La instalación de un proyecto hidroeléctrico valorado en US$ 75,562 millones y financiado por el BID Invest y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (DFC), mantiene en un campamento permanente a los pobladores, cinco de ellos con procesos judiciales por su resistencia en defensa y conservación del río para consumo humano.
Por: Redacción CRITERIO.HN
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Arizona, Atlántida. -Mayo de 2015. El exalcalde de Arizona —zona noratlántica de Honduras— Adolfo Alfonso Pagoada, realiza un cabildo abierto mediante el cual la comunidad se opone por mayoría a la construcción de una hidroeléctrica. Sin embargo, para sorpresa de los pobladores, la alcaldía anuncia que el proyecto ha sido aprobado por la comunidad y le da el visto bueno a la empresa Inversiones de Generación Eléctricas Sociedad Anónima (Ingelsa), propiedad de Emin Abufele.
El empresario en mención buscaba, desde aquel entonces, ejecutar el proyecto hidroeléctrico Jilamito para la producción de 14.80 MW de energía, a un costo de US$ 75,562 millones (L. 1,824,307,003) de los cuales el 26.8 % serán financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través su rama BID Invest, el 47.3 % por la Corporación Internacional de los Estados Unidos (DFC) y el 25,9 % por el capital de los socios.
El 20 de noviembre de 2015 la población de Arizona declaró al municipio libre de minería e hidroeléctricas y denunció a Pagoada por abusar de su autoridad.
“Le dijimos que no a la hidroeléctrica. La comunidad dijo que no quería, pero la municipalidad dijo que la gente había dicho que sí. Habían traído gente en buses de otras partes para aprobar el proyecto”, dice Lucinda Chacón, tía del nuevo alcalde de Arizona, Arnaldo Chacón, quien ahora, desde su posición como jefe edilicio, enfrenta un proceso judicial por oponerse al proyecto hidroeléctrico en defensa y conservación del río Jilamito.
El 15 de mayo de 2017 los opositores al proyecto llegaron en varios buses hasta el lugar donde se pretendía instalar el proyecto hidroeléctrico. Los ingenieros y dueños de maquinaria estaban sorprendidos, ya que les habían hecho creer que la comunidad estaba de acuerdo.
“Nosotros habíamos dicho que no, pero siempre siguieron en contra de la voluntad del pueblo. Había máquinas trabajando porque pensaban que el proyecto era legal, pero al darse cuenta de que era ilegal en ese mismo instante salieron con todas las máquinas. Ese mismo día se instaló el campamento ahí. Llegábamos hasta 200 y 300 personas a cuidar el río Jilamito”, recuerda Lucinda.
En el campamento duermen en promedio diez personas al día, quienes se turnan para hacer vigilias. La tarea se reparte en calendarios entre habitantes de 16 comunidades que buscan que el río Jilamito sirva para el consumo humano y no para negocios particulares. Están cuidando el río de la empresa Ingelsa, para que esta no meta maquinaria y no introduzca turbinas. Noche y día cuidan el río, lo contemplan y lo acunan como si fuera un bebé. La intención es que el río siga siendo del pueblo.
29 de mayo de 2017. La Policía Nacional hace el primer intento por desalojar de forma forzosa a la población del campamento Jilamito. Policías y trabajadores de Ingelsa destruyen parte del campamento, golpean a jóvenes, arrebatan celulares e impiden el libre tránsito.
“Llegaron un montón de militares, queriéndonos sacar, nosotros les dijimos que era nuestro derecho al agua. Ese montón de policías quisieron intimidarnos. Pero el grupo que estábamos ahí llamamos por refuerzos y después los policías tuvieron que recular. Querían sacarnos a la fuerza, pero no pudieron”, agrega Lucinda.
Doña Elena Gaitán, pequeña empresaria de la zona, es otra de las personas que, imputada por el Ministerio Público, está señalada de detentar espacios públicos en perjuicio del Estado de Honduras.
“A mí me gusta bastante la literatura. Desde hace más de 30 años vengo siguiendo una secuencia de la sobrepoblación de las ciudades y pueblos. Sabiendo de que nosotros en Arizona estamos conectados a una pequeña quebrada, y tenemos una comunidad que cada día crece más, entonces tomé la decisión de vigilar el caudal del río Jilamito para consumo humano”, dice doña Elena.
18 de diciembre de 2020. El agricultor Braulio Serrano, de 51 años, de ojos achinados, tez blanca y estatura mediana, está sentado en una banca del campamento Jilamito con fuerte determinación. Parece ser un hombre de agallas. Dice que defiende el río porque para él representa la vida y que, contrario a lo que mucha gente le dice, no se mueve por dinero, al contrario, expresa que protege el río de su juventud, para que sus hijos e hijas jueguen en él.
“Para nosotros el río Jilamito representa la vida, porque sin el agua no podemos vivir. Sí podemos vivir sin energía eléctrica, pero no sin agua. Por ejemplo, de donde soy, la comunidad de Coloradito, no hay servicio de energía eléctrica, pero a mí no me importa. Yo quiero que mis hijos tengan agua para tomar”, expresa.
Serrano cuenta que, en Coloradito, aparte de los problemas por las sequías de los meses de abril, mayo y junio, los terratenientes se han excedido con el monocultivo de palma africana, lo que genera mayores problemas para obtener agua potable en tiempos de sequía.
“Cerca de donde vivo hay muchas comunidades que se quedaron sin agua. Solo tienen el servicio en tiempo de lluvia. Siento que voy a lograr ver tuberías de agua potable yendo desde el río Jilamito hacia mi comunidad, que en realidad lo necesita”, explica.
Cuando comenzó el campamento, hace tres años, los defensores del río Jilamito habían colocado hamacas en los postes y, frecuentemente, cuando llovía, corría agua que se deslizaba desde las montañas. Ahora el campamento se extiende por varios metros. Montan guardia hombres, mujeres y niños.
“Pero aquí no es fácil. Cuando viene una patrulla de la Policía Nacional nos genera desconfianza porque son los que se encargan de capturar a las personas cuando alguien es criminalizado. Si vemos una máquina que viene a querer destruir las fuentes de agua, que es la única que ha quedado en el sector de Arizona, eso no lo permitimos”, cuenta Serrano.
Estos habitantes explican que el 29 de mayo de 2017 llegaron cerca de 40 policías a intimidarles. Pero que la cosa no pasó a más porque había personas defensoras de derechos humanos y apoyo internacional.
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“La gente de Ingelsa y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han intentado dialogar con nosotros, para convencernos del proyecto, pero solo lo han hecho enviándonos notas”, afirma Serrano, sentado a pocos metros de uno de los oficiales de derechos humanos que ha llegado ese día de parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
A la par del campamento hay unas tierras vastas, una finca que se extiende por varias hectáreas. Los habitantes de aquí dicen que el dueño es Jorge Reyes, un terrateniente que está detrás de la criminalización de cinco defensores del río Jilamito, quienes deben presentarse el próximo 18 de enero en juicio oral y público.
“Así trabajan. Consiguen testigos. No es confiable para nosotros. Es como el caso de algunos ingenieros de la empresa Ingelsa, que entraban a Jilamito e iban como tratando de conquistar a la gente. Pero cuando vieron que no podían por las buenas, recurrieron a las amenazas”, explica Serrano.
Hace unos días el Tribunal de Sentencia de Tela, Atlántida, suspendió a última hora el juicio oral y público, que ya se encuentra en su etapa de debate y que se había previsto del 18 al 22 de enero, contra cinco pobladores de Jilamito: Arnoldo Chacón (alcalde de Arizona), Elena Gaitán, Julio César Leiva Guzmán, Claudio Ramírez Espinoza y Julio Enrique Laínez. Todos están acusados, según el Ministerio Público, de detentar el espacio y suelo público en perjuicio del Estado de Honduras, revela la abogada Koritza Ortez Amaya, parte del equipo legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).
Octubre de 2020. El MADJ, junto al alcalde de Arizona, Arnoldo Chacón y defensores de derechos humanos, denunciaron ante el Ministerio Público a 12 empresas de estar confabuladas con funcionarios de Gobierno y por negociar de manera irregular contratos para generación de energía eléctrica, aprovechando el río Jilamito, fuente de abastecimiento de agua para consumo humano a 16 comunidades.
La denuncia fue presentada ante la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), por los abogados Martín Fernández y Víctor Fernández, hermanos y fundadores del MADJ en el 2008, quienes desde el 2009 vienen denunciando las intenciones de varios empresarios de apoderarse de recursos naturales en el departamento de Atlántida y, particularmente, del río Jilamito, en el municipio de Arizona. Los abogados actúan en representación de 16 comunidades.
4 de diciembre de 2020. Invest, la unidad de financiamiento al sector privado del Banco Interamericano (BID), anuncia la aprobación de un préstamo por 20.25 millones de dólares para la construcción de la represa hidroeléctrica Jilamito.
Trece días después del anuncio del financiamiento, llega a la zona de Arizona una delegación de la OACNUDH. La misión permanece en el lugar durante tres días (17, 18 y 19 de diciembre), visita el río Jilamito y conoce de primera mano lo que piensan los habitantes de las comunidades cercanas al proyecto hidroeléctrico de la empresa Ingelsa.
La delegación de OACNUDH, encabezada por el salvadoreño William Bolainez y el ecuatoriano Santiago Toledo, se reúnen con el alcalde del municipio de Arizona, Arnaldo Chacón, quien asegura haber descubierto que la empresa Ingelsa tenía un plan para asesinarlo.
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18 de diciembre de 2020. Una caminata desde el campamento tarda 40 minutos a paso lento para llegar hasta la zona del río Jilamito en donde se pretende instalar la hidroeléctrica. El sonido de la corriente del río golpeando las rocas se hace intenso a través de un sendero estrecho con un abismo enorme al lado izquierdo. Rocas, plantas, sonido del viento golpeando la vegetación y aves cantando. Hay que tener cuidado de no resbalar. Las lluvias recientes provocan que el lodo no sea un buen aliado. Hay que subir y bajar ese camino serpentino. Es imprescindible mantener el equilibrio.
La expedición de unas treinta personas, incluidos los representantes de OACNUDH, comienza a llegar al sitio en donde la empresa Ingelsa pretende embolsar el agua para producir energía. Al lugar llega también el abogado y exfiscal del Ministerio Público, Víctor Fernández, fundador del MADJ, quien aclara las dudas sobre el proyecto, el financiamiento, los pormenores de la empresa Ingelsa, el supuesto plan para asesinar al alcalde, Arnaldo Chacón, entre otras cosas. La plática transcurre con el río Jilamito cantando de fondo.
Fernández dice que primero se deben aclarar los términos, porque en Arizona más que conflictos existen violencias ejercidas desde funcionarios públicos del Gobierno.
“El funcionario de la Serna (Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente) que firmó el estudio de factibilidad, la trata de aguas y la licencia ambiental, nunca estuvo acá. Y desde allá desarrolló una conducta distante y soberbia de entregar lo que no es de él. Es violento que un funcionario desconozca esa relación que tiene la gente, ocultándole la información y metiendo militares y policías a la zona para imponer un proyecto”, afirma
El MADJ, que nació en el 2008, desde el 2009 planteó una disputa al modelo extractivista y sacó una bandera para luchar contra la corrupción.
Fernández cree que los proyectos apoyados por el BID no necesariamente significan desarrollo y que tampoco respetan otros modelos de desarrollo, es decir, aquellos que surgen del pensamiento de la gente, porque esta institución es un instrumento del poder que no escucha el clamor popular.
“El BID se ha hecho el ciego con todas las denuncias por corrupción que nosotros hemos presentado, se ha hecho el sordo frente a las acciones de nulidad que están en este caso. Y a osado en aprobar una primera parte del financiamiento de este proyecto. Así que nosotros señalamos al BID como un banco promotor de la violación de los derechos humanos, de la corrupción, porque está apoyando a actores corruptos”, sostiene el dirigente comunitario.
FOTO: El abogado Víctor Fernández desde ya acusa al BID de cualquier consecuencia violenta que se suscite en las comunidades de Arizona, Atlántida, por su resistencia al proyecto hidroeléctrico Jilamito.
Sobre Ingelsa, Víctor Fernández, piensa que es una empresa mercantil que está interesada en acumular plata y que eso es lo que está haciendo en Arizona, Atlántida.
“Sus socios y accionistas, Emin Abufele y todos estos, son una estructura gansteril de este país. Y aquí están haciendo eso. Ya tienen otros dos proyectos acá. Y vienen con otro”, subraya.
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El abogado Martín Fernández, hermano de Víctor Fernández, y uno de los coordinadores del MADJ en Atlántida, dice que han venido trabajando con la autodeterminación de los pueblos y los procesos de resistencia en sus territorios en donde se ha pretendido instalar proyectos extractivos o hidroeléctricos.
“El tema del agua para consumo humano es fundamental acá. En este municipio ya existen tres proyectos hidroeléctricos y hay un serio cuestionamiento por lo que implican los proyectos y los impactos que han tenido”, dice Fernández, quien opina que el hecho de que no se tenga soberanía de un proyecto en un territorio es un asunto grave.
“Jilamito se convierte en la última fuente de agua para consumo humano de la que podría echar mano la población, porque las otras fuentes ya están acaparadas. La gente está previendo este río como el que va a salvar la necesidad del agua para el consumo humano y para eso es que se han organizado las 16 comunidades que procuran desarrollar un proyecto de agua para asegurar el consumo humano”, expresa Martín.
Martín añade que ya hay un avance importante en el proyecto comunitario de agua potable y que ya se pagó la topografía y está casi acabado el estudio. Toda la red de distribución a nivel de cada una de las comunidades.
“Ya está diseñado todo el proyecto. Y hoy confronta con el despojo que tiene esta empresa Ingelsa, del señor Emin Abufele, con la confabulación del BID y otro banco que es el DFC, que no sé qué significa, pero podemos calificar esto como la guerra del agua que hay en este municipio”, concluye.
Fernández se refiere a la Corporación Internacional de los Estados Unidos (DFC) que financiará el 47.3 del costo total del proyecto hidroeléctrico. El financiamiento estadounidense ha sido rechazado por 28 congresistas de este país por las violaciones de derechos humanos que conllevan los proyectos extractivistas y en particular por las denuncias de corrupción, intimidación y violencia, efectuadas por líderes comunitarios que se oponen al proyecto de la empresa Ingelsa sobre el río Jilamito.
Para la abogada y parte del equipo legal del MADJ, Heydi Alachán, hay dos elementos que valorar, el primero es una parte discursiva de las empresas extractivas que acusan a las comunidades de oponerse al desarrollo. En el caso específico de Jilamito las propias comunidades han impulsado este proyecto comunitario de agua que implica justamente asegurar el acceso a agua y el uso de las fuentes de agua para consumo humano. Afirma que, por lo tanto, ese modelo se contrapone con la visión de desarrollo que tienen las empresas y el capital extractivo.
Y para entender un poco hasta dónde piensan llegar las 16 comunidades que defienden el río Jilamito, hay que escuchar y entender a Magda Díaz, habitante de la comunidad El Retiro, quien le contó a Criterio.hn que el 22 de enero de 2018 su esposo fue asesinado en el marco de una protesta contra el fraude electoral de 2017.
“Había un grupo de 80 personas protestando en la calle de Lean, cuando llegaron agentes de la Policía Nacional y Policía Militar. Era un grupo como de 300 militares y policías. Dispararon a bala viva. A mi esposo lo hirieron y luego lo terminaron de matar con gases lacrimógenos. Pero yo estoy acá en pie en lucha, trabajando dignamente por la defensa del río Jilamito. Y aunque no es fácil quedar desamparada con cinco hijos, llegaré hasta las últimas consecuencias para defender el río Jilamito”, termina diciendo Magda, una destacada defensora del río Jilamito.
