La maquila en Honduras, Una máquina destructora de cuerpos

Esta investigación fue publicada originalmente en el medio En Alta Voz, compartimos este contenido como parte de una alianza estratégica.

Para Dora Fidelia Ramírez, de 29 años, los primeros dolores no tardaron en llegar. Llevaba tres años pegando mangas a prendas de vestir en una maquila de Choloma, Cortés, cuando su columna vertebral comenzó a presentar problemas

«El movimiento de pedal de la máquina que operaba para la producción de 6000 piezas diarias, me provocaba molestias»

Aunque estuvo en terapia, siguió trabajando con dolor dos años más, dos años más haciendo la misma operación que le había lesionado la espalda.

Fue hacia el quinto año cuando logró que se le asignara otra tarea. Para entonces, tenía ya un diagnóstico de lumbalgia crónica recurrente con hernia discal. Sufría sensación de punzadas agudas en la espalda y debilidad en las piernas.

Cambió de trabajo en la maquila, pero el dolor le acompañó en su nuevo puesto.Su nueva tarea requería voltear su cuerpo constantemente. En dos años, se dañó el hombro izquierdo y resultó con una tendinitis en el manguito rotador, el grupo de músculos que hacen posible el movimiento en el hombro. Esto se sumó a los dolores de espalda que persisten.

Ahora, con una tendinitis y una lumbalgia, trabaja jornadas de hasta 12 horas a un ritmo drástico, comparable con la rapidez con que se mueve un motor del vehículo más pesado.

Con frecuencia, Dora debe parar para sacudir sus extremidades y “despertarlas” de la sensación de “adormecimiento” o parálisis que le han producido sus lesiones, según relató.

Originaria de una comunidad en Morazán, Yoro, la joven emigró a los 19 años a Choloma, donde encontró empleo en una de las maquilas más importantes del país: Gildan San Miguel, que produce ropa interior y deportiva para la marca canadiense Gildan.

Allí, ha pasado los últimos diez años de su vida, trabajando por un salario que nunca ha superado los 9,200 lempiras mensuales –384 dólares– en un régimen laboral en el que cada segundo cuenta para cumplir con las metas de producción de 6,000 piezas diarias.

“Me sometieron a una cirugía en el 2014, pero no me hicieron nada y ahora dicen que me deben operar de nuevo”, relató. A partir de ese momento, Dora cayó en depresión, de la cual, ha logrado salir gracias al apoyo incondicional de su pareja. “Créame que ha sido duro, he llegado a un punto en el cual no podía dar pasos”, relató.

La maquila textil es una de las principales industrias de Honduras. Casi cuatro de cada cien personas en edad de trabajar lo hacen en este sector. Su impacto es especialmente fuerte en municipios como Choloma, en la zona Norte del país, donde se concentra el 82% de los empleos.

Es también una actividad feminizada, en el que las mujeres representan el 52% de la fuerza total de trabajo, según el último dato oficial disponible, aunque están especialmente concentradas en los puestos más duros.

Según una estimación , en las labores como coser, armar y empaquetar prendas, hasta un 80% de los trabajos los ocupan mujeres. No existe ninguna industria en el país con un porcentaje de participación femenina tan alta.

Cuando se habla de las maquilas es común referirse a grandes cifras económicas: los miles de millones de dólares que se exportan, las tasas de crecimiento de la economía. Incluso quienes critican esta actividad, suelen centrar sus comentarios en los bajos salarios que se pagan o los impuestos que se dejan de recaudar por las exenciones fiscales de los que se beneficia este sector.

Sin embargo, detrás de las grandes cifras de las maquilas hay miles de historias como la de Dora Fidelia. Los de la maquila son números grandes que no se generan solos, tampoco sin sufrimiento.

Durante los últimos doce meses, En Alta Voz se dedicó a investigar sobre el impacto en la salud que genera el régimen de trabajo en las maquilas. Se entrevistó a 15 trabajadoras y a expertas, se realizaron solicitudes de información a instituciones públicas, se accedió a expedientes laborales y a convenios colectivos del sector.

El panorama que se obtuvo es el de una industria en la que la conciencia sobre la salud laboral ha crecido en los últimos años. Algunas maquilas han creado programas para formar a sus empleadas y empleados en cómo mejorar su postura en el trabajo o cómo levantarse y agacharse. Algunas empresas también han mejorado su infraestructura y ahora proveen sillas con respaldo o altura regulable.

Sin embargo, también se halló que esta industria no ha abordado muchas de las causas principales que dañan la salud de las personas que trabajan en ella. Las elevadas metas de producción, que fuerzan a realizar miles de movimientos a toda velocidad, siguen sin estar reguladas en las leyes o los convenios colectivos.

No es común la rotación en los puestos para así evitar realizar siempre los mismos movimientos, ya que esto perjudica a la productividad. Además, se ha permitido que las horas de trabajo semanal se concentren en menos días, lo que hace el trabajo aún más intenso para el cuerpo.

Todo esto contribuye a que los daños a la salud de las empleadas y empleados se sigan produciendo. Según datos oficiales del Instituto Hondureño de seguridad Social (IHSS) entre 2013 y 2018, 804 personas trabajadoras de maquila en el norte del país fueron diagnosticadas con enfermedades profesionales de suficiente gravedad como para que el IHSS ordenara a sus empresas cambiarlos de puesto de trabajo.

Estos son los casos “exitosos”, pero, en realidad, muchas personas afectadas, como le sucede ahora a Dora, tardan años en obtener un cambio de funciones en sus empresas. Para cuando lo obtienen, muchas ya han sido despedidas, como muestran documentos obtenidos para este reportaje. Otras abandonan el proceso, precisamente, porque las maquilas las incentivan económicamente si renuncian a pedir una reubicación.

El IHSS tiene escasa capacidad para prevenir o atender los problemas de salud que genera el trabajo en este sector. Las maquilas solo aportan el 0,2% de su cotización al régimen de enfermedades profesionales del IHSS. Además, en la zona norte donde se concentra la mayor parte de la maquila la institución solo cuenta con seis inspectores para recomendar reubicaciones, de acuerdo a datos oficiales obtenidos durante esta investigación.

Esto deja a miles de personas desprotegidas, trabajando con dolor. Pese al deterioro en su salud, Dora está pendiente de que el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) reconozca su enfermedad profesional y ordene a Gildan reubicarla en un puesto compatible con sus lesiones. Mientras, ella debe seguir trabajando. La maquinaria no puede detenerse.

Miles de mujeres dañadas

«Cada día, ejecutaba miles de movimientos repetitivos. Realizaba una operación llamada sobrecostura de cuello. Siempre cumplía con los altos objetivos de producción que me fijaba la maquila donde trabajaba»

Nolvia Rodezno, de 29 años, ex empleada de Gildan, en el municipio de Choloma, departamento de Cortés, trabajó casi una década al frente de una máquina de coser entre 2008 y 2018.

Con el tiempo, esta actividad comenzó a provocarle dolores y adormecimiento en manos, cuello y hombros. En sus días libres, para no afectar sus metas de producción, acudía a citas médicas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) donde le confirmaron que padecía daños permanentes en las articulaciones del hombro y el codo del brazo izquierdo.

Finalmente, el IHSS emitió un dictamen que confirmaba que Nolvia no podía seguir realizando movimientos repetitivos con sus brazos. “Si quería evitar el deterioro de mis articulaciones, no podía extender de manera prolongada mis brazos, ni levantarlos por encima del hombro, ni cargar pesos mayores a tres libras, ni cualquier actividad que requiriera flexionar el codo” explicó Nolvia.

Prácticamente, su brazo izquierdo había quedado inutilizado para el trabajo. Tras casi diez años, su vida útil como obrera en la maquila había terminado.

No es sencillo estimar cuántas historias como la de Nolvia ocurren en Honduras.A pesar de que instituciones como el Banco Central actualizan constantemente datos sobre número de empleos o cifras de exportaciones de las maquilas, no existen estadísticas igual de precisas para medir los efectos sobre la salud que generan.

Sin embargo, todas las evidencias recabadas para este reportaje apuntan a que se trata de un problema extendido. En un estudio publicado en 2012, que la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco de México realizó con la Colectiva de Mujeres Hondureñas (Codemuh), una organización que vela por los derechos humanos de las obreras, se concluyó que ocho de cada diez personas que trabajan en la maquila realizan movimientos de alta frecuencia, esto es, cada 30 segundos o menos repiten los mismos movimientos.

En una jornada laboral, teniendo en cuenta las largas horas de trabajo y las metas de producción de 6,000 piezas por día que son comunes, una mayoría de la población trabajadora realiza alrededor de 60,000 movimientos diarios. Esto, concluye el estudio, conduce a una serie de padecimientos.

El Equipo de Monitoreo Independiente de Honduras (EMIH), una organización no gubernamental que promueve el cumplimiento de las leyes laborales en la maquila, estima que alrededor del 20% de la población trabajadora estaría sufriendo daños en su salud física y mental.

Teniendo en cuenta que, en los últimos 20 años, el sector siempre ha tenido empleadas a más de 100,000 personas, esto significaría que al menos 20,000 han sufrido daños como consecuencia de su trabajo.

Para el experto en salud laboral Luis Manuel Pérez H. Pantoja, autor del informe de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, el porcentaje podría ser mucho mayor. En una muestra de unos 780 casos, el doctor Pantoja concluyó que el 71% presentaba lesiones en los hombros.

El estudio «El cuerpo maquilador y sus efectos en la Salud de las trabajadoras», mencionado con anterioridad, encontró que, en un grupo de 526 operarias, 62% presentaba trastornos músculo esqueléticos.

El IHSS no dispone de datos exhaustivos sobre el tema, pero sí algunas estadísticas que muestran la magnitud del problema. De acuerdo a información oficial obtenida a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, entre 2013 y 2018, 804 personas que trabajan en la maquila obtuvieron dictámenes de reubicación laboral del IHSS. Esto significa que sufrieron daños lo suficientemente graves a su salud como para que el Seguro Social ordenara a sus empleadores ofrecerles un puesto de trabajo diferente. De este total, el 71% eran mujeres. Las enfermedades más comunes que presentaron fueron las de hombros, cuello y espalda.

Al ser consultada para este reportaje, la empresa Gildan expuso que, en la actualidad, en todas sus plantas, tienen 129 personas reubicadas por haber sufrido daños. Según expusieron, se trata de un porcentaje mínimo de su personal en el país, el 0,6 por ciento. Pero son muchos más los trabajadores y trabajadoras que solicitaron su reubicación y no la obtuvieron. Periodistas de En Alta Voz tuvieron acceso, durante más de seis meses de 2021, a listados de cientos de trabajadoras que laboran para la industria y que esperan dictámenes de enfermedad profesional o de reubicación de puestos de trabajo por parte del IHSS. Cada persona afectada tiene que esperar hasta dos años o más para recibir un dictamen médico, cuando debería resolverse en 40 días, según la Ley de Simplificación Administrativa.

Estos retrasos contribuyen a agudizar el problema: estas personas deben seguir trabajando a la espera del dictamen. Mientras, sus lesiones sólo empeoran.

Convenios que no protegen

A diferencia de lo que sucede en otros sectores, en muchas de las principales maquilas hondureñas existen sindicatos. Miles de obreros y obreras trabajan bajo la protección de convenios de empresa en los que se regulan muchos aspectos laborales.

Sin embargo, en estos acuerdos la protección a la salud tiende a mencionarse sólo de manera superficial o sin garantizar medidas concretas. Al revisar los convenios vigentes de algunas de las principales maquilas de la zona norte del país, se observa una paradoja: son extremadamente detallados para ciertos asuntos más bien secundarios, pero omiten regular aspectos fundamentales del trabajo.

Así ocurre en el convenio de la fábrica San Miguel, en Choloma, de Gildan. En el documento se especifica cómo deben ser los almuerzos que se ofrecen en el comedor de la empresa, cómo deben ser las rifas de regalos para las celebraciones del Día de la Madre o del Padre o cuántos lápices y cuadernos deben contener los kits escolares que reciben sus hijos e hijas.

No obstante, el acuerdo o no menciona o deja a la discreción de la empresa asuntos fundamentales de la producción que afectan a su salud, como las metas de producción, las horas extraordinarias o la necesidad de que sea obligatorio realizar descansos o respetar tiempos para comer o ir al baño. Esto deja en situación de vulnerabilidad a la población trabajadora. Como la empresa puede fijar unilateralmente cuántas prendas se deben fabricar para alcanzar el salario mínimo y como este es tan bajo –en la planta San Miguel de Gildan en 2020 era de 38 lempiras por hora, 1.60 dólares– los obreros y obreras se ven forzadas a producir hasta el límite de sus fuerzas solo para poder subsistir.

No importa que el convenio fije dos descansos de 10 minutos o media hora para almorzar. Si quieren cumplir con la meta, saben que no se pueden tomar ese tiempo. No importa que el convenio fije un horario de trabajo determinado. Muchas llegan antes del comienzo de la jornada laboral porque saben que solo así podrán cumplir con la meta. No importa que el convenio establezca que las horas extras no son obligatorias, las aceptarán solo para poder cobrar un salario que permita vivir a sus familias. “La empresa nos daba 10 minutos de receso en la mañana y 10 minutos de receso en la tarde, pero muchas de nosotras no lo tomábamos, nos quedamos trabajando para poder completar la meta en el trabajo. No me iba a comer” explicó Sonia Castellanos, quien trabajó seis años en Delta Apparel, una fábrica textil en Villanueva, Cortés. Tras desarrollar un problema crónico en uno de sus hombros, Sonia fue despedida en 2020, cuando la empresa alegó que debía reducir su producción por la pandemia de Covid-19.

Paula Urbina, empleada de Gildan, explica que su horario es de 7 de la mañana a 6:30 de la tarde. En teoría, tiene 15 minutos para desayunar, pero ella prefiere hacerlo en su casa para que el tiempo le alcance para cumplir la meta de producción. En teoría, tiene otra pausa de 15 minutos para descansar, pero ella nunca se la toma. Esta pausa solo es obligatoria, según explicó, cuando la empresa corta la electricidad y ese tiempo se emplea en limpiar las máquinas. “Llego a mi casa a las 7:30 de la noche todos los días”, dijo Paula. “La meta de producción es de 500 docenas diarias (6,000 piezas) y nunca se reduce, por el contrario, algunas veces se incrementan las tallas (producir tallas de ropa más grandes implica más tiempo para producir cada unidad)”.

Gildan, en un escrito enviado para este reportaje, explicó que las metas de producción son establecidas por ingenieros que siguen estándares aceptados a nivel internacional en la industria de costura, pero sí tienen en cuenta factores como la fatiga.

Los convenios colectivos tampoco abordan otro tema fundamental que incide sobre la salud de la población trabajadora: el hecho de que los salarios, con frecuencia, no son individuales, sino colectivos, por grupo de trabajo. Estos suelen ser de al menos una docena de personas, que realizan las diferentes operaciones que implica producir una prenda. A cada grupo se le asigna una meta colectiva y es el grupo quién debe cumplirla para que cada uno de sus miembros cobre el salario estipulado.

Esto tiene un propósito claro: que las propias personas que trabajan se presionen entre ellas para alcanzar las metas de producción, lo que las desincentiva aún más a tomarse descansos o no sobrepasar los horarios de trabajo fijados, por otra parte, también fomenta que no haya rotaciones en el reparto de las operaciones. Como se trabaja tan rápido y alcanzar ese ritmo solo es posible tras mucha experiencia, nadie quiere en su grupo a alguien que no sea experto en una función determinada. Esto contribuye a que las mismas personas repitan siempre idénticos movimientos y sus cuerpos se desgasten más rápido. Hay personas que han realizado 20 años la misma operación.

Al trabajo en grupo se suma otro aspecto que tampoco regulan los convenios: la aplicación de regímenes de trabajo que concentran una semana laboral en cuatro días. Estas son las llamadas jornadas 4X4 o 4X3 que se han convertido en un estándar de la industria maquilera en el país. En la fábrica canadiense Gildan, por ejemplo, la producción se organiza en dos turnos que trabajan cuatro días consecutivos de 12 horas cada uno, seguidos por tres o cuatro días libres, según establezca la empresa. Aun cuando se trabaja 12 horas seguidas, también es necesario realizar horas extras, según las necesidades de la producción.

Este tipo de jornadas han vuelto el trabajo más intenso, de manera que los cuerpos de las obreras y obreros se ven obligados a realizar más movimientos en menos días. Para María Luisa Regalado, directora de la Colectiva de Mujeres Hondureñas (Codemuh), este tipo de jornadas deberían ser prohibidas. “Ninguna autoridad se ha pronunciado para decirles” alto, eso es ilegal”, expresó.

Según estudios del Equipo de Monitoreo Independiente de Honduras, EMIH, es en los sistemas que concentran las semanas en cuatro días donde mayores daños a la salud se presentan. En Alta Voz intentó en varias ocasiones obtener una versión de la Asociación de Maquiladores de Honduras sobre los hallazgos de esta investigación, pero no fue posible obtenerla. Gildan aseguró que sus jornadas de trabajo son legales y cuentan con el visto bueno sindical.

Todos estos factores han incrementado la productividad de las maquilas hondureñas y han aumentado el atractivo del país para atraer inversiones del sector. Reportes publicados por el Banco Central de Honduras muestran como el valor de la ropa exportada por las maquilas del país se multiplicó por 22 durante las dos primeras décadas de este siglo. En el mismo periodo, el número de personas trabajadoras en el sector solo creció un 40%.

Esto significa que cada persona hoy produce mucho más que en 2000, lo que se ha traducido en beneficios crecientes para las empresas. En 2019, por ejemplo, el llamado excedente de exportación del sector alcanzó los 10,000 millones de lempiras. Once años antes, en 2008, este suponía menos de 4,000 millones. Pero este enorme crecimiento tiene un precio para el cuerpo de las personas que trabajan en la maquila. Son sus hombros, brazos o espaldas las que lo están pagando.

Despidos ilegales

Olivia sufre de tendinitis en el hombro derecho y síndrome del túnel carpiano de la mano derecha. Hasta obtener este diagnóstico tuvo que realizarse múltiples exámenes en el IHSS. Sin embargo, poco después, en septiembre de 2016, cuando ya esperaba que el IHSS ordenara su reubicación, fue despedida.

Olivia Aurora Reyes tiene 52 años y trabajó 10 en la maquila Pride Manufacturing, situada en el municipio de Choloma y propiedad del empresario de origen pakistaní Yusuf Amdani.

Según Codemuh, que acompañó su caso, en esas mismas fechas Pride Manufacturing notificó el despido a otras personas empleadas que también habían sufrido daños y estaban pendientes de ser reubicadas. «Queda claro que fueron despedidas por tener problemas de salud», afirmó Codemuh en un comunicado. A partir de entonces, comenzó una lucha en los tribunales que se prolongó más de cuatro años. Un juzgado ordenó a la empresa contratar de nuevo a Olivia, pero la maquila recurrió la resolución hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia.

En septiembre de 2021 Pride Manufacturing anunció el cierre de las operaciones de la planta en la que trabajaba Olivia. “Sospechamos que uno de los motivos (…) es para deshacerse de las personas con antigüedad laboral y que tienen problemas de salud provocados por el trabajo”, sostuvo Codemuh.

Una vez que sufren daños en sus cuerpos, para muchas comienza una historia similar a la de Olivia. Tratan de obtener dictámenes médicos que prueben sus lesiones y su incapacidad para seguir trabajando, después luchan para conseguir que el IHSS ordene a sus empleadores ofrecerles un nuevo puesto de trabajo que no siga dañando su salud.

En el camino, encuentran múltiples obstáculos: citas con especialistas que se demoran, pruebas médicas por las que deben pagar y una burocracia que puede demorar años en emitir un documento. Y porque necesitan el dinero, suelen seguir trabajando con dolor mientras esperan. A veces, aunque el IHSS ordene su reubicación, las empresas las despiden, como le sucedió a Olivia.

En Alta Voz tuvo acceso a cartas de despido de varias empresas, entregadas a las trabajadoras que habían sufrido daños y conseguido un dictamen de reubicación. En las cartas, las maquilas justifican que no cuentan con puestos adecuados para la obrera y, por ello, prescinden de ella.

Las maquilas suelen presentar el despido como apegado a la ley, amparándose en que el artículo 111 del Código del Trabajo permite terminar un contrato en caso de enfermedad. Sin embargo, omiten que la legislación establece que esto solo es posible cuando se trata de enfermedades no profesionales.

En todos los casos a los que se tuvo acceso fueron de mujeres que se habían dañado trabajando para las maquilas y que contaban con diagnósticos que lo constataban. La pandemia, con la ola de despidos que implicó fue un momento propicio para el despido de trabajadoras dañadas. Delta Apparel, una maquila de Villanueva, canceló en 2020 los contratos de 430 personas, entre ellas 24 mujeres embarazadas o con dictámenes de reubicación que han luchado en los tribunales para volver a ser contratadas.

Si las obreras deciden ir a los tribunales tienen oportunidades de ganar, como le sucedió a Olivia. Sin embargo, muchas optan por no hacerlo por falta de recursos o apoyo o por cansancio

Otras obreras, en el momento en que sienten que ya no pueden seguir trabajando por el dolor, sencillamente renuncian a seguir todos estos trámites y abandonan su puesto. Las propias maquilas, como consta en los convenios colectivos consultados, estimulan esta opción.

La canadiense Gildan, por ejemplo, otorga un “bono de reconocimiento” a las personas empleadas que se retiren voluntariamente de la empresa después de tres años de trabajo. Esta gratificación proviene de un fondo de 400,000 lempiras creado por la empresa en 2018.

Génesis, una fábrica de Choloma especializada en sudaderas y pants plantea esta solución de manera más abierta. En el caso de que alguien cuente con un dictamen de reubicación del IHSS, la empresa le ofrece dos meses de salario si acepta marcharse.

En los últimos años, algunas de las principales maquilas del país han comenzado abordar el problema de los daños músculo esqueléticos de su plantilla. Se han creado programas para promover buenas prácticas de ergonomía. Se han mejorado las sillas y mesas en las que se trabaja para que sean ajustables. La mayoría de maquilas disponen de consultorios médicos para atender a su población empleada.

Sin embargo, las obreras y expertas consultadas consideran que muchas de estas políticas son insuficientes o incluso perjudiciales y que no abordan las causas principales del problema, entre ellas, las elevadas metas de producción, la no rotación de las funciones o las largas jornadas.

Algunas de las medidas implantadas por las empresas son consideradas puramente cosméticas. Este es el caso de la implantación de las llamadas escuelas de espalda y hombro. Según información de la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM), hasta la fecha han creado 20 de estas escuelas, en las que se realizan ejercicios físicos y se imparte formación sobre cómo trabajar en una postura adecuada, entre otros temas.

En la fábrica Elcatex, de Choloma, por ejemplo, fue inaugurada una escuela de espalda y hombro en 2019. Según la AHM, esta tiene capacidad para atender a 80 personas al día, y los y las empleadas reciben una sesión de 45 minutos cada dos semanas. Esto permite, según argumenta la empresa, identificar los primeros síntomas de los trastornos musculo esqueléticos. En las plantas de otras maquilas, como Gildan, también se han creado comités en los que se imparten formaciones sobre procedimientos de seguridad y salud ocupacional.

Sin embargo, este tipo de medidas son criticadas por algunas personas empleadas, que argumentan que las terapias se deben hacer fuera del horario de trabajo, después de una larga jornada laboral y que muchas de las recomendaciones que les realizan, como realizar pausas o ejercicios, en la práctica no se pueden aplicar por las altas metas de producción fijadas. “El problema de las escuelas de espaldas es que la mujer tiene que incorporarse al trabajo después de la terapia física, su cuerpo está caliente y en lugar de ir a descansar a su casa, se le somete de nuevo a la extensa jornada de trabajo” asegura María Luisa Regalado, directora Ejecutiva de Codemuh.

Lilian Castillo Hernández, empleada de Gildan desde hace 16 años, dijo que a pesar del trabajo del comité de seguridad “los ejercicios ergonómicos no se hacen” y no se les permite “rotar operaciones durante todo el tiempo de producción”.

«La necesidad nos obliga a estar en esas empresas donde somos explotadas, no estamos en contra de las empresas, solo exigimos tratos dignos y que nos respeten nuestros derechos y tener dictámenes médicos»

Dijo que a pesar del trabajo del comité de seguridad “los ejercicios ergonómicos no se hacen” y no se les permite “rotar operaciones durante todo el tiempo de producción”.

“El problema es después de la terapia regresar a trabajar, es decir, regresar a lo mismo”, sintetizó Paula Urbina, otra empleada de Gildan.

Gildan, en un escrito enviado para este reportaje, explicó que en la actualidad sus programas para atender los problemas músculo esqueléticos están en pausa en varias de sus plantas por la pandemia y las tormentas que afectaron el norte del país en 2020, pero que pronto se restablecerá.

Otras medidas implantadas por las empresas son consideradas directamente contraproducentes. Este es el caso de la creación de clínicas médicas dentro de las maquilas o en los parques industriales donde se encuentran. Estos centros de salud son reconocidos por el IHSS y forman lo que se denomina Sistema Médico de Empresa. El propósito de este sistema era que los empleados y empleadas tuvieran que ausentarse lo menos posible del trabajo al acudir a una cita médica en el Seguro Social, algo que, en principio, era positivo tanto para la población trabajadora como para la patronal. Sin embargo, el Sistema Médico de Empresa ha colocado el acceso a la salud de trabajadores y trabajadoras bajo el control de las maquilas. Estas se quejan de la baja calidad de la atención y del hecho de que esta situación ha creado un conflicto de interés para el personal sanitario: deben velar por la salud de sus pacientes, pero al mismo tiempo, son las empresas quienes les pagan.

Algunas trabajadoras denuncian que, a veces, les resulta complicado que los médicos de empresa accedan a remitirles a especialistas en el IHSS porque saben que eso significa que se ausentarán del trabajo.

Pantoja, el experto mexicano en salud laboral, explicó que es positivo que las maquilas cuenten con clínicas, pero que estas no pueden ser un sustituto del servicio de atención primaria del IHSS, como ocurre en Honduras.

“Deberían ser (los médicos de empresa) esencialmente preventivos y no curativos. En muchos países (en los que existen modelos similares) la motivación es evitar que la trabajadora vaya al seguro social, porque eso significa romper el ritmo de la producción”, aseguró Pantoja.

Sin embargo, cuando al fin acuden al IHSS se encuentran con un servicio que tiene sus propias deficiencias. El Seguro Social hondureño tiene muchas dificultades para atender correctamente a sus afiliados en general, pero la situación del Régimen de Riesgos Profesionales, que es quien debe atender a los obreros y obreras de las maquilas que dañan sus cuerpos trabajando, es especialmente dramática.

La abogada Vilma Morales, presidenta de la Comisión Interventora del IHSS, explicó que el Régimen de Riesgos Profesionales solamente se financia con 0.2% de las aportaciones patronales.

El abogado German Leitzelar, también de la Comisión Interventora, enfatizó que operar con ese porcentaje se vuelve “insostenible para el régimen”, pero dijo que cualquier modificación para subir la aportación requeriría que gobierno, sindicatos y empresas se pusieran de acuerdo, algo que hasta el momento no ha ocurrido.

La falta de presupuesto tiene consecuencias, una de ellas es que “no hay especialistas” para identificar y atender enfermedades profesionales. “No hay recursos para sostenerlos”, confirmó Morales.

Leitzelar refirió que en su trabajo como interventores “podemos agilizar temas administrativos, pero no podemos darles los especialistas que piden porque no los hay”.

Estas carencias explican por qué resulta tan complicado para los empleados y empleadas obtener dictámenes que confirmen sus lesiones u ordenen su reubicación o por qué el IHSS no tiene capacidad para verificar que las reubicaciones efectivamente se cumplen.

Según información proporcionada por la institución, en los municipios del área metropolitana de San Pedro Sula, donde se concentra la mayoría de la industria maquiladora del país, en la actualidad, hay seis inspectores de seguridad e higiene del trabajo. Seis inspectores para atender a decenas de miles de trabajadores y trabajadoras. María Luisa Regalado de CODEMUH considera que estas carencias no son casuales y que son prueba de que el Estado ha abandonado su misión de proteger la salud de la población, que, en teoría está garantizada en múltiples leyes y convenios internacionales ratificados por Honduras.

«Los problemas no solo son físicos, sino también emocionales, provocando daños psicológicos por el acoso laboral. Una trabajadora tiene que esperar dos años para el dictamen médico, lo otro es la tardanza de las citas con los especialistas, diferentes especialidades, el especialista no tiene cupos hasta dentro de un año, mientras tanto los daños se incrementan»

Es más, según argumenta la organización, el Estado bloquea cualquier posibilidad de mejora.
En el 2008 la Codemuh introdujo una propuesta ante el Congreso Nacional para reformar el Código del Trabajo y ampliar la tabla de enfermedades profesionales, para incluir, expresamente, los problemas músculo esqueléticos que produce el trabajo en las maquilas. Sin embargo, una mayoría de congresistas no quiso apoyar la propuesta. Según Codemuh, la opinión dominante entre los legisladores es que la medida afectaría a las empresas.

Han transcurrido 17 años desde que llegó con su gabacha blanca para conocer la situación que estaban experimentando las mujeres por los daños provocados por las maquilas. México, su país natal, es un referente en el tema. Fue en 2005 cuando el doctor Pantoja comenzó a asesorar a la Codemuh y desde entonces ha conocido múltiples casos de enfermedades profesionales y desarrollado varias investigaciones sobre el tema.

Un año antes, en 2004, nadie conocía el tema de Salud en el Trabajo, ni de ergonomía “se burlaban de nosotras cuando hablábamos de trastornos músculo esqueléticos” dijo María Luisa Regalado, representante de Codemuh. La falta de especialistas en el país y el compromiso de Pantoja ha permitido el fortalecimiento de capacidades de la organización feminista en el campo de la salud laboral.

Toda esa experiencia acumulada, ha llevado a la Codemuh a presentar múltiples denuncias dentro de Honduras y especialmente ante la comunidad internacional.

Frente a la inacción del Estado, las acciones en el exterior se han convertido en uno de los pocos recursos con el que las obreras de las maquilas pueden contar para visibilizar sus problemas.

Uno de estos casos, presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2015, atraviesa ahora un momento clave.

En la denuncia presentada por Codemuh se aborda la situación de 49 trabajadoras que sufrieron daños por su trabajo en la maquila y después fueron despedidas o no fueron reubicadas en puestos que podían desempeñar. Son solo una parte de los cerca de 780 casos similares que ha documentado la organización.

Codemuh argumenta que el Estado incumplió con sus funciones básicas, la CIDH ha aceptado las alegaciones y ha incentivado al Estado a aceptar un proceso de conciliación.

En la actualidad, un equipo legal trabaja en los términos en que se realizarán las negociaciones, las propuestas que serán presentadas al Estado. Entre ellas, según mencionaron juristas de este equipo, está la posibilidad de que el Gobierno promueva la aprobación de nuevas leyes de salud laboral y la reforma de otras. El objetivo de estas sería mejorar la prevención del problema y evitar los despidos de las empleadas dañadas.

También promoverán medidas concretas para beneficiar al grupo de empleadas que motivaron la denuncia. Buscarán que las trabajadoras que han sido despedidas sean recontratadas o que se les otorguen pensiones de incapacidad dignas y proporcionales a los daños causados.

El equipo legal sabe que el proceso no será corto o sencillo, pero que en esta conciliación reside una de las pocas posibilidades para que las obreras y obreros de la maquila cuenten, al fin, con una protección mínima de su salud. Para Regalado, la representante de Codemuh, ha llegado la hora de que el Estado enfrente su responsabilidad en este problema. “Es el Estado quien tiene que obligar a los empresarios a que asuman la responsabilidad del daño que están provocando en las trabajadoras”.

Esta investigación realizada por el equipo de investigación de En Alta Voz, logró develar el velo de apatía que cubre a instituciones como el IHSS y la STSS para reforzar el cuidado de la población trabajadora afectada por problemas en su aparato músculo esquelético.

Se espera incidir para que se tomen acciones correctivas, para en el futuro, evitar que se den nuevos casos que impacten en la capacidad de las trabajadoras y los trabajadores de las maquilas.

La ergonomía deberá integrarse a la operación textilera con mayor impulso, ese es el desafío de la STSS y de los inversionistas, pero también desde el Gobierno deberá asumirse la responsabilidad sobre los beneficios que esto representa para preservar la salud laboral de 173 mil operarios que mueven la actividad maquiladora en el país.

Por otra parte, la carga económica para el Estado de Honduras, al recibir en los hospitales públicos a la población con daños a la salud por el trabajo será difícil de atender, porque no cuentan con los especialistas, ni los equipos médicos. Tampoco cuentan con los medicamentos para las dolencias e incapacidades que provocan los daños irreversibles y progresivos que impactan en un envejecimiento prematuro de las mujeres, imposibilitando que puedan dedicarse a trabajar en otros rubros.

Comercio justo y responsable

Para finalizar, queremos reflexionar sobre el compromiso de las personas consumidoras de las prendas de vestir que se fabrican en las maquiladoras.

Una T-Shirt (camiseta) se fabrica en un minuto y 48 docenas en una hora, mientras tanto, los músculos y huesos reciben el impacto silencioso e irreversible para toda la vida, que las empresas no quieren ver.

Una sudadera de marca que puede costar hasta $160 dólares, fabricada bajo un ambiente de explotación laboral, donde las mujeres reciben un salario mínimo diferenciado, inferior al resto de la población, como pretexto de incentivar la inversión privada, violentando los derechos humanos de las trabajadoras y trabajadores, convirtiendo la promovida “Industria sin Chimeneas” en una esclavitud moderna o deshumanización del trabajo.

Este es un Especial de https://enaltavoz.com

Puedes leer el especial en el sitio de EnAltaVoz:  https://enaltavoz.com/reportaje-maquilas/#