La diputada ha sido ungida por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, para integrar la comisión multipartidaria que evaluará a los cinco candidatos a fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público, pero su bancada ha decidido que este espacio sea ocupado por Jhosy Toscano.
Tegucigalpa, Honduras.- La bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH) rechaza la decisión del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, en cuanto a la integración de la diputada Ligia Ramos en la comisión interpartidaria que conocerá los expedientes de los abogados propuestos para fiscal general y adjunto del Ministerio Público (MP), para el periodo 2023-2028.
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El presidente de la bancada del PSH, Jhosy Toscano, quien sustituyó en el cargo al diputado Tomás Ramírez, precisó que la inconformidad no es por elegir a la diputada Ramos, sino por hacerlo de manera arbitraria, porque ellos ya habían notificado qué diputado integraría dicho grupo.
“Lo que queríamos es que se respetara la voluntad de nuestra bancada, al establecer quién iba a ser el representante nuestro ante esta comisión, pues se lo hicimos llegar a la presidencia del Congreso y, según el documento que cuenta con la firma de los diputados de esta bancada, iba a ser su servidor”, dijo Toscano a medios de comunicación la noche del jueves.
Agregó que “como bancada del Partido Salvador de Honduras no vamos a avalar, participar, cooperar ni participar en ningún diálogo que sea referente a la elección del fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público”.
La comisión fue presentada por el presidente del Congreso Luis Redondo el miércoles 16 de agosto. El fin de ese grupo, integrado por ocho diputados de los distintos partidos que tienen representación en ese poder del Estado, es analizar las hojas de vida de los cinco abogados que integran la nómina que presentó la Junta Proponente.
La comisión ha quedado integrada por los diputados Luz Angélica Smith Mejía, Rafael Sarmiento, Isis carolina Cuellar, Héctor Hernán Aguilar y Yahvé Sabillón (alterno) del partido Libre; Mario Seguro y Héctor Vidal Cerrato Zelaya del Partido Liberal; Mario Pérez del Partido Nacional; Karen Vanessa Martínez del Partido Anticorrupción; Ligia Ramos y Carlos Raudales de la Democracia Cristiana.
Después de conocer, analizar y valorar el perfil de cada candidato, el Congreso tiene que crear un andamiaje para evaluar, de alguna manera, a los abogados, con la finalidad de seleccionar a los que estén más preparados, en las distintas áreas, para llevar las riendas de la fiscalía.
Ese debería ser el proceso ideal, pero, en la práctica es distinto, ya que los diputados, al igual que en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tratarán de escoger a los dos abogados que más se ajusten a sus agendas políticas, obedezcan a sus intereses políticos y económicos de los grupos de poder.
El Poder Legislativo, de acuerdo con la Constitución de la República, deberá elegir a las autoridades de la fiscalía antes del uno de septiembre de 2023 y, tras este primer paso que dieron, al nombrar la comisión, tienen 14 días para cumplir con lo establecido.
Si ese posible escenario se materializara, el actual fiscal general Óscar Fernando Chinchilla y el adjunto Daniel Sabrián, tendrían, por mandato constitucional, que continuar en sus puestos hasta que el Congreso logre elegir a las dos nuevas figuras del ente investigador, que estarán hasta agosto de 2028.
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“ESTOY INCOMODA CON EL NOMBRAMIENTO”
Ante la polémica por su nombramiento, la diputada Ligia Ramos, mencionó en conversaciones con Criterio.hn que supo de su nombramiento en la comisión y que la noticia se la compartió el propio presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.
Ramos apuntó que le hizo saber a Redondo que se encontraba con Covid-19 y que tampoco estaba dispuesta en integrar la comisión porque su partido ya había designado al diputado Jhosy Toscano.
Sobre su rechazo contestó que “el inconveniente no es por algo personal en mi contra”, sino porque como bancada ya habían asumido una decisión.
Sin embargo, confesó que “hay un rechazo, creo que tiene que ver con el conflicto que hemos tenido, yo tengo un posicionamiento bien firme en cuanto a la coalición o alianza que está haciendo Salvador Nasralla, con el Partido Nacional, el Partido Liberal y Alianza Patriótica y puede ser que por ahí haya un poco de malestar del Partido Salvador de Honduras”
La posición de esta bancada que puede ser uno de los tantos obstáculos para dilatar el proceso de elección de la fiscalía, podría obedecer a los conflictos que Redondo, como presidente del Congreso Nacional, ha tenido con el PSH, ya que no responde a los intereses de ese partido, sino a los del oficialismo.
Ramos, sostuvo que ella se encuentra dotada de capacidad para externar los criterios de transparencia de su partido político, ante los demás diputados que integran la comisión, pero por el Covid-19 y el pacto firmado entre sus compañeros de bancada, ha decidido no participar.
“Estoy incómoda con ese nombramiento; estoy pasando por Covid y ya hice la solicitud que me quitara [Luis Redondo] de esa comisión y que pusiera al presidente de la bancada. Sin embargo, él [Redondo]. me dijo que no, porque ya estaba nombrada, que me recuperara y después me integrara.
La Ley Orgánica del Poder Legislativa, en el inciso 12, faculta al presidente del Congreso Nacional a nombrar y sustituir a los integrantes de las comisiones legislativas.
En resumen, Redondo se está amparando en un marco legal antidemocrático heredado por su antecesor, el nacionalismo Mauricio Oliva, y que él mismo cuestionó en el pasado y que calificó de dictatorial.
El Partido Salvador de Honduras, a través de su presidente Salvador Nasralla, actual designado presidencial, conformó el miércoles un bloque opositor junto a otros políticos de oposición, algunos salpicados por corrupción y otros actores claves del golpe de Estado que sacó del poder, en 2009, al entonces presidente y actual asesor presidencial, Manuel Zelaya Rosales.
La decisión de Nasralla, al aliarse con políticos que, en el pasado reciente, denunció por tener nexos con el narcotráfico y la corrupción, no ha recibido el apoyo unánime de los diputados de la bancada del PSH que aparentemente se va fraccionando con decisiones como la de opacar a la diputada Ligia Ramos.
La alianza opositora ha anunciado protestas en las calles y una férrea oposición a la agenda legislativa, donde se espera se elija en los próximos días a las nuevas autoridades del Ministerio Público. Analistas políticos dicen que el frente opositor lleva implícita la intención de desestabilizar al gobierno de Xiomara castro.
