Los centroamericanos huyen de los malos gobiernos

Para frenar la migración, Washington debe abordar una crisis más profunda

Por: Dan Restrepo

Tomado de: Foreingaffairs.com

En enero, miles de personas se reunieron en la ciudad hondureña de San Pedro Sula para formar una caravana de migrantes para viajar al norte. “¡Fuera, Juan Orlando, fuera!” corearon, refiriéndose al presidente notoriamente corrupto de Honduras. “¡Fuera, Juan Orlando, sal!”

Honduras es uno de los países más pobres del mundo. También es uno de los más violentos, especialmente para las mujeres. Y junto con sus vecinos en el norte de Centroamérica, acababa de ser devastada por dos tormentas supuestamente una vez en un siglo que tocaron tierra a menos de 15 millas y con dos semanas de diferencia en noviembre de 2020.

Todos estos factores ayudan a explicar por qué decenas de miles de hondureños huyen de su país cada año. Pero el grito de quienes lo arriesgaron todo en un peligroso viaje a través de Guatemala y México hasta la frontera con Estados Unidos señaló un factor más fundamental de la migración irregular desde la región: las omnipresentes fallas de gobernanza que durante mucho tiempo han plagado a Honduras y sus vecinos. Para detener la migración desde Centroamérica, las administraciones estadounidenses anteriores enfatizaron la prosperidad económica y las iniciativas de seguridad y no dieron prioridad a la gobernanza. La administración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tendrá que probar algo nuevo si espera mantener la migración de la región a niveles manejables. Tendrá que poner la gobernanza en primer lugar.

Durante décadas, Estados Unidos ha pasado de un enfoque de gestión de crisis a otro en el norte de Centroamérica. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos proporcionó a El Salvador, Guatemala y Honduras miles de millones de dólares en asistencia militar y ayuda económica como parte de sus guerras por poder con la Unión Soviética. Luego, a principios de la década de 1990, El Salvador y Guatemala firmaron acuerdos de paz históricos que pusieron fin a décadas de guerras civiles. Estados Unidos inicialmente buscó ayudar a estos gobiernos a consolidar gobiernos democráticos con instituciones del estado de derecho, pero abandonó sus esfuerzos demasiado rápido. En El Salvador, por ejemplo, Washington redujo precipitadamente la asistencia a la incipiente fuerza policial nacional civil y aumentó las deportaciones de inmigrantes indocumentados condenados por delitos graves en los Estados Unidos, sembrando bandas criminales que continúan atacando a civiles en el norte de Centroamérica hasta el día de hoy.

No fue hasta que ocurrió el desastre que Washington volvió a comprometerse con la región. En 1998, el huracán Mitch se cobró 11.000 vidas, la mayoría en Honduras, Nicaragua y El Salvador. En respuesta, la administración del presidente Bill Clinton proporcionó casi mil millones de dólares en asistencia para desastres y reconstrucción, gran parte de la cual se centró en la infraestructura física.

Cuando el presidente George W. Bush asumió el cargo, Washington cambió su enfoque primero al libre comercio y luego a la seguridad ciudadana. La administración Bush negoció y ratificó el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, que redujo los aranceles para los productos centroamericanos que ingresan a Estados Unidos (y viceversa). Washington luego ideó lo que se convertiría en la Iniciativa de Seguridad Regional de América Central, que buscaba mejorar la seguridad pública y otras instituciones del estado de derecho en toda la región. Aunque ninguno de los enfoques fue diseñado explícitamente para reducir la migración centroamericana, ambos intentaron mejorar la estabilidad promoviendo la prosperidad y la seguridad. Pero ambos se quedaron cortos, ya que ninguno priorizó adecuadamente las reformas de gobernanza.

Migrantes en Guatemala el pasado mes de enero

La administración del presidente Barack Obama cambió de rumbo una vez más, buscando mejorar económicamente la suerte de la región. En 2014, después de que casi 70.000 niños centroamericanos no acompañados llegaran a la frontera de Estados Unidos, el gobierno de Obama dio a conocer su Estrategia de Compromiso en Centroamérica y buscó reforzar una iniciativa de los gobiernos de la región llamada Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte, asignando finalmente $ 750 millones en asistencia estadounidense a El Salvador, Honduras y Guatemala en 2016. Tanto la estrategia como la alianza adoptaron un enfoque de tres frentes: tenían como objetivo promover la prosperidad, la gobernanza y la seguridad en vías paralelas. Aunque la gobernanza estaba en la mezcla, no tomó la iniciativa.

El presidente Donald Trump abandonó por completo el enfoque limitado de su predecesor en la gobernanza en Centroamérica. Además de adoptar esfuerzos draconianos en un intento por prevenir la migración, la administración Trump dio la espalda a los proyectos de gobernanza más destacados de la región, incluida la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala respaldada por la ONU y la Misión de Estados Unidos respaldada por la Organización de Estados Americanos para Apoyar la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Al hacerlo, permitió que instituciones y funcionarios corruptos recuperaran la ventaja en gran parte del norte de Centroamérica.

LA GOBERNANZA PRIMERO

Durante las últimas tres décadas, la migración irregular desde el norte de Centroamérica ha crecido de manera constante, lo que ha resultado en un aumento dramático en el número de no mexicanos (predominantemente centroamericanos) detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos, desde los más bajos 10,000 en la década de 1990 hasta casi 700,000 en el año fiscal 2019. La administración Biden ahora se está preparando para una migración aún más irregular a través de la frontera entre Estados Unidos y México. A través de una serie de acciones ejecutivas, ha comenzado a reformar la anticuada infraestructura de procesamiento de fronteras y el sistema de asilo sobrecargado, deshaciendo lentamente las políticas de la era Trump que eliminaron la capacidad de los migrantes para solicitar asilo en la frontera de EE. UU. Y paralizaron la ya limitada capacidad para lidiar con aumento de la migración.

Esos cambios son un buen comienzo, pero Washington debe hacer más para aliviar la presión en la frontera. La administración Biden debe enviar ayuda humanitaria a corto plazo a las víctimas de los huracanes Eta e Iota y ayudar a los países de la región a obtener vacunas para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Y para adelantarse a la migración irregular, Washington debería crear programas para reunir a las familias de los países del norte de Centroamérica y ampliar los canales legales para la migración.

Pero, incluso, esas acciones se quedarán cortas si Washington no prioriza la gobernanza en el norte de Centroamérica. La administración de Biden no debe simplemente volver a financiar iniciativas de prosperidad y seguridad ciudadana. En cambio, debe adoptar un enfoque de “gobernanza primero” que tiene como objetivo reforzar el estado de derecho y la capacidad de los gobiernos para proporcionar servicios básicos.

La administración Biden ahora se está preparando para una migración aún más irregular a través de la frontera entre Estados Unidos y México.

Estados Unidos no puede, por supuesto, imponer cambios. Más bien, debería animar a los actores locales que ya están respondiendo a las demandas populares y legítimas de una mejor gobernanza. Donde los gobiernos están abiertos a reformas, como empoderar a los fiscales nacionales para erradicar la corrupción y reformar las leyes para permitir la recaudación de más impuestos sobre la renta y el patrimonio, Washington debería brindar apoyo político y técnico para esos esfuerzos. Pero donde las élites gobernantes corruptas se resisten al cambio, Washington debería asociarse con la sociedad civil.

En todo el norte de Centroamérica, la sociedad civil es a menudo el único perro guardián eficaz contra la corrupción y las malas prácticas gubernamentales. Pero quienes ofrecen este servicio público esencial lo hacen con un gran riesgo personal. El gobierno de los EE. UU., Desde el presidente hasta los funcionarios del Departamento de Estado y todos los que están en el medio, debe involucrar a los actores de la sociedad civil directamente para brindarles alguna medida de protección mientras continúan presionando a quienes ocupan cargos públicos. Washington también debe empoderar a los medios independientes en toda la región dando prioridad a las entrevistas con dichos medios y asegurándose de que sus reporteros sean convocados en conferencias de prensa conjuntas con funcionarios gubernamentales, como ya lo hizo la administración Biden en sus días de apertura.

Washington está bien equipado para apoyar a los reformadores y los creadores de cambios locales. Estados Unidos no debería ser tímido a la hora de utilizar su influencia económica y política para ayudar a aquellos funcionarios que buscan hacer lo correcto pero que se ven frustrados por la corrupción. Y debe liderar las instituciones multilaterales y los grupos ad hoc no solo en el apoyo a los esfuerzos anticorrupción de los fiscales y los tribunales, sino también en el fortalecimiento de la capacidad de las autoridades fiscales, aduaneras y de adquisiciones para llevar a cabo sus funciones sin sucumbir a la corrupción. Estados Unidos debería insistir en que los gobiernos del norte de Centroamérica instalen inspectores generales fuertes e independientes y asesores políticos y técnicos en sus administraciones y ministerios civiles. Estos funcionarios pueden ayudar a aislar a los reformadores dentro de los gobiernos de las influencias corruptas.

Washington debe hacer más para aliviar la presión en la frontera.

En el pasado, Estados Unidos ha abandonado a valientes servidores públicos que se enfrentaron a la corrupción en toda la región. La administración Trump dio la espalda a los esfuerzos anticorrupción liderados por tres exfiscales generales de Guatemala y El Salvador, quienes se han visto obligados a exiliarse en los últimos cuatro años. Estados Unidos nunca debe volver a traicionar a tales funcionarios. En cambio, debería crear un programa de protección para permitir que los funcionarios vulnerables y los líderes de la sociedad civil busquen refugio en los Estados Unidos, señalando claramente que esos actores son aliados de los Estados Unidos.

Estados Unidos también debe dejar en claro, a través de palabras y hechos, que no tolerará que las élites corruptas y arraigadas sigan las cosas como de costumbre, que socavan los esfuerzos efectivos de reforma y gobernanza. Washington debería buscar la extradición en casos de corrupción de alto perfil vinculados a Estados Unidos. Y en otros casos, la administración Biden debería usar agresivamente la llamada Lista Engel de personas corruptas a las que se les negarán visas y acceso al sistema financiero de EE. UU., Así como las sanciones de la Ley Global Magnitsky, que permiten a Washington sancionar a cualquier funcionario público que han cometido abusos contra los derechos humanos para castigar a las élites corruptas.

Pero la administración Biden no debería detenerse en nombrar y avergonzar a las personas corruptas y negarles el acceso a Estados Unidos. Debería trabajar con socios europeos, de Asia y el Pacífico y regionales para negarles un refugio seguro en otros países. Mientras alimenten la corrupción y socaven el estado de derecho en sus países de origen, estas personas —y sus familias— deberían encontrar que viajar, vivir en el extranjero y acceder al sistema financiero internacional les resultará mucho más difícil que ahora.

A medida que la atención se centra una vez más en la frontera entre Estados Unidos y México, la administración Biden debe prestar atención a las lecciones del pasado y anteponer la gobernanza. Si no lo hace, las sociedades del norte de Centroamérica seguirán sufriendo y la migración irregular seguirá aumentando.