevaricato. Sin embargo, contra jueces de ese alto nivel, en un país como Honduras, no hay denuncia que valga, y ahora, como si nada, buscan volver a las más altas magistraturas del Poder Judicial.

En una entrevista concedida a medios locales el 31 de octubre de 2022, María Fernanda Castro Mendoza, con la sonrisa de falsedad y el rostro de lobo con piel de oveja que la caracteriza, recordó que aunque se le cuestione su intención de ser reelecta como magistrada, “tal vez retrocediendo un poco en la historia, yo fui la única de los actuales 15 magistrados que fue electa por amplia mayoría, me eligieron con 98 votos. fui la mejor evaluada”.

Castro Mendoza se enorgullece de haber sido elegida como magistrada en un contexto en que algunos de ellos, según denuncias de legisladores, fueron elegidos gracias a millonarios sobornos.

NO TIENEN VERGÜENZA

El coordinador de Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Marco Tinoco, dijo a Criterio.hn que la intención de estos tres magistrados, de ser reelectos, solo denota que no existe vergüenza en ellos.

“Hay un desprestigio de la ciudadanía hacia ellos, porque no se presentan con ninguna marca de transparencia, ni de que han sido eficaces en la impartición de la justicia”, mencionó.

La elección de los magistrados y las magistradas se realizará el 25 de enero de 2023, después de que la Junta Nominadora le envíe al Congreso de la República un listado con los profesionales del derecho mejor calificados en la matriz de evaluación, que puntuará criterios éticos, morales y profesionales.

Los 128 diputados, con al menos 86 votos, elegirán a las 15 personas que integrarán el pleno de magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Una vez instalados, con al menos ocho voluntades, se elegirá al presidente de la Corte, cargo que será ratificado por la Junta Directiva del Congreso un día después. El presidente del Judicial, a la vez, designará a las togadas y los togados que integrarán las Salas de lo Constitucional, Penal, Civil y Laboral entre 2023 y 2030.

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