elección de Corte Suprema es demanda de EE UU y ONU

Ley especial en elección de Corte Suprema es demanda de EE UU y ONU

Tegucigalpa.- Mientras varios sectores señalan que existe intromisión de Estados Unidos en ciertas determinaciones del gobierno de Honduras, la reciente aprobación de Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que, si bien responde a un interés político partidario, también expuso era una demanda de Naciones Unidas y de esa nación para avanzar en instalación de mecanismo anticorrupción.

El memorándum preliminar de entendimiento entre Honduras y Naciones Unidas contentivo para la primera fase que conlleve a la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), confirma que la normativa que aprobó el Congreso Nacional para el proceso de selección de candidatos a magistrados al Poder Judicial excede de pretensiones meramente políticas del partido de gobierno, sino que es un requisito esencial que debe cumplir el Estado de Honduras para lograr un acuerdo.

En el punto número 3, plasmado en el memorándum, especifica que Naciones Unidas contempla brindar apoyo técnico a la nación una vez que la normativa se haya aprobado, esto claramente avala que era una de la docena de exigencias que debe cumplir el Estado de Honduras, siendo ratificado por la representante del organismo internacional y la propia embajadora de los Estados Unidos en Tegucigalpa.

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En declaraciones recientes, la representante de Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, calificó como avance al fortalecimiento del estado de derecho el marco legal de la Junta Nominadora siendo una “preparación” encaminada con miras a concretar la CICIH.

“Cualquier paso con esta ley y como otra que va en la dirección de fortalecer o de verdaderamente construir el estado de derecho, es importante. Entonces, naturalmente son marcos regulatorios que son importante, también en preparación de una posible comisión, pero el hecho del trabajo alrededor de fortalecer el estado de derecho requiere de muchos pasos, esto es un primer paso”, manifestó.

Shackelford, también reconoció que la nación centroamericana históricamente tiene un contexto “extremadamente politizado” y exigir la despolitización de procesos como la elección de los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia “no se puede pensar que la cosa se vaya a despolitizar de un momento a otro”.

Por su parte, la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, sostuvo reuniones con el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, en la que alabó la publicación de la Ley Especial que considera como un factor que podría atraer la inversión y generar empleos, al tiempo que contraria las posturas de opositores al gobierno Xiomara Castro que atacaron la normativa arguyendo que beneficia a corruptos.

“Gracias Luis Redondo por la reunión y la Gaceta con la nueva ley. Una Corte Suprema de Justicia y Junta Nominadora independiente, transparente y profesional lucha contra la corrupción y protege a todos excepto a los delincuentes. Esto atrae inversiones y genera empleos”, escribió en Twitter.

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La exigencia, tras la convocatoria pública a las organizaciones que conforman la Junta Nominadora, tanto de Naciones Unidas como de Estados Unidos yace en una Junta Nominadora que seleccione los y las mejores candidatas y candidatos a magistrados de la Corte Suprema y que bloquee que la política partidista imponga a sus candidatos sobre los mejores calificados.

“La conformación de la Junta Nominadora es el próximo paso importante para la elección de la Corte Suprema de Justicia. Un llamado a las instituciones involucradas en apoyar para que este sea un proceso transparente, profesional y con igualdad de género”, indicó Shackelford.

En tanto, la diplomática Dogu coincidió con Shackelford que la Junta Nominadora tendrá la función más importante que permita a los más calificados e íntegros ser parte de la nómina no menor de 45 candidatos, de los cuales, serán electos 15 por el voto de al menos 86 de los 128 diputados.

Luis Zelaya, dirigente político del Partido Liberal se refirió a la determinación de la Embajada de Estados Unidos cuestionando que en la elección pasada no tuvieron un papel preponderante permitiendo que se impusiera una Corte Suprema alineada a los intereses del régimen criminal de Juan Orlando Hernández, exgobernante extraditado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

“Totalmente de acuerdo con Embajada de Estados Unidos, pero por qué no se dijo lo mismo cuando varios fimos incluso a Estados Unidos a advertir lo que JOH pretendía en elección de actual Corte Suprema de Justicia para su reelección ilegal y nadie dijo nada. Honduras necesita un cambio profundo, pero soberanamente interno”, dejó a entrever.

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El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso Nacional, el diputado Ramón Barrios, aseguró que la matriz de evaluación de la Junta Nominadora tiene consideraciones que evitarán que candidatos o candidatas que no reúnan los requisitos e idoneidades para el cargo no podrán pasar el filtro, sin embargo, dependerá de la labor de los integrantes de la Junta Nominadora que actúen bajo principios y no se presten a componendas.

“Es un momento crucial para las organizaciones que integran la Junta Nominadora, de escoger a los mejores ciudadanos, quienes seleccionarán a los mejores abogadas y abogado, 45 al menos nominados y presentar esa lista al Congreso Nacional”, dijo.

Cabe señalar que un representante del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), también del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), del Colegio de Abogados, del claustro de profesores de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), un representante de centrales obreras y de sociedad civil conforman la Junta Nominadora.

En el pasado, varios de los representantes que han conformado la Junta Nominadora han seleccionado a candidatos vinculados en corrupción, criminalidad o narcotráfico mediante tráfico de influencias posteriormente, son nombrados en altos cargos en la administración pública, por lo cual, en este nuevo proceso se exige que la Junta Nominadora no responda a intereses oscuros.

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