Por: Irma Becerra*
El tres de abril de este año, decíamos, en nuestra conferencia, “La Resistencia hoy”, que el movimiento popular, insurreccional y antidictatorial de la Resistencia seguía plenamente vigente, legítimo y legal, después de 10 años desde el golpe de Estado del 2009, porque ahora nos enfrentamos a un gobierno tiránico y usurpador de corte represivo neofascista como es el gobierno de Juan Orlando Hernández. Esa aseveración, que fundamentamos teóricamente en dicho evento, ha quedado probada en la práctica, en las manifestaciones del día de ayer, 29 de abril del presente año. Quedó al descubierto la intolerancia criminal de este gobierno, al aparecer en medio de la manifestación pacífica de la población, y sobre todo en medio de los mismos policías uniformados que estaban reprimiendo la misma, varios policías municipales vestidos de civil que apuntaron y dispararon con sus pistolas a la multitud hiriendo a algunos manifestantes; todo a vista y paciencia de los mismos policías uniformados que estaban reprimiendo la protesta surgida ante la infame intención del gobierno de privatizar el acceso a la salud y a la educación en el país.
Las características neofascistas del régimen se han podido observar también en su práctica represiva y antisocial durante todos los años de gobierno del Partido Nacional, especialmente de destrucción casi absoluta de la función social de las instituciones del Estado y su cooptación por el actual gobernante para ponerlas sólo a su servicio privado y de sus activistas de Partido, y obedeciendo los mandatos del Fondo Monetario Internacional y la Embajada de Estados Unidos de América, que le han avalado todas sus antisociales políticas.
Señalábamos en la conferencia esas características en el hecho contundente de la intencionalidad gubernamental de mantener en la ignorancia, enfermo y el sometimiento absoluto a la población hondureña porque únicamente invierte en bombas lacrimógenas. Por eso, el gobierno usurpador de Juan Orlando Hernández tiene que caer porque es extremadamente destructivo, negativista e impopular con carácter abiertamente neofascista. Ese carácter destructivo de la función social de la política de gobierno se manifiesta en lo siguiente:
El que prevalece una política de seguridad basada en la represión de los ciudadanos y la militarización de la sociedad, en la que sólo se construyen cárceles de máxima seguridad en vez de escuelas, universidades y centros culturales de rehabilitación social.
La utilización de las estructuras punitivas del Estado como los juzgados y el ejército para reprimir y criminalizar a la población y a la protesta popular ante el régimen usurpador de gobierno, así como la creación de una policía militar que similar a las SS de Hitler, (grupo paramilitar al servicio personal del Partido Nazi Alemán y Adolf Hitler), están al servicio exclusivo del gobernante sólo para sostenerlo en el poder y reprimir toda fuerza de protesta y oposición.
La persecución de la criminalidad organizada y desarticulación de bandas de narcotráfico menores sin investigar, juzgar ni procesar en Honduras a los narcotraficantes de cuello blanco de nexos criminales con el Estado y el gobierno.
La supeditación y reducción de la seguridad social y la seguridad jurídica a su mínima expresión al aplicar el gasto público en la adquisición de armas y equipo militar en vez de la inversión social y educativa de la población.
Cooptación de las instancias jurídicas como la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el Tribunal Supremo Electoral, así como el propio Poder Legislativo para ejercer una justicia sesgada, selectiva y represora de los dirigentes populares y los ciudadanos que protestan y para legitimar todas las decisiones personalistas individuales del “presidente” usurpador creándose para su servicio una estructura jurídica ilegal que favorece la corrupción y la impunidad.
Nota relacionada La Resistencia no violenta, vence a los violentos enemigos del pueblo
La represión generalizada y violenta contra la población pobre de las comunidades y barrios, a la que se criminaliza para justificar dicha violencia de Estado con los supuestos nexos de dichos sectores poblacionales con el narcotráfico y el crimen organizado.
La utilización de la propaganda masiva de los medios de comunicación al servicio de la dictadura para informar solamente lo que a ésta le conviene.
La falta de empleo y la privatización de la salud y la educación o sea la ausencia de políticas positivas lo que obliga a las personas a emigrar del país en búsqueda de soluciones a una vida de violencia, pobreza y desempleo.
Creación, así, de un neofascismo represivo sostenido por los Estados Unidos de América, país que debe también materializar la democracia participativa y correctiva de la vía antisocial militarista.
Ante dicha condición politizante y profundamente totalitaria del capitalismo neoliberal dependiente, llamamos a la insurrección popular pacífica contra el neofascismo de la dictadura y a que éste Primero de Mayo, se unan los pequeños empresarios, que también se ven afectados, junto a todos los trabajadores y grupos y movimientos sociales en un único fin global y universal: ¡la paralización del país hacia la defensa de los derechos del pueblo para poder ejercer los deberes ciudadanos!
¡Hagamos un frente común ante la escalada dictatorial que es criminal, asesina, corrupta e injusta porque el pueblo debe defender su Ética Social ante la grosera e insensible élite oligarca que domina tan antipopularmente al país!
¡VIVA EL PRIMERO DE MAYO! ¡VIVA LA RESISTENCIA POPULAR!
*Irma Becerra es Licenciada en Filosofía por la Universidad Humboldt de Berlín y Doctora en Filosofía por la Westfälische Wilhelms-Universität de Münster, Alemania. Es escritora, catedrática universitaria y conferencista. Ha escrito numerosos libros y ensayos sobre temas de política, filosofía y sociología.
