Tegucigalpa.- El exvocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, fue contundente y dejó claro que el primer paso del nuevo gobierno liderado por la virtual presidenta Xiomara Castro en la lucha contra la corrupción pasa por derogar la Ley de Secretos.
De todo el listado de leyes por derogar esta «debe estar en primera fila», afirmó durante su participación en el foro «Transparencia y acciones para desmontar las redes de corrupción e impunidad: Retos y oportunidades del nuevo gobierno»; el cual fue organizado por la Coalición Anticorrupción.
No puede haber democracia sin transparencia y no hay transparencia con la Ley de Secretos, declaró. Esta debe ser seguida por la supresión del conjunto de normas que generaron el pacto de impunidad, el Código Penal donde se redujeron las penas por delitos de corrupción y la Ley Orgánica del Poder Legislativo que brinda impunidad parlamentaria.
Aclaró que existen otras normas a revisar, pero que también se deben despolitizar los organismos superiores de control como la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas. Estos «deberían ser autónomos para generar posibilidades de controles», señaló.
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El exvocero de la MACCIH manifestó que no se puede tener independencia judicial cuando la Corte Suprema de Justicia está integrada por personas con afiliación política. El Poder Judicial debe ser autónomo e independiente, subrayó.
Con relación a la instalación de una nueva misión de apoyo en la lucha contra la corrupción, Jiménez Mayor manifestó que no se trata solo de instalarla sino tomar en cuenta los elementos de configuración de la misma. Entre ellos ¿Cómo se va a configurar? ¿Cómo va a funcionar? ¿Sobre qué dependencia internacional se va a configurar? «El diablo está en los detalles», advirtió.
Detalló que no recomienda a la Organización de los Estados Americanos como se hizo con la MACCIH, podría ser la Organización de las Naciones Unidas, pero también se tendrá que analizar sobre qué organismo estaría sujeta. Asimismo, deberá contar con suficiente independencia en el terreno para que no se repitan los errores del pasado.
Jiménez Mayor dijo que espera que el momento histórico proporcionado por este nuevo proceso electoral no sea desaprovechado por el nuevo gobierno. «Se ha roto el bipartidismo» y «doce años de intolerancia política», donde el voto joven fue determinante para los resultados que se dieron y donde la población reclama justicia.
PUEBLO NO ACEPTARÁ DISCURSO INCONGRUENTE CON ACCIONES
El fiscal de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos señaló que «pareciera fácil que un nuevo gobierno diera muestras que está haciendo algo contra la corrupción»; no obstante «el pueblo ya no está dispuesto a aceptar un discurso desde el gobierno que sea contrario a lo que se hace en la práctica».
Agregó que «considera que la sociedad con conciencia lo mínimo que espera es que el nuevo gobierno no se involucre en casos de corrupción como el caso Pandora e Instituto Hondureño de Seguridad Social», recordando que uno de los principales temas para llegar al poder fue la lucha contra la corrupción.
Santos dijo que no cree que la sociedad esté dispuesta a aceptar pactos de impunidad para que a esas personas no se les deduzca la responsabilidad debida desde el derecho penal y que también esperan que todos los bienes adquiridos y dineros sustraídos sean recuperados y devueltos al Estado.
Tanto el exvocero de la MACCIH como el fiscal de la UFERCO coincidieron en que «una muestra de que el gobierno que va a tomar posesión el 27 de enero muestre en realidad quiere luchar contra la corrupción es derogar todas esas leyes» que forman parte del pacto de impunidad.
Estas leyes incluyen las reformas a la Ley de Presupuesto, la Ley de Liquidación de Fondos Públicos, las reformas al Código Procesal, las interpretaciones y reformas a la Ley de Lavado de Activos y la impunidad creada desde la Ley Orgánica del Congreso Nacional para los diputados.
Además, pidió una revisión exhaustiva del nuevo Código Penal porque este «tiene partes que son rescatables, pero en el tema de corrupción realmente se está creando mucha más impunidad con algunas normas que contiene dicho Código».
El fiscal Santos hizo un llamado a la virtual presidenta Xiomara Castro a apostar por un proceso transparente de nombramiento del futuro fiscal general del Ministerio Público, así como los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
SIETE RETOS, SIETE PROPUESTAS
El director del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Mauricio Díaz Burdett planteó que la transparencia es la búsqueda de la luz como antídoto de la corrupción y delimitó las primeras acciones para luchar contra la corrupción en siete propuestas.
- Auditoría forense de las leyes aprobadas para la medición de impactos
- Cuantificación de los costos humanos y económicos
- Advierte de una eventual nueva derrama legislativa
- Priorización abrogación de leyes y demandas
- La nueva Misión de Apoyo Contra la Corrupción (MACCIH) y el Centro Contra la Contra la Corrupción y la Impunidad en Centroamérica (CCINOC)
- Elección de nuevas autoridades de la administración de Justicia
- La inclusión de género
Apuntó que se estima que 68 mil millones de lempiras se pierden anualmente por corrupción, y que esta está planificada y legalizada para los próximos 30 años. También urgió sobre la necesidad de recuperar el dinero hurtado de las instituciones saqueadas porque no basta con «tener presos VIP en los cuarteles de las Fuerzas Armadas».
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En relación con la ausencia de inclusión de género, Díaz Burdett aseguró que no es posible que las mujeres sean mayoría en la población y están representadas por una minoría en las Alcaldías Municipales y el Congreso Nacional. «Eso también es un acto de corrupción que en un país donde hay mayoría de género femenino, su presencia no sea también mayoría», concluyó.
