Tegucigalpa. – El tema de las mujeres en esta región en general es un tema reservado, desde luego, Honduras está en una situación de mayor vulnerabilidad, primero porque forma parte de los países del triángulo norte que tienen un rezago de violencia social que impacta mayormente en la violencia hacia las niñas y las mujeres.
Así pone en contexto la coordinadora de la implementación de la Convención de Belem do Pará y es la Secretaria Técnica del MESECVI, Luz Patricia Mejía, en entrevista exclusiva con Criterio.hn.
En esa amplia conversación, mencionó que la violencia contra las mujeres no solo se da en el ámbito privado, como se refleja en la mayoría de los países, sino también en el ámbito público.
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No obstante, resaltó que Honduras está en una situación muy compleja en cuanto a los derechos de la niñez y las mujeres, pero es una realidad común en el resto de la región, en la cual, aunque se han hecho esfuerzos todavía hay muchos desafíos que enfrentar.
En ese sentido y ante el contexto de violencia contra las mujeres, la posibilidad de una Ley contra el Femicidio, la cual presente una normativa que permita visibilizar el femicidio, es un paso sumamente relevante.
Es importante recordar la delicada situación en Honduras, país que de 2005 a 2021 registró más de 6,700 muertes violentas de mujeres, preocupando aún más que al menos el 95% de esas muertes permanecen impunes.
Mejía salvó lo relevante de la existencia de un grupo de las organizaciones de la sociedad civil que trabaja y visibiliza los temas de la mujer. Además, el hecho de establecer un ministerio para visibilizar los temas de la mujer, siendo significativo, sin olvidar que falta mucho por hacer.
En esas cosas rezagadas por hacer para garantizar los derechos de las niñas y mujeres, por ejemplo, mencionó que se debe tener una perspectiva mucho más amplia sobre la violencia hacia las mujeres.
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VIOLENCIA CONTRA LA MUJER ESTÁ EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO, PRIVADO Y PÚBLICO
Según establece la Convención de Belém do Pará, el tratado interamericano que estableció por primera vez el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, explica que la violencia contra la mujer sucede en un ámbito doméstico, privado y público. Al hablar del área pública, se incluyen una cantidad de situaciones en las cuales las mujeres están implicadas: los servicios públicos, la salud, la educación, los centros de estudio, el transporte público, el trabajo, entre otros.
Actualmente, de enero a mediados de octubre de 2022, el Observatorio de Violencias contra las Mujeres del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), actualizó las estadísticas de femicidios, los cuales llegaron a 216.
Los escenarios anteriores son espacios en los cuales la naturalización de la violencia llega a construir esa enorme pirámide, cuya punta o desenlace es el femicidio.
Ese delito contra la mujer no sucede como un hecho aislado, ocurre como una cantidad de factores que coadyuvan a una cultura de patriarcal de impunidad, en la cual la subordinación de la mujer está en todos los espacios de la vida cotidiana.
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Esas debilidades que permiten los delitos contra la mujer y los femicidios, nacen de la ausencia de políticas públicas eficientes que permitan medir qué funciona y cómo avanzar en los temas que funcionan, pero, además, cómo reorientar los que no funcionan.
MESECVI, señaló que los asesinatos de mujeres y de niñas cometidos por hombres por el hecho de ser mujeres han sido normalizados e invisibilizados desde siempre. El delito no se reconoció tempranamente, es decir, sólo en las últimas décadas comenzó a considerarse este crimen “como un aspecto estructural del sistema dominante, que da cuenta de la discriminación, la opresión y la violencia sistemática contra las mujeres”.
A pesar de todo, ninguna de las naciones caribeñas ha incorporado la figura de femicidio/feminicidio como una conducta delictiva diferenciada del homicidio, permitiendo que eso crímenes sean investigados y sancionados bajo figuras de homicidio o asesinato neutrales respecto al género.
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Los altos niveles de impunidad dan paso a la prevalencia del delito. Al respecto, MESECVI destacó que existe una brecha entre la existencia de las leyes que criminalizan estas conductas y la sanción de los responsables de estos crímenes.
La impunidad de estos casos se debe, entre otras causas, al limitado acceso de las mujeres a la justicia, así como a los prejuicios de género durante los procesos judiciales, policiales y fiscales.
