Tanto el presidente como el secretario del Congreso Nacional han manifestado abiertamente que no es necesario que las reformas al marco normativo estén listas para que arribe al país la CICIH
Tegucigalpa, Honduras.- Líderes del Congreso Nacional mienten en cuanto a los requisitos previos a la instalación en el país de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH). El presidente de ese poder del Estado, Luis Redondo, y el secretario, Carlos Zelaya Rosales, insisten en que no es necesario esperar a que se reforme el marco normativo para que arribe el mecanismo.
El pasado 23 de mayo, el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya Rosales, calificó de «error» esperar que primero se efectúen reformas legales y después se firme el convenio de la CICIH.
«Es un error estar esperando que primero el Congreso Nacional derogue leyes para que después se firme el convenio. Creo que es al revés, pero si mañana lo llevan al Legislativo, estoy seguro de que estaríamos listos para aprobar que venga la CICIH», manifestó Zelaya Rosales.
Las declaraciones del secretario del Legislativo contravienen lo que indica el memorando de entendimiento que se suscribió el 15 de diciembre de 2022 entre el Gobierno y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el que se indica que en la primera fase del mismo, la institucionalidad hondureña debe plantear reformas, aprobaciones y derogaciones a distintas leyes que impiden el efectivo combate a la corrupción.
PLANTEAMIENTO DE REFORMAS
Adicionalmente, durante las tres visitas in situ que efectuó el equipo de expertos de la ONU en 2023, se plantearon al menos nueve reformas, entre las cuales figura la reforma al Código Penal, la derogación del decreto 117-2019, la reforma del decreto 4-2022, la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, y las derogaciones de los decretos 116-2019, 57-2020 y 93-2021.
Sin embargo, el Congreso Nacional solo ha derogado los decretos 116-2019, 57-2020 y 53-2021, que obstaculizaban la labor del Ministerio Público y modificaban la figura de lavado de activos.
El decreto 117-2019, que otorga inmunidad a los diputados, sigue vigente, impidiendo que sean legalmente responsables por sus acciones legislativas. También siguen en el Código Penal delitos con penas mínimas como malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y fraude.
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El artículo 4, literal A, del decreto 4-2022, que ofrece amnistía para ciertos delitos contra la administración pública, tampoco ha sido derogado o reformado. Además, el Legislativo tampoco ha aprobado la Ley de Colaboración Eficaz, cuyo dictamen fue presentado al pleno desde noviembre de 2022.
No es la primera vez que uno de los máximos líderes del Congreso Nacional se pronuncia en términos similares. El pasado 29 de abril, el presidente Luis Redondo aseguró que la CICIH puede trabajar perfectamente sin necesitar de estas reformas al marco normativo.
«Me pregunto por qué Naciones Unidas no ha llegado al acuerdo ya, que vengan acá, que se instalen y que empiecen a trabajar ya. A mí que no me vengan con el cuento de que tenemos que derogar esto o aquello para poder hacer que venga una misión de combate a la corrupción», señaló Redondo en aquella ocasión.
SIN VOLUNTAD POLÍTICA, NO HABRÁ CICIH
A consideración de Jimena García, representante de la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ), es lamentable que los dos máximos líderes del oficialismo dentro del Congreso Nacional estén contradiciendo lo establecido en el memorando de entendimiento y, sobre todo, la lucha contra la corrupción que alguna vez abanderaron.
«¿Por qué no lo dijeron antes, cuando se firmó el memorando de entendimiento, donde quedaban claros los requisitos para la CICIH? Las reformas no son solo para que se establezca la CICIH, las reformas son para fortalecer todo el sistema de justicia. Entonces, decir que no son importantes o relevantes estas reformas es contradictorio con sus discursos cuando eran oposición», declaró García en conversación con Criterio.hn.
Por su parte, el exsecretario de Transparencia y Combate a la Corrupción, Edmundo Orellana, señaló que en el país existen diversos sectores interesados en que no arribe una CICIH, y que esos grupos están dentro del Gobierno, la empresa privada, la sociedad y el Congreso Nacional.
«Yo no dudo que haya voluntad política de parte de la presidenta Xiomara Castro, pero también hay mucha gente a la que no le conviene que venga la CICIH. Gente de todas partes: del Gobierno, de la empresa privada, de la sociedad civil. Y la CICIH va a investigar a este gobierno. Hay que preguntarse, más allá de la presidenta, quién también está interesado en que venga la CICIH», manifestó Orellana en una entrevista ofrecida a Criterio.hn.
A criterio de Orellana, también exfiscal general del Ministerio Público (1994-1999), el Congreso Nacional representa el mayor obstáculo para la CICIH y el hecho de que las reformas planteadas por el equipo de expertos no estén materializadas es un reflejo de esa falta de voluntad política.
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«El Congreso Nacional definitivamente no tiene voluntad política para la CICIH. Desde luego, hay diputados de Libre, Liberal y Nacional que sí podrían votar por la CICIH, pero hay que decir que la mayoría están en contra», lamentó Orellana.
El principal obstáculo para la llegada de la CICIH es el Congreso Nacional, según el exsecretario de Transparencia, Edmundo Orellana. Foto: Jorge Burgos/Criterio.hn
Desde que asumió la presidencia el 27 de enero de 2022, Xiomara Castro prometió trabajar con el propósito de acordar con las Naciones Unidas el convenio para la instalación de un mecanismo anticorrupción, el cual, en caso de concretarse, deberá ser aprobado por el Congreso Nacional con 65 votos.
Sin embargo, eventuales reformas constitucionales, destinadas a permitirle a la CICIH ejercer la acción penal pública, requerirían 86 votos legislativos.
