Por: Luis Escalante
Tegucigalpa. –En los últimos años, la ciudadanía hondureña ha sido testigo de una profunda deformación en la institución policial, misma que, contrario a lo que establece la Constitución, ha pasado a tener una visión militar que, como consecuencia, lo único que ha logrado es percibir al ciudadano común como un enemigo.
Dicha deformación se agudizó con una insípida reforma policial, enmarcada en una supuesta depuración que, si bien separó de la institución a varios funcionarios considerados “no idoneos”, no ha modificado, sobre todo, los mecanismos de ingreso y formación.
Después del ejercicio de una política de seguridad muy limitada a combatir el narcotráfico por parte de los últimos gobiernos, otros asuntos de seguridad nacional, como las maras y las pandillas, al igual que la delincuencia común, han sido descuidados y han hecho que las actuales autoridades tengan que hacer replanteamientos serios y específicos para dar respuestas a la ciudadanía.
Así lo ha explicado la socióloga Leticia Salomón, directora del Centro de Documentación de Honduras (Cedoh), en una conversación con Criterio.hn. Entre otros puntos, ha analizado la perceptible improvisación en materia de seguridad por parte del gobierno de Xiomara Castro, el papel de los operadores de justicia y el rol constitucional que deben asumir las Fuerzas Armadas.
Leticia Salomón es una experimentada investigadora en el campo de la defensa, seguridad y gobernabilidad. Cuenta en su haber con un sin número de investigaciones, y publicaciones.
A continuación, la entrevista:
Cifras oficiales apuntan a una considerable reducción en los homicidios en lo que va de 2022. ¿Ha analizado ese tema recientemente?
Bueno, cuando se habla de homicidios, hay que analizar varios elementos. El primero es la procedencia de ellos, podemos ver que esto viene del crimen organizado y específicamente del narcotráfico, de las maras y las pandillas y de la delincuencia común. Durante el gobierno anterior las políticas de seguridad se centraron en controlar los homicidios que provenían del narcotráfico, era así porque la política del gobierno anterior consistía en combatir a un narcotráfico ejercido por sus opositores, por las mafias que se contraponían a las actividades ilícitas de quien estaba a la cabeza del gobierno, Juan Orlando Hernández. Sin embargo, no se tocó el tema proveniente de las maras y las pandillas, o se tocó muy poco, y a la delincuencia común se le dio mucha menos importancia.
Es necesario analizar el fenómeno que genera los homicidios. Para el caso, la delincuencia común siempre va asociada con la pobreza, con las personas desesperadas porque no tienen ingresos, porque tienen problemas de salud, porque no saben qué hacer para seguir viviendo en este país. El robo, por ejemplo, es algo así como una estrategia de supervivencia.
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¿Y con las maras y las pandillas?
Podemos ver que las maras y las pandillas son un fenómeno extraño y complejo. Debido a que el anterior gobierno no desarrolló políticas específicas, el actual tiene que vérselas negras. Es un fenómeno extraño por la estrecha relación que estas agrupaciones tienen con el narcotráfico.
¿Conoce de alguna política de Estado clara por parte de las autoridades actuales para prevenir y combatir este fenómeno?
Pues fíjese que en otros países ha habido esfuerzos dispersos. Si lo analiza, el tema de maras y pandillas es común entre El Salvador y Honduras, dos países en donde se maneja únicamente desde una acción represiva. En el caso específico de nuestro país es complicado elaborar una política porque supone el hecho de conjuntar a diversos sectores para definir una política en ese sentido, tanto de prevención como de combate. El detalle es que la Policía cree que la política de seguridad se refiere estrictamente al control del crimen. Sin embargo, una política de seguridad debe tener ese otro componente que descuidan los gobiernos, me refiero a la prevención. Por ello, como le dije antes, si no se combate la pobreza va a ser muy difícil que se reduzca la criminalidad.
Para evitar que se continué con la misma mística policial, específicamente en el reclutamiento, ¿propondría al nuevo gobierno una verdadera reforma policial?
Yo creo que todo esto debe comenzar con un reconocimiento por parte de la Policía, la institución debe aceptar lo deteriorada que está y su urgencia por remover los cimientos de ese deterioro. Diría que este es un buen punto porque en el pasado siempre observé que la Policía y sus funcionarios salían a defenderse diciendo que no estaba pasando nada. En este sentido, el reconocimiento de que la Policía internamente está fallando es el primer paso. Ya usted lo mencionó, que uno de los aspectos que tienen carencias es el ingreso a la institución, los otros son la formación y la permanencia. Acá también tenemos que preguntarnos cómo se están formando los policías, qué tipo de controles hay para ellos. Una vez que se sale de la institución, ¿qué pasa con esos policías? El problema es que se continúa viendo la formación policial como un tema común y corriente, la Policía es una institución de servicio público, la Policía está para servir a la comunidad y no para aprovecharse de ella. Yo diría, por ejemplo, que es necesario quitarle esa visión militarizada que tiene actualmente. Es esa visión la que les hace ver a los ciudadanos como un enemigo. Repito, la Policía está para ayudar a la ciudadanía, no para mortificarla o hacerle daño. El otro problema es cuando un policía está coludido con agrupaciones criminales, porque ellos mismos pelean con los mecanismos internos de control, no les gusta someterse a la institucionalidad y consideran que sus problemas los pueden resolver internamente. Ese es un asunto que, sin lugar a dudas, debe solucionarse antes de pensar en una transformación total de la institución.
La presidenta Xiomara Castro, tanto en su campaña de 2013 como en la de 2021, habló de una desmilitarización de la Policía a la que usted se refiere. ¿Todavía es temprano para decir que ha quedado en deuda?
Usted mismo lo ha dicho, no es que de un día a otro la presidenta saldrá a decir que la Policía está definida y estabilizada. La desmilitarización tiene que ver, en primer lugar, con lo que tienen los policías en la cabeza. En segundo lugar, con lo que la institución maneja y, en tercero, con la necesidad de separar lo que es la función policial. Entonces, si nosotros lo vemos así, esto sí tiene que ser algo en lo que ya debió haber empezado a trabajar el actual gobierno. Una cosa es la promesa de campaña y otra el diseño de toda una política de seguridad cuyo eje fundamental, entre otros, sea la desmilitarización de la Policía. Y fíjese, usted, que este es un tema que viene de muchísimos años atrás. Esto no solo es el sesgo que le produjo el gobierno anterior, sino que la Policía lleva tantos años fungiendo como la cuarta fuerza de las Fuerzas Armadas. Se deformó como una policía militarizada, esa policía no está ahí para servir a la ciudadanía. El servicio, como filosofía, no la tiene la Policía y, en ese sentido, hay una falla enorme en todas las escuelas y universidades de formación policial que se tienen al interior de la Secretaría de Seguridad. Respecto a su pregunta, yo creo que estas cosas es cierto que toman tiempo, es un proceso, pero tiene que irse viendo que algo están adelantando, que algo están elaborando y, sobre todo, comprender que eso debe pasar por procesos de consulta, no solamente encerrarse en sí mismos y decir «nosotros vamos a hacer esa política», como ya lo han dicho y lo han hecho en el pasado, sino tratar de consultar con otros sectores, con la sociedad civil, con los empresarios, con la academia, con los patronatos.
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¿Darle mayor visibilidad a la Policía Comunitaria se puede percibir como un avance?
El servicio comunitario, como filosofía, debe estar impregnado a toda la institución policial, tanto en su función de prevención, como en la de control y de investigación. En resumidas cuentas, se pretende que la Policía asuma que tiene una vocación de servicio y que su obligación está en acercarse al ciudadano y sus necesidades. Entonces no es casual que en otros países se haya llamado precisamente policía de acercamiento a la comunidad. Por ello, insisto, la Policía en lugar de estar encerrada y acuartelada debe estar en la comunidad ayudando, en primer lugar, a prevenir el delito y, en segundo, a combatirlo en sus diferentes etapas.
¿Cuál es el rol constitucional atribuido a los militares?
La situación es tan sencilla, tan sencilla que parece complicada. Vamos a ver, hay un dicho popular que dice «zapatero a tus zapatos». La Constitución de la República habla de dos funciones, una función de defensa y otra de seguridad, esta última asignada a la Policía. Por lo tanto, si respetamos la Constitución, sabremos que los únicos que deben encargarse de la seguridad son ellos y los únicos que deben encargarse de la defensa son los militares. No obstante, con ese proceso de deformación del que hemos hablado, hemos observado lo contrario, agudizado sobre todo en un fenómeno experimentado durante las tres administraciones anteriores. Se asumió que la Policía estaba tan involucrada con la criminalidad y se recurrió a las Fuerzas Armadas para recibir una colaboración en el combate a la inseguridad. Por ello, usted recordará, surgió la Fuerza Tigres y la Policía Militar del Orden Público, cuyo título de por sí es inconstitucional, porque garantizar el orden público es tarea exclusiva de la Secretaría de Seguridad. La recurrencia a los militares para colaborar en materia de seguridad debió ser coyuntural mientras la Policía era reformada, pero hemos observado que, más bien, la Policía ha quedado relegada.
Honduras se situó en 2021 entre los países con menor resiliencia frente al crimen organizado y como uno de los que poseen mayor criminalidad. ¿A qué deben apuntar las nuevas autoridades para intentar, al menos, que estos números mejoren?
Primero se debe diferenciar lo que le decía al inicio, que hay tres fenómenos coexistiendo entre sí. Me refiero al narcotráfico, las maras y las pandillas, y la delincuencia común. Habrá que preguntarse, pues, si el actual gobierno es capaz de diferenciar esos tres temas. En los últimos años, la Secretaría de Seguridad se ha concentrado únicamente en combatir el narcotráfico, pero ha relegado los otros dos, que son los que afectan mayormente a la ciudadanía, como usted apuntaba. Si usted le pregunta a una persona cómo está la criminalidad, le va a decir que está horrible, pero esa persona está pensando en el ladrón que la asaltó en el autobús o en el restaurante donde se comió una enchilada. Ese ciudadano no está pensando en los narcotraficantes, quienes, si bien pueden provocar un impacto económico muy grande y sacudir las estructuras del sistema de justicia, no generan tanta visibilidad para el ciudadano común, quien está esperando que se haga algo para detener la delincuencia. Con esto no estoy insinuando que se descuide al narcotráfico, pero sí que cada uno de estos fenómenos sea atendido de una manera muy específica y vigilada.
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Pasando al contexto político actual, ¿qué características debe tener el próximo fiscal general y la próxima Corte Suprema de Justicia para investigar y enjuiciar, como usted mencionaba al inicio, el delito común y también todas las otras manifestaciones de crimen?
Podemos ver que aquí hay uno o dos problemas graves. Uno es la politización partidaria del sistema de justicia y el otro la corrupción en la aplicación de la justicia. Si nos concentramos en la politización partidaria, el gran problema radica en la forma en que se eligen en nuestra sociedad a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general y adjunto. Esto es un asunto preocupante porque si tenemos un Ministerio Público politizado, lo hemos observado, muchos casos de corrupción terminan engavetados. Por ello, se le está dando mayor independencia a la Uferco, para que no requiera de la autorización de un fiscal general que responde a intereses políticos-partidarios, como el actual.
Aquí quienes llegan a esos puestos, en lugar de ponerse a las órdenes de la ciudadanía, muestran agradecimiento a sus partidos políticos. A partir de allí, estos funcionarios pasan a la judicialización de la política, que es cuando se comienza a decidir a quién investigar y a quién no, a quien enjuiciar y a quién no. Y, vea, esa parcialidad en el sistema de justicia termina deteriorando profundamente los cimientos de la sociedad.
Los femicidios y las violaciones contra niños se han convertido en un grave asunto de seguridad ciudadana. ¿Se está fallando en su prevención y combate?
Es un asunto que tiene que ver mucho con la cultura, es decir, la cultura que tenemos en esta sociedad presiona a creer que esas situaciones pueden ser resueltas, equivocadamente, a lo interior. Muchas mujeres sufren violencia doméstica en sus hogares, pero no existe una cultura de denuncia. Ahora, acertadamente, hay muchas organizaciones de mujeres trabajando y concienciando. Desafortunadamente, por parte del Estado los avances han sido escasos. Los policías, los fiscales y los jueces no están dando respuestas a la sociedad.
