La MACCIH y la versión de los impunes

 

Por: Rosamaria Ghidinelli

 

Los impunes y sus amigos reclaman que el cierre de la MACCIH no “puede ser analizado con sesgo político”, agregamos nosotras que su cancelación nunca correspondió a un reclamo popular sino a una conveniencia estratégica de los que con terror se veían imputados, aunque nunca hubiesen ido a la cárcel o devolvieran los dineros públicos robados.

La mayor parte de los sectores económicos y sociales, el pueblo en general, el que logró que llegara la MACCIH, estaba en contra de su cancelación, queda fuera de este grupo, como es obvio, los diputados y o señalados, del poder legislativo, ejecutivo y sus amiguetes y parientes involucrados, así como algunos abogados – no todos- defensores de los incriminados y muchos miembros de la administración pública y empleados de confianza de los poderes del Estado.

Se les olvidó a los que atacan la MACCIH que esta llegó por reclamo popular, y los que firmaron su llegada lo hicieron porque antes se aseguraron de que no tuviese ni uñas ni dientes, es decir un ente para “taparle el ojo al macho” y hacer que la presión popular bajara.

Fue en su rodaje, poco a poco, que Jiménez Mayor logró, con la firma del acuerdo de creación de la UFECIC que la MACCIH tuviese “uñitas” medio afiladas. Así dio algunos rasguños, lo suficientes para que los poderes del Estado le tuviesen miedo al “gatito” y hoy día cínicamente alegan y declaran que “el país puede combatir la corrupción sin interferencia alguna” y como rimbombantes ejemplos nos hablan del acuerdo con Transparencia Internacional, olvidando que el combate a la corrupción no se hace con firmas cosméticas y cerrando los ojos cuando  la misma Transparencia Internacional nos desnuda año con año y nos demuestra que esa firma no sirve para nada, que las declaraciones son solo papel mojado si no van acompañada de actuaciones reales a favor del combate a la corrupción.

Los defensores de la impunidad hasta llegan a decir sin vergüenza alguna que lograron el cierre de la MACCIH porque “su actuación provocaba malestar en los poderes del Estado”; malestar es como estos eufemísticamente llaman a las investigaciones llevadas a cabo contra diputados imputados y o señalados, familiares y amigos imputados de los poderes del Estado y empresa privada.

La moneda de pago se verá cuando se elija el nuevo secretario de la OEA, mientras tanto todos seguimos fingiendo que existe división entre los poderes del Estado y que somos un Estado de derecho.

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