- Los altos funcionarios del Poder Judicial recibieron estrepitosos gastos de representación, viáticos y dietas, mientras desarrollaban sesiones virtuales arguyendo el contagio de la covid-19, pero paradójicamente viajaban por el mundo gastando a manos llenas el presupuesto.
- La era virtual en el Poder Judicial comenzó a partir del 16 de marzo de 2020 y concluyó hasta el 3 de marzo de 2022, es decir, se mantuvo por casi dos años.
- El Estado ha erogado en los últimos tres años más de 32 millones de lempiras en gastos de representación, adicional a los viáticos y otros gastos por viajes.
Por: Viena Hernández
Edición: Emy Padilla
Gráficos y portada: Guillermo Burgos
Tegucigalpa. –Con la suspensión de las garantías constitucionales, que trajo consigo un toque de queda por la covid-19, en Honduras se comenzó a implementar el teletrabajo en las entidades públicas a partir de marzo de 2020. En la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Congreso Nacional (CN) se aprovechó esta coyuntura para manipular la aprobación de leyes y la impartición de la justicia con la celebración de sesiones virtuales poco transparentes.
Esas sesiones se extendieron por mucho tiempo, hasta volverse un abuso, pues mientras en 2021 los trabajadores de la mayoría de las oficinas y sitios de trabajo iban reintegrándose a la modalidad presencial, en el Poder Judicial y el pasado Congreso se acomodaron a recibir sus sustanciosos salarios “trabajando” desde la virtualidad.
Durante el periodo más complicado por la pandemia, es decir, durante el 2020, la población quedó desprotegida. Por ejemplo, los niños y personas de la tercera edad en condiciones de indigencia, además, de estar más expuestos al virus, tuvieron que sobrevivir al abandono del mensaje de ese momento: “quédate en casa”, cuando su único “hogar” siempre ha sido la calle.
El “Quédate en casa” abrió un escenario violento para la población LGBTIQ+, mujeres y niños, quienes al permanecer encerrados en sus hogares fueron vulnerados por sus agresores, mientras la justicia era indiferente con ellos.
JUSTICIA NEGADA A LAS MUJERES
La violencia contra las mujeres fue desatendida por la justicia, prueba de ello es que hasta la recepción de denuncias por violencia doméstica fueron cerradas, como medida obligatoria del toque de queda impuesto por el gobierno supuestamente para contrarrestar la pandemia. Esto provocó que los femicidas actuarán a rienda suelta.
En 2020, el Instituto Nacional de la Mujer (INM) reportó hasta septiembre un aumento del 16% en llamadas por violencia de género, (mujer) violencia doméstica, acoso, intrafamiliar y otras denuncias recibidas por el Sistema Nacional de Emergencias (911).
La psicóloga e integrante de Visitación Padilla, Cristina Alvarado, apuntó a Criterio.hn que, la pandemia puso en relieve las condiciones históricas del descuido gubernamental en la creación de políticas sociales, en particular para la atención de las violencias contra las mujeres.
Lo anterior ha sido sin duda el talón de Aquiles, porque a lo largo de la historia de Honduras no se ha fortalecido los mecanismos de protección y todo el entramado encargado de proporcionar una respuesta contundente y eficiente para las mujeres que sufren violencia.
En 2020 el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, con datos recolectados por el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), reportó 278 muertes violentas de mujeres, siendo los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, Olancho y Yoro los de mayor incidencia.
En el 2020 el Ministerio Público recibió 2,129 denuncias por violencia sexual contra mujeres, logrando identificar a la población femenina de entre 10 a 19 años con la mayor incidencia con el 55% de los casos, seguida por la población de 0 a 9 años (12%) y mujeres de 20 a 19 años (12%), dando como resultado, un promedio de 177 denuncias por cada mes.
Lo que ocurrió con la pandemia –apuntó Alvarado-, es que la respuesta gubernamental fue de represión, no hubo atención a la emergencia desde un enfoque epidemiológico que garantizara a las mujeres la protección a sus vidas aun confinadas con sus agresores.
Solo de enero a septiembre de 2020, las estadísticas recabadas por la línea de auxilio estatal 911, que se habilitó para denuncias, reportó más de 50,000 por violencia doméstica e intrafamiliar, mientras los refugios para mujeres que huyen de la violencia de género, sexual, intrafamiliar y por trata de personas, se encontraban abarrotados.
El sistema judicial de respuesta a las mujeres colapsó y, además, se utilizó más a la Policía como una fuerza de represión ante las personas que demandaban respuestas.
Es oportuno mencionar que, pese a que Francisco Morazán fue el departamento donde se presentaron más de 8,700 denuncias por violencia doméstica ante Ministerio Público, esa entidad, a través de la Sección Contra la Violencia Doméstica de la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FEP-MUJER), admitió que, de enero a septiembre del 2020, tan solo se habían tramitado, ante el Juzgado en Tegucigalpa, 2,454 denuncias.
El Ministerio Público aseguró que 247 agresores habían sido detenidos infraganti o cometiendo el delito y, luego, se les siguió el proceso y fueron sancionados en los Juzgados Contra la Violencia Doméstica de Tegucigalpa.
Los especialistas en el tema, señalaron que, de acuerdo a los datos brindados por el 911, la violencia contra las mujeres aumentó exageradamente en 2020 en comparación con el 2018 y 2019, atribuyendo que, en alguna medida, ese comportamiento podría atribuirse al confinamiento y al estrés generado por la pérdida de los empleos.
“El 911 colapsó con más de 100 mil llamadas de mujeres pidiendo auxilio porque sufrieron violencia doméstica, sexual e intrafamiliar. Las organizaciones feministas activamos nuestras redes de solidaridad y nos abrimos a la posibilidad de hacer campañas sociales para alertar y nos abrimos a la experiencia de atención virtual para dar acompañamiento y asesoría legal”, dijo Alvarado a este medio digital.
El Ministerio Público y la Fiscalía de la Mujer se turnaban y solo atendían hasta donde podían, pero en los primeros meses de confinamiento no hubo ninguna atención en audiencias ni de otros procesos.
Tampoco se atendían peticiones de información como la efectuada por el Centro de Derecho de Mujeres, en conjunto con el Equipo Jurídico por los Derechos Humanos y la organización internacional Women’s Link Worldwide, que demandaron un informe sobre la implementación y seguimiento al Acuerdo No. PCSJ 16-2020, el cual establece la atención permanente de los jueces de paz y entidades correspondientes a fin de garantizar una vida libre de violencias por razones de género a mujeres y niñas en Honduras. Sin embargo, el informe nunca fue entregado por el Poder Judicial.
SISTEMA DE JUSTICIA BRILLABA POR SU AUSENCIA
El contexto antes relatado sobre la aplicación de la justicia, ante las violencias contra las mujeres, solo evidencia la desprotección hacia las poblaciones en vulnerabilidad y que el sistema de justicia hondureño brillaba por su ausencia en los momentos más álgidos de la pandemia.
Sin embargo, pese a su desidia, los magistrados y altos funcionarios del Poder Judicial siguieron gozando desde el encierro de sus jugosos salarios y de otras prebendas que se mantuvieron en las mismas condiciones, pese a la afectación de la economía.
Como evidencia el Portal de Transparencia del Poder Judicial, en su sección remuneración a empleados, destaca los gastos de representación y otros beneficios, los cuales, pese a que las sesiones eran virtuales, siguieron su curso a pesar de las múltiples necesidades para la mayoría de los hondureños.
Durante el 2020, el presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta devengó un salario bruto de L173,253.77, y los 14 magistrados devengaron L149,600.85.
Asimismo, con base a una solicitud de información interpuesta por Criterio.hn se conoció que, en 2020, 13 magistrados recibieron 60 mil lempiras por gastos de representación, uno de ellos 40 mil lempiras y, el magistrado presidente Rolando Argueta, recibió 69 mil lempiras por mes. Estas cantidades sumaron 889 mil lempiras mensuales.
Por si fuera poco, en 2022, el Poder Judicial siguió desarrollando las actividades de manera virtual, dos de las últimas fueron, la sesión número 43, en la cual el pleno de magistrados aprobó de manera unánime la designación del Juez Natural para conocer la solicitud de extradición del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, remitida por Estados Unidos, el 15 de febrero de 2022 por cargos de narcotráfico.
Esa modalidad se repitió cuando los magistrados de la Corte Suprema realizaron la sesión virtual número 45, la mañana del 3 de marzo de 2022, para designar a un juez natural que conocería la solicitud de extradición contra otros cuatro hondureños.
El abogado y notario, Rodil Rivera Rodil, señaló en análisis para Criterio.hn que, la estructura de corrupción y de impunidad montada por el expresidente Hernández sigue existiendo tanto en el Ministerio Público como en la Corte Suprema de Justicia, pese a ser los órganos que se supone deben encargarse de velar por la lucha contra la impunidad y la corrupción.
“Siguen actuando con la misma práctica. Ha pasado mucho tiempo y es necesario cambiar estos órganos que tanto daño le han causado al país en el campo de la corrupción”, resaltó Rivera.
Los magistrados y magistradas 2016-2023 son: Rolando Edgardo Argueta Pérez, Lidia Álvarez Sagastume, Reynaldo Antonio Hernández, José Olivio Rodríguez Vásquez, Jorge Alberto Zelaya Zaldaña, Edgardo Cáceres Castellanos, Wilfredo Méndez Romero, Rina Auxiliadora Alvarado Moreno, Edwin Francisco Ortez Cruz, Reina Auxiliadora Hércules Rosa, Miguel Alberto Pineda Valle, María Fernanda Castro Mendoza, Jorge Abilio Serrano Villanueva, Alma Consuelo Guzmán García y Rafael Bustillo Romero.
VIÁTICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL
Existe un reglamento del Poder Judicial para funcionarios y empleados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que establece las reglas para el pago de viáticos y otros gastos de viaje dentro y fuera del país.
Este reglamento fue establecido y publicado en el Diario Oficial La Gaceta no. 31,418 del 27 de septiembre del 2007. En ese entonces, Vilma Cecilia Morales Montalván fungía como presidenta del Poder Judicial.
El reglamento estipula gastos por atenciones o gastos de representación, viáticos y otros gastos de viaje. Los gastos de representación es la asignación que se hace a los magistrados para que representen al Poder Judicial en viajes oficiales fuera del país, cuando es necesario atender a funcionarios de organismos internacionales, dignatarios o autoridades de otros países.
En cuanto a viáticos y otros gastos de viaje, es la cantidad de dinero que se asigna a diario a los funcionarios y/o empleados permanentes, eventuales o por contrato, para cuando tengan que viajar y permanecer fuera de su sede por razones de trabajo o de misión oficial, el dinero deberá utilizarse para cubrir gastos de hospedaje y alimentación, transportes aéreos o terrestres y otros gastos menores, aquí se incluyen gastos de impuestos de acuerdo con el medio de transporte utilizado.
Cada año los magistrados del Poder Judicial reciben jugosos aumentos a sus salarios. Este año, a partir de julio, obtuvieron un incremento de 9%, al pasar de L157,080.89 a L171,218.17, mientras que el presidente Rolando Argueta que devengaba L181,916.46 ha pasado a ganar L198,288.94. En conclusión, el presidente del Poder Judicial obtuvo un incremento salarial de L16,372.48 y de L14,137.28 los otros 14 magistrados.
Entre tanto, la secretaria general devengaba L88,225.16 y con el aumento su salario creció a L96,165.42 y un bono de L2,000.00 que se mantiene en la misma cantidad.
Los gastos de representación se mantienen en L69,000.00 para el magistrado presidente y de 60,000.00 para 13 magistrados y magistradas y L40,000.00 para un magistrado.
Por vacaciones, el presidente del Poder Judicial recibió L 90,958.23 y los 14 magistrados L 78,540.45.
Cuando trascendió públicamente el incremento salarial, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, confirmó dicho extremo y lo justificó a “una petición de los empleados que habían exigido ese derecho” desde enero del 2022.
El aumento para los empleados judiciales sería del quince por ciento, para la escala salarial más baja, de un diez por ciento para los intermedios y un ocho por ciento para las escalas salariales más altas, según lo comunicó la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleado del Poder Judicial San Pedro Sula (ANFEPJ-SPS) y la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD).
SALARIOS ALTOS, OPACIDAD Y NULOS RESULTADOS
A través del Sistema de Información Electrónico de Honduras (Sielho), Criterio.hn solicitó información para conocer cómo se habían ejecutado los gastos de representación, puesto que se pagaron aun cuando se supone que las reuniones no eran presenciales. No obstante, aunque se solicitó la información en dos ocasiones, el desglose de esos gastos no fue entregado, ni la documentación soporte, como facturas, recibos, depósitos, transferencias bancarias, cheques u otros.
Los únicos documentos compartidos fueron algunas constancias del 2020, 2021 y 2022, mediante los cuales la Dirección de Pagaduría del Poder Judicial establece cuándo se realizaron pagos por viáticos para algunos magistrados y magistradas y otros empleados con altos cargos dentro del Poder Judicial.
Según la documentación, no se realizaron pagos de viáticos para viajes al extranjero durante abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020, pero sí se destinaron fondos durante enero, febrero y marzo. La constancia de junio no fue adjuntada.
En conversación con Criterio.hn, el titular de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Edmundo Orellana, recordó que la secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, en algún momento, expuso que la Corte Suprema de Justicia no rinde cuentas sobre el manejo del presupuesto. Esa falta de rendición de cuentas, según Moncada, se da hasta con la secretaría de Finanzas.
Por su parte el sociólogo Pablo Carias, en entrevista con Criterio.hn, manifestó que esas prácticas hacen notar la falta de ética al no percibirse transparencia en esos actos.
“Ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia es prácticamente la puerta de entrada a la condición de personas con recursos económicos suficientes, como para cubrirse los gastos de toda la vida. Son salarios exorbitantes y con eso sería suficiente para no estar pidiendo una serie de prebendas”, dijo el analista social.
JUGOSAS PREBENDAS Y BENEFICIOS
En 2020 no se registraron pagos por dietas, pero sí viáticos para algunos magistrados durante enero, febrero y marzo.
Mientras en 2021, específicamente enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, no se realizaron gastos por viáticos, contrario al último trimestre que sí se reportaron gastos de esta índole, según los documentos entregados a Criterio.hn por el Poder Judicial a través de una solicitud a Sielho.
Según el oficio N° 1742-SCJ-2021, la magistrada María Fernanda Castro Mendoza recibió USD1,500.00 en viáticos para participar en un acto de entrega de reconocimiento a los despachos y oficinas judiciales, el 26 de noviembre de 2021, en San José, Costa Rica.
Asimismo, el oficio N° 1303-SCJ-2021 establece que la magistrada Rina Auxiliadora Alvarado Moreno y los magistrados Reinaldo Antonio Hernández y Wilfredo Méndez Romero recibieron USD4,400.00 en viáticos para participar en la XVIII Jornada Notarial iberoamericana, celebrada en San Juan, Puerto Rico del 20 al 22 de octubre de 2021.
Los magistrados Jorge Abilio Serrano Villanueva y María Fernanda Castro recibieron cada uno USD800.00 en viáticos para participar en la asamblea plenaria de la XX edición de la cumbre iberoamericana, evento que se llevó a cabo del 21 al 22 de octubre de 2021, en la ciudad de Panamá, república de Panamá, según oficio nº 1581-SCSJ-2021. De manera adicional los magistrados recibieron USD560 por complemento de viáticos, según oficio nº 1579-SCSJ-2021.
Y el oficio nº 1579-SCSJ-2021 refiere que Carlos Josué Padilla Eveline, quien se desempeña como letrado en la Sala de lo Constitucional, recibió USD420.00 por complemento de viáticos para participar en el mismo evento de Panamá, para el cual se erogó un total USD16,340.00.
Para diciembre de 2021, la directora de Presupuesto y Financiamiento del Poder Judicial, María José Laitano, recibió USD5,100.00 en viáticos para formar parte de la “delegación de alto nivel” que representó a Honduras en un periodo de sesiones de la United Nations Convention against Corruption (UNCAC), celebrada en el Centro Internacional de Congresos de Sharm el Sheikh, Egipto, del 13 al 17 de diciembre de 2021, dice el oficio nº 1968-SCSJ-2021.
Durante enero, febrero y marzo de 2020 también se destinaron fondos para pago de viáticos en dólares para magistrados de cortes, salas y equipo técnico. Según los escritos, en enero se destinaron USD 878 en viáticos. Para Edin Yovany de la O Ramos, magistrado de la Corte de Apelaciones por USD 440.00; para Marta Marlene Murillo Castro, jueza coordinadora del Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa por USD 120.00; Julissa María Lozano Padilla, secretaria de la Sala de Magistrados USD 120.00; Bessy Lorena Turcios Rodezno, verificadora de expedientes judiciales de la UPE USD 90.00 y para Hernán José Zepeda Castro, analista en sistemas USD 108.00.
En el caso del magistrado de la O Ramos, se describe que el dinero es complemento de viáticos para participar en el seguimiento para un entrenamiento internacional para el manejo de casos complejos y corrupción en Lima, Perú, del 13 al 18 de enero de 2020.
En cuanto a los otros cuatro funcionarios, según se indica, el dinero fue para el complemento de viáticos para participar en la tercera promoción desarrollada con el apoyo de John Jay College of Criminal Justice, a través de la Academia para el Análisis de Seguridad (AAS), financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), en la república de El Salvador del 5 al 25 de enero de 2020.
Mientras que, en febrero, siempre de 2020, para seis magistrados se desembolsaron USD 10,314. Además, se detallan las cantidades, donde los magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero recibieron dos montos por viáticos, de USD 1,600 y USD 880 para un total USD 4,960.
En marzo el magistrado presidente Rolando Edgardo Argueta Pérez, recibió USD 1,600.00 en viáticos para participar en el Congreso sobre la convención americana de derechos humanos de sus protocolos adicionales, desarrollado en la ciudad de Brasilia, Brasil del 10 al 11 de marzo de 2020, más un complemento de USD 560, siempre por su participación en el mismo evento.
Por su parte, el magistrado de la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, Nery Mauricio Miranda Sanabria, recibió USD 3,300.00 en viáticos para participar en el mismo congreso en el que participó Rolando Argueta, nada más que su participación fue del 10 al 15 de marzo de 2020.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se han caracterizado por ser de los mejores pagados, sin embargo, su papel ha sido obstaculizar la justicia manipulando juicios, lo que han denunciado por años organismos de derechos humanos y diversos sectores de la población que han analizado sus funciones.
El sociólogo Pablo Carías, apuntó que los magistrados no solo gozan de prebendas, también acceden a otro tipo de beneficios entre estos los autos blindados, celulares y otra serie de equipo que corresponde incluso a la actividad privada, cuyos gastos no deberían ser asumidos por el Estado.
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Las prebendas también alcanzaron, en enero de 2022, a la secretaria general del Poder Judicial, Reina María López Cruz, quien recibió USD 420 en complemento de viáticos para participar en la reunión “Creación de Propuestas de Mecanismos de Coordinación de las Oficinas de las Unidades de Cooperación Jurídica Internacional”, celebrada en la ciudad de Panamá del 19 al 21 de enero de 2022, según oficio Nº98-SCSJ-2022. Se desconoce cuánto se le proporcionó originalmente por concepto de viáticos.
En marzo 2022, se registró el pago de USD 2,800 en viáticos para el magistrado Wilfredo Méndez Romero y otros USD 2,800 para Reinaldo Antonio Hernández, para participar en el Primer Encuentro Iberoamericano de Seguridad Jurídica Preventiva, la reactivación inmobiliaria pospandemia, realizada en Cartagena de Indias, Colombia del seis al nueve de abril del 2020, sumando un total de USD 5,600.
Según el oficio Nº 695-SCSJ-2022, la magistrada María Fernanda Castro Mendoza y el magistrado Jorge Abilio Serrano Villanueva, obtuvieron en abril de 2022 USD 720.00 cada uno por complemento de viáticos para participar en la Primera Reunión Preparatoria de la XXI Edición Cumbre Judicial Iberoamericana que tuvo lugar en la ciudad de México, del 25 al 29 de abril, En total gastaron USD1,440.00.
Mientras que en febrero y mayo de 2022, según las constancias entregadas por el Poder Judicial, no se realizaron pagos por viáticos.
SESIONES VIRTUALES: “UN PARACAÍDISMO DISFRAZADO”
Por otro lado, es oportuno mencionar que no existe una constancia pública de que el Poder Judicial haya ejecutado 70 sesiones virtuales por mes, como señaló el presidente de la Corte, Rolando Argueta en un foro televisivo, pues no fueron compartidas o su acceso simplemente no fue público, en sus redes sociales, solo se compartieron fotos de algunas sesiones que pueden llamarse “de relevancia” donde se ven conectados vía Zoom. Criterio.hn también pidió esa información oficial, pero esta no fue entregada.
A finales de junio de 2022, la Unidad de Transparencia del Poder Judicial de Honduras, se limitó responder a Criterio.hn, a través de un correo, sin mostrar evidencias, que de 2020 a junio de 2022 se efectuaron 30 plenos jurisdiccionales y siete administrativas en forma virtual, dos de manera presencial y una híbrida.
Según la respuesta oficial, mediante las reuniones se resolvió “una cantidad significativa de expedientes jurisdiccionales provenientes de las diferentes salas”.
Sobre las sesiones virtuales que se mantenían todavía en los primeros meses de 2022, el sociólogo Pablo Carías apuntó que, en ese momento, trabajar de forma virtual, era “una vergüenza”, “un paracaidismo disfrazado” en una instancia de un poder que obviamente tiene la relevancia que la Constitución de la República le ha otorgado.
En cuanto a los beneficios y prebendas para los magistrados, mientras, al menos, el 74% de la población está sumergida en la pobreza, el sociólogo señaló: “Es una grosería, una desgracia, para este país no debería de permitirse. Si hubiera un interés por transparentar y racionalizar el uso de los recursos, debería emitirse una ley especial que sea general para los funcionarios de alta categoría del Ejecutivo, Legislativo y Judicial que tienen sueldos elevados, pues hay quienes incluso ganan el doble y hasta el triple que la presidenta de la República”.
Los salarios de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son superiores a lo que percibe la presidenta de la república, Iris Xiomara Castro Sarmiento (2022-2026), quien devenga un salario de L137,800.00. Pero la remuneración de Castro Sarmiento, no solo es superada por los magistrados y magistradas de la Corte, sino hasta por algunos funcionarios del Poder Ejecutivo que se resisten a renunciar a sus jugosos salarios.
CUESTIONADO PODER JUDICIAL
El exfiscal del Ministerio Público (MP) y defensor de los derechos humanos y del medio ambiente, abogado Víctor Fernández, dijo a Criterio.hn que existen varios enfoques que la población puede observar y sentirse insultada ante la desproporción de los pagos y los salarios de los magistrados de la Corte Suprema, en un país con población tan empobrecida.
Más del 70 por ciento de los hondureños vive en pobreza y, de esta población, casi el 50 por ciento se enfrenta a condiciones de extrema pobreza. Pero esta situación no ha frenado el derroche de los fondos públicos, especialmente en el Poder Judicial, donde, en muchas ocasiones, se argumenta que las falencias en la impartición de justicia se deben a problemas presupuestarios.
Fernández recriminó los salarios mínimos tan bajos para los obreros (unos 7,600 lempiras por mes) frente a los jugosos salarios de ciertos funcionarios públicos.
Más allá del tema de los salarios, se cuestiona además que los magistrados y magistradas llegan a sus puestos en procesos cuestionados, por lo que al ejercer sus funciones responden a un sistema corrupto y antidemocrático.
“Es un punto fundamental, que los magistrados devengan altísimos salarios con un procedimiento para nombrarlos acompañado de colosal y notorio pacto de corrupción, con acuerdos políticos vinculados a actores del crimen”, señaló Fernández.
En ese sentido, la relevancia es que son funcionarios muy bien pagados y electos bajo procesos viciados que generan desconfianza y fomentan la corrupción e impunidad.
“Es una desproporción absoluta el tema de los salarios devengados, los nombramientos y consecuentemente la práctica de sus funciones”, destacó el defensor territorial, quien además señaló que esto se convierte en otra práctica ilícita, lo que constituye una bofetada para la dignidad de las grandes mayorías empobrecidas de Honduras.
Un claro ejemplo de la manera arbitraria de actuar de los magistrados de la Corte, es que, en febrero de 2022, la Sala de lo Constitucional dictó sobreseimiento definitivo a la mayoría de acusados en el casoPandora por el desfalco de 282 millones de lempiras, en 2018, de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), sin embargo, mantuvo en prisión preventiva a los defensores del Río Guapinol y San Pedro, casi 30 meses, por defender los recursos naturales.
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MAGISTRADOS DE LA CORTE NACIERON DE LO IRREGULAR
El pleno de magistrados y magistradas de la Corte (2016-2023) ha estado manchado de irregularidades desde que se conformó, pues para lograr la mayoría calificada de 86 votos, varios diputados faltaron a los estatutos de sus partidos y se unieron a la elección de magistrados bipartidistas afines al Partido Nacional, incluso, hubo denuncias de pago de sobornos a cambio de votar por la Corte que quería el entonces presidente Juan Orlando Hernández, quien en la actualidad se enfrenta a un juicio por narcotráfico, en Estados Unidos.
En febrero de 2016, el Tribunal de Honor del Partido Libertad y Refundación (Libre) expulsó de esa institución política por deslealtad e irrespeto a los principios, estatutos, estrategias y líneas políticas partidarias, a los diputados Dennis Sánchez y Esdras Amado López.
Asimismo, en marzo de 2016, Salvador Nasralla, al mando del Partido Anticorrupción (PAC), expulsó a cuatro diputados que tras siete intentos por elegir a los 15 magistrados de la CSJ (2016-2023) beneficiaron con su voto al conservador Partido Nacional.
Los expulsados del PAC fueron Ana Joselina Fortín, Marlene Alvarenga, Liberato Madrid y Kritza Pérez, quien ahora es diputada por el Partido Liberal. Mientras que Jaime Villegas decidió renunciar a ser el jefe de bancada y se unió al Partido Nacional.
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El abogado y analista político Josué Murillo, dijo a Criterio.hn que, es importante valorar que en este momento de la historia estamos ante una serie de denuncias de alta corrupción, siendo el Estado el principal promotor a través de sus funcionarios públicos, quienes no han servido para generar bienestar para la ciudadanía.
“La corrupción nos cuesta a nosotros los hondureños, nuestra salud, el desarrollo y el goce de casi todos los derechos humanos de los cuales somos portadores”, acotó.
QUIEREN SEGUIR EN LAS MIELES DEL PODER JUDICIAL
Actualmente los magistrados que dejaron libres a implicados en casos emblemáticos de corrupción como el Pandora y Arca Abierta quieren seguir gozando del poder e integrar nuevamente la Corte Suprema de Justicia, cuyo proceso está en manos de una Junta Nominadora
El caso Pandora significó el saqueo de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para el financiamiento de campañas políticas, en 2013, de los partidos Nacional, Liberal y FAPER, por parte de 38 personas, entre diputados, dirigentes de los tres partidos políticos en mención y personas particulares.
Según el artículo 314 de la Constitución de la República, las magistradas y los magistrados ejercerán sus funciones por siete años, gozando del derecho a ser reelectos. La Corte actual, conformada por 14 magistrados y un magistrado presidente, culminará en enero de 2023.
El pasado 31 de octubre finalizó el periodo de autopostulaciones para la nueva Corte (2023-2030) llegándose a contabilizar 184 candidatos, de estos han sobrevivido 105, luego de la práctica de las pruebas sicométricas, toxicológicas y de conocimiento.
En la lista de los sobrevivientes figuran los actuales magistrados María Fernanda Castro Mendoza, Jorge Abilio Serrano Villanueva, Jorge Alberto Zelaya Zaldaña, Edgardo Cáceres Castellanos, Rafael Bustillo Romero y Edwin Ortez Cruz, quienes buscan ser reelectos, pese a que la actual Corte ha sido señalada por haberse coludido con el crimen organizado y de apoyar e impulsar las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
Los magistrados y magistradas han criminalizado en reiteradas ocasiones a defensores del medio ambiente y a los habitantes de los territorios ancestrales. Asimismo, protegieron hasta el último momento al expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado (2014-2022), quien se reeligió de manera ilegitima y fraudulenta en noviembre de 2017. Hernández se encuentra recluido en una cárcel en New York y se enfrentará en abril de 2023 a un juicio acusado por tres delitos, uno por conspirar para exportar cocaína a Estados Unidos y otros dos por uso y conspiración para uso de armas de fuego.
La elección de la nueva Corte, que se efectuará en el Congreso Nacional el 25 de enero de 2023, ha despertado esperanza en algunos sectores que creen que este proceso podría ser el más transparente de la historia por su amplio esquema de veeduría, mientras otros escépticos piensan que será más de lo mismo porque la corrupción en Honduras es sistemática.
Un comentario
A todo lo descrito, nos permitimos agregar que en nombre de «la independencia», los jueces abusan y a los usuarios del Poder Judicial nos mantienen, irremediablemente, en una eterna mora judicial, llevándose de encuentro la vida de los demandantes y de procuradores, que nos toca andar en la calle, literalmente, buscando el pan de nuestras familias. «Que no ha entrado ni a estudio de los magistrados», es una de las tantas burdas respuestas recibidas por parte de esos funcionarios judiciales cuando preguntamos por nuestros expedientes. A ellos no les importa atropellarnos, gracias a que sin ser buenos empleados, tienen su vida asegurada con una serie de prebendas, pues por política y no por méritos, han logrado emplearse en esa Corte Suprema de INJUSTICIA.