Tegucigalpa. La Ley de Amnistía para Presos Política y Presos de Conciencia, que ha sido cuestionada por diversos sectores de la sociedad hondureña incluyendo a los políticos, desde su concepción hasta su aplicación ha contado con la participación y acompañamiento de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Sin embargo, la polémica se ha centrado en el Poder Ejecutivo y Legislativo, donde se creó el proyecto de ley y luego donde se aprobó con el respaldo del oficialismo, pero su ejecutoria también involucra a jueces del Poder Judicial, pese a que la normativa beneficia a corruptos que se alejan de delitos políticos.
En virtud de la polémica, en las últimas horas el Partido Salvador de Honduras (PSH) presentó ante la secretaría general del Congreso Nacional una iniciativa contentiva para reformar la ley que se aprobó de forma irregular durante una crisis política que fragmentó al Congreso Nacional.
Los diputados que conforman la bancada del PSH presentaron la iniciativa con el objetivo de reformar la cuestionada normativa que ellos mismos aprobaron en respaldo a la bancada del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) y que benefició a exfuncionarios condenados por corrupción del gobierno del expresidente, ahora asesor presidencial, Manuel Zelaya Rosales (2006-2009).
Las diputadas del PSH Suyapa Figuera y Maribel Espinoza arguyen que no consintieron la aprobación de la amnistía, sin embargo, los votos de sus diputados suplentes fueron tomados en cuenta a favor de la ley, por lo que ahora, cuatro meses después de la vigencia, se animaron junto a sus compañeros de bancada a presentar la iniciativa para efectuar la reforma.
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“No pueden incorporarse en el proyecto de la amnistía ni su reforma, ni tuvo que haber sido incorporado en la ley de amnistía, delitos de corrupción porque transgrede convenciones internacionales contra la corrupción”, declaró Espinoza en un medio televisivo.
La reforma que se presentó se encamina a eliminar delitos de corrupción imputados al exgerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Hondutel), Marcelo Chimirri, primo de la presidenta, Xiomara Castro, sentenciado a ocho años de prisión por abuso de autoridad y nueve años por enriquecimiento ilícito.
La amnistía benefició además al exsecretario de la presidencia Enrique Flores Lanza, quien se encontraba en el exilio debido que tenía orden de captura por extraer alrededor de 40 millones de lempiras del Banco Central de Honduras (BCH) para promover el proyecto de consulta popular denominado “Cuarta Urna” por el que derrocaron a Zelaya Rosales a través de un golpe de Estado en junio de 2009.
Otro de los exfuncionarios salpicados en corrupción que han recibido el beneficio de amnistía es el exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri, quien ha presentado, al menos, ocho solicitudes de amnistía por misma cantidad de casos judiciales en su contra.
“No podemos permitir ninguna clase de acuerdos de impunidad, ni los que hicieron el Partido Nacional antes ni los que puedan derivarse de la amnistía. Dejamos claro que, en el elenco de delitos, no pueden caber delitos de corrupción, tenemos que ser respetuosos de la ley”, añadió Espinoza.
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PODER EJECUTIVO, EL MOTIVADOR DE LA AMNISTÍA
Antes de asumir la presidencia de Honduras, Xiomara Castro, esposa de Zelaya Rosales quien funge en la actualidad como su asesor y coordinador general del Partido Libre, anunció acuerdos con el diputado Luis Redondo, quien era el ungido para ser presidente del Congreso Nacional.
La directriz, que emana desde Castro, se estableció en el Compromiso Legislativo Bicentenario y pactó la aprobación de la amnistía y la Ley de Condena al Golpe de Estado contra Zelaya Rosales.
Castro sancionó la normativa pese a que el Congreso estaba fraccionado en dos bandos uno a favor de Redondo y otro bajo el liderazgo del diputado del Partido Libre, Jorge Cálix, quien cedió a su pretensión de ser presidente del Poder Legislativo en un conflicto que se resolvió en Casa Presidencial mediante acuerdos con Zelaya Rosales.
PODER LEGISLATIVO RESPONSABLE DE SU APROBACIÓN
Mediante Decreto Legislativo 4-2022, en horas de la noche del jueves 3 de febrero, se aprobó la Ley para la Reconstrucción del Estado de Derecho y para que los Hechos no se Repitan en condena al Golpe de Estado de 2009 y la polémica Ley de Amnistía para la Liberación de Presos Políticos.
La ley se aprobó en un único debate y sin requerir con el número de diputados necesarios debido a que 22 de 50 del Partido Libre, los 44 del conservador Partido Nacional y 18 del Partido Liberal se instalaron en paralelo y bajo la virtualidad al mando de Cálix.
En tanto Redondo, acompañado de los nueve diputados del PSH, 28 de Libre y cuatro liberales, más la mayoría de diputados suplentes de los insurgentes rojinegros, procedieron a la aprobación sin la consignación pública de los votos, dejando una estela de dudas.
El proyecto de ley de la amnistía fue presentado por el vicepresidente del Congreso Nacional, Rasel Tomé ante una iniciativa de Poder Ejecutivo.
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PODER JUDICIAL, EL EJECUTADOR
El Poder Judicial de Honduras, presidido por Rolando Argueta, sindicado de ser parte de la estructura criminal que instauró durante doce años el exmandatario Juan Orlando Hernández, quien enfrenta un juicio en Estados Unidos por narcotráfico, es el ente encargado de aplicar la amnistía.
A juicio del diputado de Libre Jari Dixon Herrera, la normativa se aprobó no para ser entregados como “cheques en blanco”, por el contrario, asegura que los jueces deben valorar si el caso aplica o no para amnistía.
Sin embargo, la realidad es que los jueces en casos de corrupción están otorgando cartas de libertad sin que estos delitos sean de persecución política, espíritu por el cual se supone se puso en vigor la amnistía.
La bancada del Partido Nacional, que cataloga la amnistía como un pacto de impunidad, condiciona su participación en la aprobación de leyes propuestas por el oficialismo a cambio de la derogatoria de la ley y que los beneficiados vuelvan a su condición original.
La postura de los nacionalistas en valorada como un argumento sin sentido porque existe una máxima en el derecho en cuanto a que la ley no tiene efecto retroactivo, solo en materia penal cuando beneficia al imputado.
Al respecto la diputada Maribel Espinoza dice que “las personas que ya quedaron en libertad, corresponsabilidad de varios actores, eso no lo podemos cambiar”, explicó Espinoza.
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Hasta ahora se han presentado siete recursos de inconstitucionalidad contra la normativa ante la Sala de lo Constitucional, no obstante, hasta el momento no se han pronunciado.
Las dos vías que existen para evitar que implicados en corrupción continúen siendo beneficiados es mediante la derogación o reforma a la ley por parte de Congreso o que el Poder Judicial decrete que es ilegal.
Espinoza asegura que la intención de la reforma es evitar pactos que promueven la impunidad y que pondrían en riesgo la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH).
Un comentario
Quienes quedaron en libertad por gozar de la amnistía vivirán en la impunidad. Entonces, para qué hacer reformas si ya se logró el objetivo. Burdo argumento extemporáneo. Curandose en salud. Así es Honduras.