Entre 5 y 11 denuncias o tachas acumulan los seis magistrados de la Corte Suprema de Justicia que buscan reelegirse

Tegucigalpa, Honduras.- Los seis magistrados de la Corte Suprema de Justicia que buscan su reelección acumulan 49 tachas y denuncias y, por lo tanto, deberán resolver en los próximos cuatro días su situación, si continúan con esperanzas de volver a integrar el máximo tribunal hondureño en el período constitucional 2023-2030.

Valiéndose del derecho que les otorga la Constitución de la República en el artículo 314, el cual establece que las magistradas y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ejercerán sus funciones por un período de siete años y que gozarán del derecho a ser reelectos, estos seis magistrados supremos han pretendido colarse en la nómina final y ser, de esa forma, considerados por el Congreso Nacional.

Sin embargo, para sorpresa suya, se han topado con un obstáculo durante la fase de denuncias y tachas, porque los seis han sido objeto de las mismas. Algunos de ellos, incluso, deberán presentar pruebas de descargo ante 10 u 11 denuncias o tachas, situación que los aleja de ser considerados por la Junta Nominadora dentro de la lista final que se remitirá al Congreso Nacional, a más tardar el 23 de enero de 2023.

Los magistrados y las magistradas de la Corte Suprema de Justicia que son objeto de tachas son las siguientes personas: Edwin Francisco Ortez Cruz (10 tachas o denuncias), Jorge Abilio Serrano Villanueva (9) y Jorge Alberto Zelaya Zaldaña (11), de la Sala de lo Constitucional; Rafael Bustillo Romero (8), de la Sala de lo Penal; Edgardo Cáceres Castellanos (5) y María Fernanda Castro Mendoza (6), de la Sala de lo Contencioso Administrativo.

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En las últimas horas el jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, cuestionó que los intentos de reelección de estos magistrados y magistradas representa, además, un conflicto de interés claro, porque será decisión de los legisladores del Congreso Nacional volverlos a llevar al más alto tribunal hondureño.  

Además, hizo referencia a las resoluciones dictadas en el Caso Arca Abierta, por el cual una Corte de Apelaciones designada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, otorgó cartas de libertad, el pasado 14 de noviembre de 2022, a diputados y exdiputados del Congreso Nacional que habían sido acusados por delitos de corrupción, entre los cuales figuró la actual legisladora nacionalista, Gladis Aurora López, una de las principales líderes de la bancada de su partido.

Su correligionario político y magistrado de la Sala de lo Penal, Rafael Bustillo Romero, integró esa Corte de Apelaciones y busca ser reelecto.

“Si se observa, dichas resoluciones son dictadas por actuales magistrados que aspiran a reelegirse, ¿quiénes tienen el poder de reelegirlos? Pues los diputados, algunos imputados favorecidos con dichas resoluciones. ¡Es evidente que hay un conflicto de intereses muy claro!

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A criterio del coordinador de proyectos del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Carlos Sierra, las personas que cuentan con más de seis denuncias o tachas en su contra, y que deberán documentar y refutar, deberían autodescartarse del proceso de nominación y elección. Cinco de los seis magistrados poseen entre 6 y 11 denuncias y tachas.

“Lo mejor es que desistan del proceso y que la propia Junta Nominadora también, esperamos nosotros, se mantenga firme porque precisamente las personas que tiene más denuncias y tachas son personas que están vinculadas a los partidos políticos”, expresó Sierra.

Evidentemente, según observó Criterio.hn, los 12 postulantes que tienen entre 4 y 11 denuncias o tachas en su contra poseen abierta afinidad con los tres partidos políticos principales, mismos que negociarán, a lo interno del Congreso Nacional, la selección de las 15 personas que ocuparán las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia.

Para el caso, Jorge Alberto Zelaya Zaldaña, Edwin Francisco Ortez Cruz, Anny Belinda Ochoa Medrano, Ingrid Ebelinda Monzón López y Rafael Bustillo Romero son de reconocida filiación con el Partido Nacional.

Mientras tanto, Jorge Abilio Serrano Villanueva, Conan Rafael Argueta Bourdett, María Fernanda Castro Mendoza, Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, Edgardo Cáceres Castellanos y Daniel Arturo Sibrián Bueso son allegados al Partido Liberal.

En tanto, Fredis Alonso Cerrato Valladares, es abiertamente militante de Libertad y Refundación (Libre).

Preocupa aún más que todas estas personas, salvo Fredis Alonso Cerrato Valladares, son o han sido operadores de justicia además de ser reconocidos militantes políticos, uno de los principales problemas que afecta a la independencia judicial en Honduras.

Jorge Alberto Zelaya Zaldaña, Edwin Francisco Ortez Cruz, Rafael Bustillo Romero, Jorge Abilio Serrano Villanueva, María Fernanda Castro Mendoza y Edgardo Cáceres Castellanos son, como ya se mencionó, magistrados de la actual Corte Suprema de Justicia.

Mientras que Ingrid Ebelinda Monzón López y Conan Rafael Argueta Bourdett se desempeñan como magistrados propietarios de la Corte de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, mismo tribunal en que actuó, entre 2015 y 2019, Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, actual magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Electoral.  

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Por otro lado, Anny Belinda Ochoa Medrano es inspectora general de los Tribunales, y Daniel Arturo Sibrián Bueso es fiscal general adjunto de la República y anteriormente fue secretario de la Sala de lo Constitucional y de la Sala de lo Penal.

DENUNCIAS Y TACHAS

La Junta Nominadora informó que, a partir del miércoles 4 de enero de 2023, los 36 postulantes tachados o denunciados contarán con el derecho a presentar, en un lapso que no supere los cinco días hábiles, las pruebas de descargo que les permitan refutar las acusaciones en su contra, como manda la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora.

A todas las personas postulantes tachadas o denunciadas se les entregaron todas las objeciones, impugnaciones o cuestionamientos que se presentaron durante la etapa de denuncias y tachas, que concluyó el 27 de diciembre de 2022.

Además de ello, se les permitirá comparecer en audiencias de descargo, y como fecha límite para emitir resoluciones “con lugar” o “sin lugar” a denuncias y las tachas, la junta Nominadora fijo el 12 o 13 de enero de 2023. Si una resolución es “con lugar”, indica la legislación, la persona postulante será excluida del proceso.

NÓMINA FINAL

Después de realizar las audiencias públicas, concluir con la matriz de evaluación técnica y efectuar la entrevista final, la Junta Nominadora elaborará una nómina con 45 candidatas y candidatos, con 23 mujeres y 22 hombres. Esta lista se remitirá a la Comisión Permanente del Congreso Nacional a más tardar el 23 de enero de 2023, y, posteriormente, el 25 de enero, los 128 legisladores elegirán, con al menos 86 votos, a las 15 personas que integrarán la Corte Suprema de Justicia durante el período constitucional 2023-2030.

El pleno de magistradas y magistrados, a su vez, elegirá a un presidente o una presidenta. El cargo lo ratificará, en un plazo de 24 horas, la Junta Directiva del Congreso Nacional. Una vez juramentada, esta persona seleccionará a los cinco magistrados que integrarán la Sala de lo Constitucional, mientras que las otras salas, Penal, Civil y Contencioso Administrativo, tendrán tres togadas y togados, cada una. Las cuatro salas tendrán un magistrado o una magistrada presidente.